Una advertencia acerca de que la nueva ley que rebaja el costo de las fotomultas podría llevar a que se disminuya la calidad de la seguridad vial en el país, hicieron las diversas autoridades de tránsito, por lo que rechazaron que bajen un 10% como se aprobó en la ley que aún está pendiente de ser sancionada por la Presidencia de la República.
Ese planteamiento lo expresaron diversas secretarías de tránsito al Comité de Autoridades de Tránsito del país, el Simit y al Ministerio de Transporte, en donde además señalaron que habrá abusos por parte de las administraciones, e inequidad en los montos que serían designados a otros entes de control del tránsito.
Por el contrario defendieron que este mecanismo tecnológico para determinar las multas, esto porque sí ha tenido resultados eficientes y porque además que ayudan a salvaguardar la vida de los colombianos.
En tal sentido se pronunció la Secretaria de Tránsito de Puerto Boyacá- Boyacá, y segunda Vicepresidenta Nacional de Autoridades de Tránsito, Diana Molina Zambrano, quien manifestó que “gracias a las fotomultas, los conductores son ahora más conscientes sobre la conducción a alta velocidad y han ayudado a disminuir los accidentes en zonas de colegios, en las entradas de los municipios; por eso, no hay necesidad de disminuir tanto el porcentaje de inversión ya que no hay rentabilidad, y los municipios realmente carecen de ese dinero para la implementación de dicha tecnología. Con este proyecto, se haría daño a los actores de las vías nacionales y de paso, se perderían muchas vidas”.
Por su parte, el Director Departamental de Tránsito del Chocó, Wilson Davey Palacios, aseguró: “Dentro del proyecto se viabilizaron una cantidad de reformas, a nosotros nos parece que la fotodetección sigue siendo importante, evita los accidentes de tránsito y los controla, pero también tenemos que ser conscientes que es necesario darle las garantías a todos los usuarios y conductores quienes han sido víctimas de este sistema”.
En la reunión también se socializó el Acto Administrativo que regulará el cambio de vehículos de servicio público de transporte terrestre especial a particular y presentaron aportes al Ministerio de Transporte, suministrando información más amplia con respecto a los trámites internos que se generan dentro de los organismos de tránsito, esperando que en el momento en que el Ministerio publique el acto administrativo correspondiente, éstos puedan iniciar sus actuaciones operativas y así, contribuir con los usuarios en cambiar la modalidad sin causar ningún traumatismo.
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