Un gobierno inicia antes de que sea elegido. Las palabras, el discurso y hasta las acciones de la persona escogida como presidente dictaminan, desde antes, el rumbo de un mandato. En el caso del presidente Gustavo Petro han sido varios los reversazos, giros o maniobras frente a lo que dijo cuando fue congresista, luego candidato y, finalmente, al ser ungido como jefe de Estado. A veces, ni siquiera se pueden contar con los dedos de una sola mano.
Sin embargo, EL COLOMBIANO encontró cinco temas principales en los que el mandatario se ha tenido que morder la lengua y virar en su discurso. Desde los bombardeos a menores, que tanto criticó en 2019, hasta los casos de corrupción que en su momento rechazó con contundencia cuando era congresista. Se ha tenido que comer sus propias palabras y no es un asunto menor cuando un líder se elige con unas banderas y termina haciendo lo contrario.
Para Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, estos cambios en el discurso se explican porque, cuando “él era senador o candidato podía actuar de manera mucho más ideológica, aunque es un presidente muy ideológico; de todas formas, antes podía hablar simplemente desde sus teorías, desde su visión de lo que podía hacer el país, la sociedad, la acción del Estado”. En otras palabras, como dice aquella frase: “Se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa”.
Peor aún, lo de Petro parece que no es una ambigüedad, pues según el experto, pues no asume de manera abierta que ha cambiado, al contrario, “hace parecer que no”.
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“No responde haciendo mea culpa, sino que trata de justificar lo que ocurrió, de presentarlo como distinto a lo que ha ocurrido antes. Eso significa que tiene que dar un viraje en su posición. Aunque quiera hacer parecer que no, que mantiene la coherencia, realmente si hay un viraje”, concluye.
UNGRD: El mayor escándalo de corrupción
Hace apenas una semana, dos exministros de Petro fueron enviados a la cárcel por el desfalco a la UNGRD. Otro funcionario de la entraña de Palacio, además, es prófugo de la justicia y huyó a Nicaragua, donde lleva una vida de todo menos de criminal pues se la pasa en fiestas. Otra alta exfuncionaria ya fue condenada. Sus nombres son Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial.
Los cuatro, entre otros, hicieron parte del círculo cercano de Petro que, tras destaparse el entramado de corrupción más grande que ha enfrentado su gobierno hasta el momento, tuvieron que dar un paso al costado.
Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco “lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas” mediante sobornos, con el fin de coordinar coimas que permitieran la aprobación de las reformas sociales impulsadas por el autodenominado “Gobierno del Cambio” en el Congreso.
La Fiscalía imputó a los exministros por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El ente acusador solicitó casa por cárcel, pero el juzgado determinó que la reclusión en un centro penitenciario era la medida adecuada. Ambos se declararon inocentes.
Este caso, sin embargo, ya tenía antecedentes. La primera persona cercana a Petro privada de la libertad fue la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2024, señalada por actuar de intermediaria entre altos funcionarios del Gobierno y congresistas presuntamente beneficiados en este caso.
A esto se suma la situación de Carlos Ramón González, quien salió del país tras conocerse una orden de captura en su contra y se asiló en Nicaragua. Allí, incluso, fue visto en una parranda vallenata, mientras es buscado en 196 países mediante una circular roja de Interpol.
Sobre este panorama, el experto de la U. Sabana sostuvo que “la manera como asume los casos de corrupción y como se relaciona con otros poderes muestra que Gustavo Petro ha querido ser más un caudillo de un sector, un activista de sus causas, que un estadista y administrador responsable del Estado”.
Falsos positivos: al menos tres denuncias
Durante el debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, realizado el pasado 10 de diciembre en la plenaria de la Cámara, la representante Katherine Miranda puso sobre la mesa nuevos señalamientos en cuanto a casos de falsos positivos.
Según afirmó, durante el gobierno de Gustavo Petro se habrían presentado al menos dos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Pero realmente son tres.
Miranda advirtió sobre la existencia de un “posible patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales contra civiles” e insistió en que estos hechos “no pueden tratarse como simples irregularidades”.
El primer caso ocurrió en la vereda Paquita, de Ituango, Antioquia, donde un ciudadano habría sido detenido por tropas del Ejército y obligado a colaborar como informante. De acuerdo con testigos, la víctima pidió que no lo mataran y, aun así, fue reportada como baja en combate.
El segundo caso se registró en la vereda San Isidro, en Vista Hermosa, Meta, donde un líder campesino, reconocido por su trabajo comunitario y sin vínculos con grupos armados, apareció reportado como muerto en combate. Habitantes de la zona aseguran que no hubo enfrentamiento y que se trató de una ejecución arbitraria.
