El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció formalmente su decisión de renunciar a la prescripción en el proceso penal que enfrenta por manipulación de testigos. La comunicación fue dirigida a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que actualmente estudia la apelación a la condena de 12 años emitida por una juez.
Contexto: Expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción de su caso: “No quiero beneficiarme”
En una carta enviada a los magistrados, Uribe manifestó que no desea que su caso se cierre por vencimiento de términos, como está estipulado por la norma el próximo 16 de octubre, sino que se resuelva con un fallo de fondo.
“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, indicó el exmandatario.
La decisión sorprendió porque, en teoría, beneficiaría a Uribe, pues si los magistrados no alcanzaban a dar su fallo en los próximos 50 días, el caso contra el expresidente se caería. Es posible que el expresidente no solo esté convencido de su inocencia, sino que quiera evitar que su caso se siga moviendo en un ambiente electoral y esperar a que después de las elecciones los magistrados puedan actuar sin presiones de ninguno de los lados.
Uribe insistió en la carta que no busca alargar el proceso ni ampararse en recursos legales que lo liberen de una eventual condena sin un pronunciamiento. Recalcó que su interés es que los magistrados cuenten con plena libertad para decidir con base en las pruebas y en lo que dicta la ley, sin atajos procesales ni interpretaciones que desvíen el curso del juicio.
“Pido entonces, Honorables Magistrados, acepten, en los términos del artículo 85 del Código Penal, la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mi caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”.
La condena de primera instancia contra Uribe fue proferida el 1 de agosto por la jueza 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. El exjefe de Estado fue hallado responsable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. La sentencia estableció una pena de 12 años de prisión domiciliaria, el pago de una multa de 2.420 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 100 meses.
Se trató de la primera vez que un expresidente colombiano fue condenado en un proceso penal. La juez había ordenado su detención, pero el Tribunal en un fallo de tutela dictaminó que el expresidente podía esperar el fallo de la apelación en libertad, toda vez que una condena de primera instancia no se considera en firme.
¿Qué significa renunciar a la prescripción?
La figura de la prescripción en el derecho penal colombiano establece que el Estado cuenta con un tiempo determinado para investigar y sancionar a una persona por la comisión de un delito. Transcurrido ese plazo, la acción penal se extingue y el proceso debe cerrarse.
En el caso de Uribe, la prescripción operaría el 16 de octubre de 2025. Sin embargo, con la renuncia presentada, la justicia contaría con un margen adicional que, según cálculos de expertos, se extendería hasta octubre de 2027.
El abogado constitucionalista Germán Calderón explicó que la prescripción es un derecho del procesado, pero también una limitación para la justicia. Al renunciar a ella, el procesado elimina la posibilidad de que el expediente termine archivado por vencimiento de términos y permite que los jueces avancen hasta dictar una sentencia definitiva.
La decisión de Uribe se produjo en un contexto de amplia expectativa por la definición del caso, que ha atravesado más de una década de actuaciones judiciales.
El proceso inició con denuncias de supuesta manipulación de testigos en 2012 y, desde entonces, ha tenido múltiples desarrollos, entre ellos solicitudes de archivo, reaperturas y debates en instancias judiciales y políticas. “La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá puede tener inclusive dos años más después de ese 16 de octubre para que lo investigue y profiera una sentencia a segunda instancia. Es una renuncia que es un derecho sustantivo y material que tienen todos los ciudadanos que están involucrados en un proceso penal”, detalló el abogado.
La condena en primera instancia fue resultado de un juicio en el que se escucharon a decenas de testigos, analizaron grabaciones y documentos, y se revisaron las actuaciones de varias personas que, según la Fiscalía y la parte civil, habrían participado en un plan para cambiar testimonios que vinculaban a Uribe con grupos paramilitares.
La jueza Heredia concluyó que existían pruebas suficientes para responsabilizarlo de haber promovido, a través de terceros, acercamientos a testigos con el fin de incidir en sus declaraciones.
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El caso cuenta con la participación del senador Iván Cepeda, quien precisamente lanzó su candidatura presidencial este fin de semana, como víctima reconocida en el proceso.
Tras conocer la renuncia a la prescripción, el congresista señaló que, aunque se trata de un hecho formal, lo más relevante es que el Tribunal tiene ya fechas claras para resolver el recurso. “Me parece un poco más de imagen que de otra cosa. Pero siempre hay que dar bienvenida a cualquier decisión que implique respetar la justicia, sus tiempos y también acatarla”, declaró.
El exmandatario, libre y sin la eventual presión de que se acerque un fallo en su contra, puede realizar las actividades de proselitismo de cara al impulso de las cinco precandidaturas del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del próximo año.
¿Quiénes son los magistrados que resolverán en segunda instancia?
Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Pinto son los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que tendrán la misión de revisar el fallo y emitir un nueva sentencia de segunda instancia.
Fueron seleccionados por las reglas del reparto y ya conocen el caso. Así mismo, fueron quienes dieron trámite cuando se recusó a la juez Sandra Heredia o cuando alguna de las partes presentó una tutela para proteger alguna garantía procesal.Tienen hasta mediados de octubre para emitir un nuevo fallo.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá deberá ahora revisar todos los argumentos de las partes antes de adoptar una decisión definitiva. La determinación del Tribunal marcará el desenlace de un proceso que ha tenido amplia repercusión en el escenario político y judicial del país.
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