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La Comisión de la Verdad tendría otros nueve meses de vida jurídica

Corte Constitucional estudia demanda que pide ampliar el periodo de esta entidad. Este jueves el tema se debate en Sala Plena; los votos ya estarían cantados a favor.

  • Francisco de Roux preside la Comisión de la Verdad, la cual busca esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado. FOTO getty
    Francisco de Roux preside la Comisión de la Verdad, la cual busca esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado. FOTO getty
Por carlos lópez | Publicado el 30 de septiembre de 2021

La Corte Constitucional tiene en sus manos –este jueves– definir el futuro de una de las entidades que nacieron con el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc. Se trata de la Comisión de la Verdad, órgano no judicial al que el alto tribunal le podría extender su vigencia hasta agosto del próximo año.

Y es que a pesar de que la decisión no está en firme, pues falta que los magistrados den a conocer sus votos formalmente, desde ya hay visos de que la mayoría admitirán la demanda que pide ampliar la vigencia de la Comisión por nueve meses más a partir de este 28 de noviembre.

La ponencia la tiene en sus manos el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien compartió un escrito de más de 50 páginas a los otros ocho togados que componen la Sala. En él se solicita que después de junio –cumplidos los primeros siete mes–, se den dos más para la socialización con víctimas del Informe Final sobre el conflicto armado. Es decir, la Comisión iría hasta agosto de 2022.

Para que jurídicamente esto sea permitido, se deberán declarar inconstitucionales los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017, con los cuales se fijó el periodo de la entidad y de sus 11 comisionados. El tiempo para ello quedó estipulado, esa vez, por tres años a partir del 28 de noviembre de 2018.

El origen de la demanda

Ese año, una sentencia de la misma Corte determinó que el tiempo establecido era acorde al propósito de la Comisión –el de esclarecer la verdad de lo ocurrido durante más de 50 años de conflicto armado–, y que de hecho el plazo estaba avalado por procesos internacionales con el mismo fin.

Sin embargo, nueve representantes de grupos que trabajan con víctimas consideraron que en el transcurso de la misión hubo un escenario anormal por cuenta del covid-19, lo que hizo que la recolección de información –y por ende el esclarecimiento de la verdad– se viera interrumpido en varios lugares del país.

Eso los llevó a interponer una demanda ante la alta corte el pasado 29 de junio, pidiendo la inconstitucionalidad de los dos artículos. El recurso fue admitido el 14 de julio, y al pedido de los demandantes se sumaron varias universidades, organizaciones e incluso la Procuraduría.

En efecto, Margarita Cabello, procuradora general, remitió un concepto hace un mes en el que detalla que el confinamiento afectó la tarea de la Comisión, y que eso impactó sobre todo a regiones lejanas.

“En especial, aquellas donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”, señaló Cabello.

Otras opiniones

La tarea de la Comisión de la Verdad ha sido elogiada y reprochada por distintos sectores. Congresistas como Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, han rechazado la misión que lidera Francisco de Roux al estar al frente de la Comisión. Sin embargo, hay quienes valoran ese trabajo.

Luz Elena Galeano, lideresa de víctimas, es una de ellas. En diálogo con EL COLOMBIANO subrayó que es importante que se extienda el periodo de la Comisión, ya que hubo meses de 2020 en los que “aunque hubo cosas que se hicieron virtuales, el valor agregado –entrar a territorios y estar presentes con las comunidades–, no se pudo hacer”.

Eso mismo opinó Germán Valencia, profesor de la Universidad de Antioquia que resaltó el trabajo de la Comisión y dijo que de aprobarse los nueve meses, vienen retos para el país (ver destacado).

A 59 días de que la Comisión cumpla sus tres años de mandato, y en momentos en que la Corte alista su decisión, el Gobierno también analiza expedir un decreto para ampliar su vigencia por dos meses, lo que podría chocar con lo que decida el alto tribunal

28
de noviembre de 2018 fue la fecha en que la Comisión entró en funcionamiento.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS ¿qué viene si se amplía el plazo?

Elecciones, presupuesto y contratación. Para Germán Valencia, profesor de la UdeA, esos son los puntos a revisar si la Corte da nueve meses más a la Comisión. En cuanto al primero, explicó que conocerlo después de las elecciones de 2022 será negativo para unos y positivo para otros, porque si bien el Informe Final no juzgará, sí mencionará a políticos que quizás no alcancen a ser castigados por el electorado. En presupuesto subrayó que decidir el plazo implicará que el Congreso piense en recursos de 2022 para esta entidad. Y en contratación, la Comisión deberá reorganizar sedes y contratos de funcionarios.

Carlos López

Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.


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