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Los compromisos de Musa Besaile con la JEP

  • El pasado viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió aceptar el sometimiento del exsenador Musa Besaile, procesado por sus presuntos vínculos con paramilitares y por el escándalo de corrupción relacionado con el denominado ‘Cartel de la Toga’. Foto: Colprensa.
    El pasado viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió aceptar el sometimiento del exsenador Musa Besaile, procesado por sus presuntos vínculos con paramilitares y por el escándalo de corrupción relacionado con el denominado ‘Cartel de la Toga’. Foto: Colprensa.
Colprensa | Publicado el 19 de enero de 2020

El pasado viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió aceptar el sometimiento del exsenador Musa Besaile, procesado por sus presuntos vínculos con paramilitares y por el escándalo de corrupción relacionado con el denominado ‘Cartel de la Toga’.

Si bien la justicia transicional lo aceptó, no le concedió beneficios como la libertad solicitada por su abogado un año atrás mientras era investigado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado, cohecho y peculado por apropiación.

En contexto: JEP admite a excongresista Musa Besaile, pero sin beneficios

El sometimiento de Besaile ante la JEP conlleva una serie de compromisos que están enmarcados en la matriz de colaboración que presentó junto con su abogado para que se esclarezca la verdad de los hechos ocurridos directa e indirectamente en el conflicto armado.

El exsenador debe compartir información sobre la violencia en Córdoba desde 1985. Del mismo modo, deberá entregar información sobre su aspiración a la Cámara de Representantes que se registró en 1998 así como entre 2002 y 2006.

Igualmente, deberá entregar información sobre las casas políticas en Córdoba y sus relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2001, así como la participación del grupo al margen de la ley en la política.

Además de ello, deberá informar sobre los candidatos que fueron apoyados por esta estructura criminal, así como el constreñimiento que realizaron las AUC en Córdoba. Así mismo, se comprometió a entregar detalles sobre los congresistas que hacían parte del denominado ‘Sindicato de Córdoba’.

La JEP también espera conocer sobre las fiestas organizadas por los congresistas de las AUC que vinculaban a comerciantes y ganaderos; además esperan información sobre los proyectos de ley en el legislativo para favorecer al mencionado grupo al margen de la ley.

Entre los pendientes de Besaile también está que revele nombres sobre los congresistas de Córdoba capturados mientras fungían como parlamentarios entre 2006 y 2010.

De 2007, Besaile debe contribuir información que de cuenta de la extorsión que solían hacer los miembros de las AUC, además de entregar nombres de quienes pudieron ser los intermediarios en estas acciones.

En sus obligaciones también está el entregar cuentas sobre los años 2010 y 2014, momento en el que aspiró al Senado de la República por el partido de la Unidad Nacional, además de las elecciones locales adelantadas para 2012 y 2014.

Lo que llama la atención es que, además, debe entregar información sobre la elección del actual procurador Fernando Carrillo Flórez. Sobre este último no hay mayores detalles.

Besaile se comprometió a someterse al tribunal de paz bajo tres premisas, la primera de ellas es pedir perdón a las víctimas directas en indirectas del conflicto armado.

Segundo, debe realizar dos monumentos en honor a las víctimas de los municipios más azotados por el paramilitarismo, es decir, Tierralta y Valencia, y por último debe asegurar la construcción de una escuela bien sea en el municipio Caimito – Sucre vereda Molineros o en el departamento de Córdoba.

En noviembre pasado, en una diligencia entre magistrados de la JEP y Besaile, acordaron que los dos monumentos sería una paloma de la paz y un cóndor, avaluados en más de 100 millones de pesos.

La escuela, por su parte, tendrá un valor de más de 300 millones de pesos y contará con un aula de clases acompañada con una batería sanitaria completa y un kiosko.

Todo esto, además de su compromiso a no repetir actos directos o indirectos que vincule el conflicto armado.

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