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Por ricardo monsalve gaviria | Publicado el 04 de abril de 2020
Hoy se celebra el día internacional para rechazar el uso de estos artefactos explosivos.
La instalación de minas antipersonal es una de las acciones que tiene la actual disputa por el territorio librada por el Clan del Golfo y Eln en la zona rural de Bojayá. Pobladores de los diferentes corregimientos la sufren y su llamado de ayuda llegó directamente al presidente Iván Duque, quien ordenó un desminado en la zona.
Desde el 14 de enero el Ejército movilizó 90 soldados a poblados de Pogue, Piedra Candela, Lomas de Bojayá y Corazón de Jesús, para ubicar los artefactos explosivos.
Ese método de desminado asistido es, según el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, una prueba piloto que por primera vez se hace en el país, diferente al humanitario y al desminado militar.
“Este es guiado por la comunidad, con información suministrada por ella. El desminado humanitario se realiza en zonas donde ya no hay presencia de grupos armados ilegales o de algún otro factor de riesgo, y el militar es hecho por patrullas del Ejército o Armada cuando avanzan por el territorio y se encuentran un artefacto explosivo”, explicó.
En tres meses de búsqueda de minas en la zona rural de Bojayá, los militares han revisado 250.907 metros cuadrados en Pogue y Piedra Candela. En el territorio no se ha ubicado el primer explosivo.
Lo anterior demuestra la dificultad de ubicar un explosivo en un terreno que aún tiene presencia de grupos ilegales, cuyos integrantes siguen instalando artefactos.
“De los 90 hombres, 30 se encargan de la seguridad; los otros 60 buscan centímetro a centímetro la mina. Es un trabajo de mucha dificultad. A esto se suma que alrededor se debe continuar con las operaciones militares contra los ilegales”, señaló Ramírez.
El peligro sigue latente
Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas, afirma que el desminado tiene una identificación clara: humanitario o militar, por lo que critica la denominación del plan en Bojayá.
“Lo que están haciendo en Chocó es militar, que involucran a las comunidades sí, pero las pone en riesgo porque se hace en una zona donde no hay condiciones de seguridad para trabajar”.
Agrega que el peligro con este tipo de explosivos sigue latente, sobre todo en Arauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Caquetá, Nariño, Cauca y Chocó.
“Las minas no saben de pandemias ni de acuerdos de paz. Ayer (jueves) tuvimos una víctima, un excombatiente de Farc que estaba en su parcela en Putumayo, activó una mina y perdió una pierna. Estas son una amenaza en tiempos de paz y de guerra, por eso hay que insistir en que dejen de ser usadas”, dijo Jiménez.
Cuentas oficiales
Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirman que al 29 de febrero de 2020 se registraron 24 víctimas por minas antipersonal. En todo 2019 fueron 111.
Por otro lado, el desminado humanitario en zonas donde no hay problemas de seguridad, ha logrado que 391 municipios fueran declarados libres de sospecha de minas antipersonal.
11.828
víctimas de minas ha registrado el Gobierno desde 1990 hasta febrero 29 de 2020.
Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid
