Siempre ha sido costumbre que el cuarto año de sesiones en el Congreso de la República sea el que menos agite legislativo tiene, esto porque los senadores y representantes se dedican de lleno a hacer la campaña que les permitirá volver a una curul, pero también para acompañar a los candidatos presidenciales.
Y esto es precisamente lo que se podría presentar desde este jueves 20 de julio, cuando el presidente Juan Manuel Santos instale el cuarto y último año de sesiones del Congreso 2014-2018, el cual dedicó parte de su trabajo en dos legislaturas a la implementación de las normas y reformas que permitan dar cumplimiento a los acuerdos de paz.
Pero en esta ocasión el Gobierno quiere que la tradición legislativa se rompa. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien está prácticamente nuevo en el cargo y deberá hacer frente a esa tarea, así lo explica. “No es tradicional que en este último periodo el Congreso apruebe muchas leyes. Hay dos momentos en la reciente historia: en el gobierno del expresidente César Gaviria, cuando se desarrollaron las normas de la nueva Constitución Política, y el del presidente Juan Manuel Santos, en el que esperamos sea así”.
Y es que tiene por qué ser optimista y hasta ambicioso el Gobierno. En la discusión que se debe dar en las comisiones y plenarias desde la otra semana, se deben tramitar reformas constitucionales, leyes estatutarias y leyes ordinarias para cerrar el compromiso pactado para lograr la desmovilización de las Farc.
Como el escenario es complejo, el ministro Rivera se reunió este miércoles con los dos nuevos presidentes del Senado y la Cámara (que serán elegidos este jueves en la tarde), Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, al igual que con los voceros de los partidos que han acompañado al Gobierno en el proceso de paz, lo cual incluso dio paso a que se formara la unidad legislativa por la paz.
“Los voceros de los partidos fueron explícitos en decir que van a seguir apoyando la agenda legislativa en favor de la paz. Los voceros del Partido de la U, Cambio Radical, Conservador, Liberal, Alianza Verde, Opción Ciudadana, Polo Democrático y los indígenas, expresaron hoy que continuarán apoyando la implementación normativa del acuerdo de paz”, indicó Rivera tras el encuentro con los legisladores.
Incluso, el optimismo del ministro le lleva a pensar que el tema de conseguir los votos requeridos no será un problema. “De tal manera que contamos con las mayorías para seguir con la aprobación de la agenda legislativa por la paz”.
Hablan los congresistas
Desde el Congreso, en las distintas bancadas tienen claro que el compromiso de seguir apoyando la paz se mantiene, aunque expresan la preocupación porque la campaña electoral se cruzará en algún momento con la discusión de los proyectos y esto podría sin duda ajustar los tiempos.
El saliente presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, quien tuvo que liderar la discusión histórica de la primera parte del fast track, considera que en esa célula legislativa no se tiene nada por discutir de temas de paz, lo que ayudará en parte a aligerar la nueva discusión.
“Faltan algunas iniciativas por terminar su trámite como leyes o reformas constitucionales. La reforma política que está en la Cámara desafortunadamente no ha transcurrido con la velocidad que amerita, la verdad yo veo cada vez más difícil que se convierta en una reforma constitucional porque se perdieron tres meses muy importantes antes de este receso de mitad de año. Ya después de agosto y a pocos meses de las elecciones y con un calendario electoral, ya veo complicada esa reforma”, dice el senador de Cambio Radical.
Motoa, como lo dijo el ministro Rivera, ve como fijo el apoyo de los partidos que han acompañado el proceso de paz a los otros proyectos, pero advierte que siguen temas preocupantes como la reforma constitucional de las 16 circunscripciones de paz.
Desde Opción Ciudadana, el senador Antonio José Correa, quien sería el nuevo segundo vicepresidente de la corporación, estima que “debemos trabajar en esos proyectos van hacia la implementación de los acuerdos de paz, pero también habrá otros proyectos de índole social que deberán tener igualmente su discusión importante en el Congreso”.
Según Correa, “le podemos dar la tranquilidad al país y a todos los partidos que las mesas directivas les daremos todas las garantías para que exista una gran discusión de los proyectos”.
El senador conservador Juan Diego Gómez coincide con sus dos compañeros en que habrá un trabajo arduo y sostiene que en “este primer semestre de la legislatura van a pasar las leyes obligadas, como son el presupuesto, el paquete de normas para la paz, como la ley estatutaria de la JEP”. Considera que serán tramitadas de forma positiva la reforma de las circunscripciones de paz, dos leyes asuntos de innovación de tierras.
“Es importante que el gobierno garantice los proyectos tanto en la Cámara como el Senado para sacar ese paquete de la paz”, asegura Gómez, quien además considera que frente a la ley de tierras que prepara el gobierno la misma se debe socializar con todos los partidos y una vez pase eso se lleve el articulado a su discusión.
La agenda
El principal proyecto y que tiene el tiempo relativamente contado es la ley estatutaria de la JEP. Esta norma había sido presentada en mayo, pero fue retirada en junio por el Gobierno. Por el momento no se tiene listo el nuevo articulado que sigue siendo discutido con varios sectores interesados.
Frente a la misma norma, el ministro Guillermo Rivera asegura que deberá estar aprobada antes del 25 de septiembre, momento en que se espera ya se tengan elegidos los magistrados de la ley, y eso obliga a que la reglamentación de la misma ya esté lista.
La reforma electoral o también llamada reforma política está prácticamente en ceros. El viernes, tras la instalación de las sesiones, el ministro del Interior se reunirá con los ponentes de la enmienda constitucional en la Cámara, esto con el fin de poder definir una ponencia que abra la discusión en el primero de sus cuatro debates.
Rivera ya advirtió que el Gobierno no va a acompañar a los partidos para que en ese cambio constitucional se incluyan propuestas como el transfuguismo, el cambio de congresistas de partido sin sanción, como tampoco avalar que haya la coalición entre todos los partidos sin importar su tamaño. Esa norma está vigente pero tan sólo para los partidos pequeños.
Dos reformas constitucionales más, que también van por la vía de fast track, son la reforma a las regalías y las 16 circunscripciones. La primera con la cual se busca destinar un billón de pesos para la construcción de vías le falta tan sólo su votación en la plenaria del Senado.
No tiene la misma suerte la reforma de regiones electorales especiales, esta apenas va en su segundo debate en el Senado, allí la plenaria deberá discutir la otra semana el articulado, del cual se prevé tendrá al menos 10 cambios.
La Cámara de Representantes está pendiente de tramitar la reforma constitucional que reitera que el monopolio de las armas está bajo el Estado, esto con el fin de cerrar paso a que grupos ilegales como los paramilitares vuelvan a las armas.
Las plenarias de ambas corporaciones deberán analizar en los primeros días de agosto las leyes de innovación agropecuaria y también en tierras, que son diferentes a la reforma de tierras que es el gran proyecto del que se habla en los acuerdos de paz.
Una ley más de paz que saldría en agosto es la que le otorga mayor presupuesto a la Unidad Nacional de Protección, esto con el fin de incorporar a su nómina a más personas para proteger a los líderes de las Farc que requieran de vigilancia especial. Esos agentes en su mayoría serán reinsertados de la propia organización que serán capacitados.
En el paquete de nuevas leyes que espera el Gobierno llevar al Congreso antes de un mes están la que crea unas reservas forestales especiales, la ley de garantías de participación ciudadana, el catastro multipropósito y el régimen penal diferenciado. La ley de tierra igualmente se llevará pero será concertada previamente con los partidos.
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