Once personas señaladas de integrar un grupo radical conocido como ‘PPP’ fueron capturadas en Bogotá por su presunta responsabilidad en una serie de actos violentos ocurridos en distintos puntos de la ciudad. Según las autoridades, los detenidos se hacían pasar por estudiantes universitarios para infiltrar planteles públicos y coordinar ataques contra la fuerza pública y el sistema de transporte.
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La captura se produjo tras más de un año de investigación liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, que incluyó el análisis de más de 4.000 horas de videos, interceptaciones telefónicas, entrevistas a testigos y víctimas, seguimiento en redes sociales y el trabajo de un agente encubierto. Las diligencias se realizaron mediante orden judicial en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.
¿Quiénes eran los ‘PPP’?
De acuerdo con la investigación, la organización se autodenominaba ‘PPP’, Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo, y estaría vinculada a al menos 28 hechos vandálicos registrados entre 2024 y 2025. Su modalidad consistía en ingresar a universidades públicas con carnés falsificados, reunirse en puntos estratégicos y luego cambiarse de ropa para usar overoles, capuchas y máscaras con el fin de evitar su identificación.
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Posteriormente, los integrantes fabricaban de manera artesanal artefactos explosivos como papas bomba y bombas molotov, que eran utilizados contra estaciones de TransMilenio, buses del SITP, vehículos oficiales y miembros de la fuerza pública. Las autoridades confirmaron que no se trataba de estudiantes universitarios, sino de personas que buscaban generar caos y alteraciones del orden público.
Entre los capturados se encuentra el presunto cabecilla del grupo, alias ‘Salvatore’, señalado de coordinar los ataques y definir qué integrantes portarían los artefactos explosivos. También fueron detenidos varios coordinadores y dinamizadores, algunos de ellos encargados de adquirir explosivos fuera de Bogotá y enviarlos a la capital para evadir controles.
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El secretario de Seguridad, César Restrepo, indicó que parte de la financiación de estas actividades provendría de Medellín, lo que refuerza la hipótesis de una estructura con conexiones fuera de la capital. Por su parte, fuentes judiciales señalaron que el grupo tendría afinidades ideológicas con el pensamiento camilista asociado al ELN, sin que exista evidencia de una subordinación orgánica directa a esa guerrilla.
A los once capturados les fueron imputados delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte y fabricación de explosivos, perturbación del servicio de transporte público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades advirtieron que este tipo de células buscan generar impacto político y social a través del terrorismo urbano, y reiteraron que las investigaciones continúan para establecer posibles redes de apoyo y financiación en otras regiones del país.
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