Un audio divulgado este martes por la precandidata presidencial Vicky Dávila revela graves señalamientos contra el entorno del presidente Gustavo Petro, pocas horas después de la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada.
“Mi esposa me está diciendo que el señor presidente le ordena al señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que por qué no me ha extraditado, porque yo estoy comprando funcionarios públicos, lo cual es totalmente falso. Yo estoy acá tranquilo, esperando que tomen esa decisión”, se le escucha decir a Marín en el audio revelado por Dávila.
En la grabación, atribuida a ‘Pipe Tuluá’ y registrada antes de ser enviado a territorio estadounidense, el extraditado asegura que fue acusado de “comprar funcionarios públicos” y responde con una acusación directa contra Juan Fernando Petro, el hermano del presidente.
“Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debería evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”, se escucha decir en el audio.
El hombre señala que le entregaron al hermano del mandatario recursos económicos para la campaña presidencial de 2022, así como dinero en efectivo para gastos cotidianos.
Según su versión, existirían “videos, audios y consignaciones” que respaldarían esas afirmaciones y que —asegura— serán entregadas a la justicia de Estados Unidos. “Tenemos pruebas donde se le pasó plata no solamente para su campaña, sino para cosas del día a día. Esas pruebas las vamos a pasar en los Estados Unidos”, afirma ‘Pipe Tuluá’ en el audio revelado por Dávila.
Desde la capital estadounidense, el presidente Gustavo Petro respondió a a Caracol Radio los señalamientos de alias Pipe Tuluá, en el que se habla de una supuesta financiación irregular de su campaña presidencial.
“Mire hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto descuartizado, a mí esos chantajes, se lo dije a la CIA, no van conmigo”, afirmó el jefe de Estado.
El mandatario rechazó cualquier vínculo con dineros del narcotráfico y enmarcó las acusaciones como parte de un intento de chantaje. Petro sostuvo que durante su trayectoria política ha enfrentado ofrecimientos de estructuras criminales que buscaban influir en su proyecto político, pero aseguró que siempre los ha rechazado.
“Pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé que lo intentaron”, afirmó, al tiempo que insistió en que aceptar ese tipo de recursos habría significado perder su libertad o incluso la vida.
El jefe de Estado fue enfático en señalar que su elección no estuvo condicionada por organizaciones criminales. “No me hago elegir por asesinos. Por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre”, dijo, al subrayar que no cede ante presiones ni amenazas provenientes del narcotráfico, incluso cuando estas se formulan desde procesos judiciales en su contra o contra personas de su entorno familiar.
Sobre los señalamientos que involucran a su hermano, Juan Fernando Petro, el presidente aseguró que no intervendrá para obstruir investigaciones. “Si cometió algún error, que lo pague”, expresó, marcando distancia personal y política frente a cualquier conducta irregular que pueda ser establecida por las autoridades competentes.
Petro defendió la extradición de alias Pipe Tuluá como una muestra de coherencia con su discurso. Aseguró que la decisión de enviarlo a Estados Unidos demuestra que no existe protección alguna desde su gobierno hacia estructuras criminales.
Otro aparte del audio de ‘Pipe Tuluá
En otro fragmento insiste en que dichas evidencias también comprometerían aportes irregulares relacionados con entidades como la DIAN.
La divulgación del audio vuelve a poner en el centro del debate público el denominado Pacto de La Picota, y plantea nuevos interrogantes sobre el alcance real de las visitas a cárceles durante la campaña presidencial, así como sobre una eventual financiación ilegal de la candidatura de Gustavo Petro.
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‘Pipe Tuluá’ sostiene, además, que su extradición se produjo luego de que —según él— el propio presidente le ordenara al entonces ministro de Justicia, Andrés Idárraga, acelerar el trámite tras resolver un recurso de reposición. La extradición se concretó el mismo día del encuentro entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hasta el momento, Andrés Idárraga, exministro de Justicia, y Juan Fernando Petro, hermano del presidente, no se han pronunciado sobre lo afirmado por ‘Pipe Tuluá’ en el audio difundido por la candidata Vicky Dávila.
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Los enredos del ingreso de ‘Pipe Tuluá a la “Paz Total”
Antes de que se firmara su extradición a Estados Unidos, el caso de Andrés Felipe Marín Silva estuvo atravesado por una de las polémicas más sensibles de la “Paz Total”: su intento de ingresar —de manera directa o indirecta— a ese proceso, pese a tratarse de un jefe de una estructura criminal urbana sin estatus político y con un proceso de extradición en curso por narcotráfico.
Desde finales de 2023 y durante buena parte de 2024, ‘Pipe Tuluá’ empezó a mover una tesis clara desde prisión: presentarse como un actor capaz de “bajar la violencia” en Tuluá si el Estado le abría un canal dentro de la Paz Total.
La propuesta incluía beneficios carcelarios, freno a su extradición y un eventual reconocimiento como interlocutor para la desmovilización de la banda La Inmaculada. Esa pretensión encendió alarmas tempranas en sectores judiciales y diplomáticos, que veían en el caso un intento de convertir la política de paz en un escudo contra la extradición.
En ese escenario apareció el nombre de la senadora Isabel Zuleta, una de las voces más visibles del oficialismo en la defensa de la “Paz Total”.
