La influencer había sido condenada a diez años de prisión, sin embargo, desde que comenzó su caso se presentaron fallas judiciales: ella ni siquiera fue notificada de que había un proceso en su contra. Ahora deberá ser liberada en un plazo máximo de 48 horas.
En 2018, las autoridades arrestaron a Andrea Burgos, activista trans, afro y LGBTIQ+ en Buenaventura. Según la Policía, la joven cargaba un arma de fuego. Sin embargo, nunca aportaron pruebas de aquella acusación. Burgos fue liberada, pero un proceso judicial en su contra siguió avanzando sin su conocimiento.
Es así como su defensa señaló que la captura no fue el único proceso irregular. El equipo jurídico de Burgos, liderada por Alí Bantú Ashanti, abogado penalista y activista, señaló ante la Justicia que el Juzgado 004 Penal del Circuito de la ciudad de Buenaventura no les informó de manera oportuna y adecuada sobre las audiencias preparatorias de los juicios escritos y orales.
Adicionalmente, tanto la defensa como la Corte Constitucional aseguraron que el defensor público asignado al proceso judicial tuvo una actuación profesional deficiente. Incluso, señalaron que a pesar de señalar aquellos vacíos en fases finales del proceso, nunca se hizo el esfuerzo para que Andrea Burgos pudiera asistir a las audiencias y defenderse.
Así, el proceso en contra de La Burgos habría avanzado sin su conocimiento, terminando en una condena de diez años de prisión en su contra, que solo conoció cuando fue capturada el 17 de enero de 2025 para cumplir la pena.
Desde ese mismo momento, la defensa de la influencer presentó una acción de tutela señalando las irregularidades. Hoy, 7 de abril de 2026, la Corte Constitucional les dio la razón, y Burgos deberá ser liberada en un plazo máximo de 48 horas.
“El caso evidencia graves fallas en el sistema judicial, con sesgos de género y prejuicios raciales, que vulneraron los derechos fundamentales de una mujer trans afrodescendiente”, aseguró en un comunicado el abogado Bantú y el colectivo Justicia Racial (fundado por Bantú), especialista en la defensa de los Derechos Humanos de las comunidades afrodescendientes en Colombia y América Latina.
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El colectivo especialmente en víctimas de violencia policial y militar. Con aquella experiencia, señalaron los errores jurídicos del caso, calificándolo como un caso de “falso positivo judicial”.
“Este caso evidencia fallas estructurales del sistema judicial, especialmente cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad, donde el prejuicio y la negligencia terminan reemplazando las garantías”, señaló Alí Bantú Ashanti, director del Colectivo Justicia Racial.
En el comunicado, el líder de Justicia Racial expresó: “El Colectivo continuará acompañando el caso hasta lograr el restablecimiento pleno de los derechos de Andrea Burgos”.
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