A estos hechos se suma el “caso Girardot”, que involucra la presunta ejecución extrajudicial de John Bayron Londoño Gutiérrez, capturado por tropas del Batallón de Infantería No. 10 “Cr. Atanasio Girardot” en la vereda Pascuita, de Ituango.
Uno de los congresistas que más denunció los falsos positivos en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue, precisamente, Gustavo Petro.
La carrera diplomática y los puestos a dedo
Petro también fue un crítico del manejo de la carrera diplomática en Colombia por gobiernos pasados. En varios debates denunció la politización del servicio exterior y cuestionó que puestos en embajadas y consulados se usaran como cuotas políticas. Incluso, en campaña, prometió que priorizaría la carrera diplomática.
Ya en la Presidencia, ha protagonizado varios ires y venires en la conducción de la política exterior, especialmente en la gestión de embajadas y consulados. Funcionarios de carrera han advertido sobre las consecuencias de decisiones como la eliminación de requisitos para nombrar embajadores y cónsules, sumadas a prácticas como designaciones selectivas y vínculos con intereses políticos.
Asimismo, se conoció que buscó eliminar el requisito del inglés para ser embajador o cónsul. Con el cambio, bastaría ser colombiano por nacimiento y tener 25 años, incluso sin título de bachiller.
Las ‘chuzadas’: la exniñera y el caso en la Corte
Cuando Gustavo Petro era senador, entre 2005 y 2007, y uno de los opositores más visibles a Uribe, se conocieron casos de interceptaciones a congresistas, magistrados y periodistas. En esos años, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) lo puso en la mira y, según se estableció en procesos judiciales posteriores, se le trató como un “enemigo interno”.
Hoy, de manera contradictoria, aquello que entonces rechazó y en lo que incluso estuvo involucrado vuelve a aparecer durante su mandato.
El primer gran escándalo de presuntas “chuzadas” en el gobierno Petro estalló a mediados de 2023, cuando una investigación periodística reveló que Marelbys Meza, exempleada doméstica de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete de la Presidencia, fue interceptada ilegalmente por la Policía. La intervención se produjo tras la denuncia del robo de un maletín con dinero en la casa de Sarabia.
Inicialmente, se intentó vincular las interceptaciones con supuestas colaboradoras del Clan del Golfo. Sin embargo, los números telefónicos correspondían a Meza, y a otra trabajadora doméstica, Fabiola Perea. Por este caso ya hay condenas. Tres policías y un general enfrentan penas de hasta 11 años de prisión por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.
Un año después, se conoció otro episodio. Magistrados de la Corte Constitucional denunciaron posibles interceptaciones a sus comunicaciones, lo que encendió las alarmas sobre un eventual seguimiento ilegal a altos funcionarios judiciales. La Fiscalía abrió una investigación preliminar. Hasta el momento no existe una sentencia que demuestre la existencia de un esquema de interceptaciones ilegales durante este gobierno, aunque las investigaciones continúan.
Frente a estos hechos, el presidente Petro negó haber ordenado o autorizado interceptaciones ilegales. “Desde el primer día de gobierno di la orden expresa a los organismos de inteligencia de no usarlos contra la oposición, la prensa ni las cortes. He sido claro en que la inteligencia del Estado debe dedicarse exclusivamente a la persecución del gran crimen (...). Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, escribió el 24 de junio de 2024 en su cuenta de X (antes Twitter).
Los bombardeos a campamentos con menores
Una de las banderas más visibles de Petro como opositor durante el Gobierno de Iván Duque fue su rechazo a los bombardeos a campamentos guerrilleros en los que se encontraban menores de edad. En noviembre de 2019, tras un bombardeo de la Fuerza Aérea a un campamento de las disidencias de las Farc en Caquetá, murieron siete menores.
El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció antes de enfrentar una moción de censura tras el álgido clima político que se enraizó en el país luego de que dieron a conocer los bombardeos.
En ese contexto, Petro escribió en X que “si el gobierno sabía que allí había menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir, un crimen contra la humanidad”.
Seis años después, su discurso cambió. Lo que antes criticaba, hoy le toca defenderlo. Esto quedó en evidencia tras el bombardeo realizado hace un mes contra un campamento de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, en el que murieron siete menores en el Guaviare. Por el que, además, su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfrentó un debate de control político en el Congreso.
Está claro que no todo lo que se dice antes se mantiene después. Tal vez Gustavo Petro pecó, como vaticina el dicho popular, del que “escupe para arriba, le cae en la cara”. Habrá que esperar para ver que otras autoprofecías se le terminan cumpliendo en los escasos meses que le quedan ocupando la silla más poderosa en Palacio.
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