Zuleta quedó asociada al caso por una serie de gestiones y actuaciones que, según denuncias internas del Inpec y versiones judiciales posteriores, terminaron beneficiando de manera directa a ‘Pipe Tuluá’ mientras se discutía su posible “encaje” en el proceso de paz.
Una de las primeras controversias tuvo que ver con las inspecciones a su celda en la cárcel La Picota. Funcionarios penitenciarios advirtieron presiones políticas para frenar o suavizar requisas y controles, bajo el argumento de proteger derechos fundamentales.
En la práctica, esas intervenciones contribuyeron a mantener intacta una celda que ya era señalada como privilegiada y desde la cual ‘Pipe Tuluá’ habría mantenido capacidad de comunicación con su estructura criminal en Tuluá. A la par, se produjo otra polémica aún más delicada: los intentos de impedir su traslado a un pabellón de extraditables o a un centro de reclusión con mayores niveles de control.
’Pipe Tuluá’ y sus movidas de paz
Cada vez que el Inpec o el Ministerio de Justicia evaluaban moverlo por razones de seguridad, aparecían recursos judiciales —principalmente tutelas— y gestiones políticas que terminaban dilatando o frenando esos traslados.
En el trasfondo, según fuentes del propio Estado, estaba el temor de que un traslado más estricto debilitara su aspiración de entrar en la órbita de la “Paz Total”. En esos meses también se consolidó la idea, nunca formalizada pero sí insinuada, de que ‘Pipe Tuluá’ podría convertirse en una especie de “caso piloto” para la negociación o sometimiento de bandas criminales urbanas.
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Aunque no existió un acto administrativo que lo incorporara oficialmente a la Paz Total, sí hubo mensajes ambiguos, contactos exploratorios con su organización y defensas públicas que insistían en que no se le podía cerrar la puerta al diálogo. Esa ambigüedad fue leída por la Fiscalía, la Corte Suprema y por autoridades de Estados Unidos como una señal preocupante.
La reacción institucional no tardó. En altos niveles del Estado comenzó a circular la advertencia de que la extradición estaba en riesgo real y de que, si se permitía que un capo con solicitud vigente se escudara en la “Paz Total”, el proceso entero podía quedar capturado por el crimen organizado.
Para Washington, el caso empezó a verse como un intento deliberado de dilatar o sabotear un envío ya avalado por la justicia colombiana. El desenlace llegó cuando el presidente Gustavo Petro decidió cortar por lo sano. Aunque su gobierno había autorizado acercamientos exploratorios con la estructura La Inmaculada, dejó claro que ‘Pipe Tuluá’ no sería reconocido como negociador ni beneficiario directo de la “Paz Total”.
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Tras el aval de la Corte Suprema y la caída de las tutelas, Petro firmó finalmente la extradición, marcando distancia de las maniobras que habían rodeado el caso.
’Pipe Tuluá’: así fue el operativo de extradición
El operativo de extradición de alias Pipe Tuluá inició este martes 3 de febrero de 2026 a la 1:30 a. m. desde la estación de policía de Los Mártires en Bogotá.
Participaron más de 70 uniformados, drones y helicópteros para trasladarlo a la base aérea de CATAM, donde fue entregado a agentes de la DEA.
Andrés Felipe Marín era requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por cargos de narcotráfico, incluyendo concierto para distribuir cocaína y fabricación de sustancias ilícitas.
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Como máximo cabecilla de la banda criminal “La Inmaculada”, ya tiene una condena de 30 años en el país por más de 40 homicidios y otros delitos graves. Su envío a Estados Unidos se realizó pocas horas antes de una reunión estratégica en Washington entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump para tratar temas de política antidrogas.
Estados Unidos señala a ‘Pipe Tuluá’ de envíos de coca
Según documentos de las autoridades de Estados Unidos, alias Pipe Tuluá encabezaba una organización criminal con una estructura logística altamente sofisticada dedicada al tráfico internacional de cocaína. Lo señalan, al menos, desde 2024 como responsable del envío de cargamentos de droga a ese país con la banda La Inmaculada.
La red, con base en el suroccidente colombiano, se encarga de procesar, almacenar y despachar toneladas de droga hacia el exterior, apoyándose en rutas de tránsito clave como Panamá y México antes de su ingreso al mercado estadounidense.
De acuerdo con declaraciones de agentes federales, la organización utilizaría múltiples medios de transporte para mover los cargamentos: lanchas rápidas, buques de carga, barcos pesqueros, semisumergibles, aeronaves y transporte terrestre, incluidos semirremolques y vehículos particulares.
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La cocaína, recogen las autoridades norteamericanas, era producida en laboratorios clandestinos en Colombia y luego enviada en grandes cantidades a distintos puntos de la cadena, diseñada para evadir controles y maximizar el volumen de exportación.
En ese engranaje, alias Pipe Tuluá aparece como líder y director ejecutivo de la estructura. Las autoridades sostienen que coordinaba directamente con carteles mexicanos la distribución de cocaína en ciudades como Denver y Dallas, delegando funciones logísticas a subordinados y articulando redes criminales en Centroamérica.
Parte de las ganancias, según los registros, regresaba a través de complejos esquemas de lavado de activos y contrabando de dinero, lo que reforzaba el carácter transnacional de la organización.
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