Lo que hasta hace poco era una diferencia técnica sobre tasas de interés ha venido escalando a un pulso que toca al mundo político. El enfrentamiento entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República ya no se lee solo en clave económica, sino como una señal de tensión con las reglas del juego.
Así lo advirtió el expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994), quien puso sobre la mesa una preocupación mayor.
“El ministro de Hacienda incurre en un acto que es ilegal, además de inconveniente”, dijo el exmandatario, quien también extendió la responsabilidad al jefe de Estado.
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Además de oponerse al aumento de las tasas, el Gobierno está proponiendo cambios a la Constitución para que se ajusten los poderes que tiene esa instancia, una amenaza que ya estaba presente en el borrador de Asamblea Constituyente impulsada por el Ejecutivo y que el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, no ha salido a rechazar.
Se trata, nada más y nada menos, que de una amenaza a la independencia del Banco de la República.
“Hasta ahora lo que ha hecho (Petro) puede ser mal visto o ilegal, pero hacia donde se dirige es a pretender reemplazar las decisiones de la junta del banco por las de un grupo de amigos de él que va a reunir. Hay un abismo. En el momento en el que se salga de lo que ha dicho la Constitución, va a incurrir en un delito”, agregó Gaviria en entrevista con Blu Radio.
El episodio más reciente —la salida del ministro de Hacienda Germán Ávila de la sesión de la Junta Directiva en la que se aprobó un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés— es apenas la punta del iceberg.
Lo que realmente inquieta, según Gaviria, es la motivación del Gobierno faltando apenas cuatro meses para que termine su mandato.
Precisamente, la Constitución de 1991 es explícita al definir que la Junta del Banco de la República es la máxima autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país, y que el ministro de Hacienda no solo hace parte de ella, sino que la preside, pero debe respetar el criterio y posición de los otros miembros.
Detrás del choque actual hay un debate de fondo que Colombia creyó haber resuelto hace más de tres décadas. La independencia del Banco de la República fue una respuesta a los excesos del pasado, cuando la política monetaria podía ser usada para resolver urgencias fiscales o electorales, con costos en inflación y estabilidad.
El diseño de 1991 buscó justamente blindar esas decisiones: separar la política de la emisión, de las tasas y del manejo de la inflación. En términos simples, evitar que el gobierno de turno pudiera mover a su antojo la economía para resolver problemas de corto plazo.
“El presidente no puede reemplazar las decisiones del Banco con cartas o apoyos políticos. Eso no está por encima de la Constitución”, dijo también el expresidente liberal.
En cuestión de días, el debate salió de la Junta y a través de misivas se formaron dos bandos. De un lado, más de 300 economistas, exministros y académicos firmaron una carta defendiendo la independencia del Banco.
Del otro, sectores cercanos al Gobierno —incluidos ministros, sindicatos y organizaciones sociales— respondieron con otra carta en la que cuestionan al Emisor y lo señalan de actuar en favor de los “rentistas”.
Más allá del choque institucional, hay un efecto inmediato que preocupa a economistas y analistas: la señal que esto envía hacia los mercados. En momentos de incertidumbre económica, la credibilidad institucional es uno de los activos más importantes de un país. Y uno de los pilares de esa credibilidad es, precisamente, la independencia del banco central.
“El presidente está contribuyendo a que el país pierda credibilidad internacional”, dijo Gaviria.
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