Los miembros aplaudieron la exposición del canciller Álvaro Leyva, en un gesto que poco se ha visto desde la división suscitada por el conflicto en Ucrania.
Las promesas del Gobierno de Gustavo Petro de conseguir la “paz total” suscitó este miércoles el entusiasmo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU, reunido para revisar los avances del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016.
“No hay mejor alternativa para poner fin a los conflictos que la vía del diálogo”, se congratuló el representante especial y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
“Colombia se ha convertido en un modelo de posibilidad y es un tema que produce una grata sensación”, dijo a la prensa el canciller, Álvaro Leyva Durán, poco después de dirigirse a los 15 miembros del Consejo para explicarles los objetivos de su gobierno, en un discurso salpicado de referencias literarias.
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“Después de unas experiencias no tan gratas, hemos retomado el antiguo proceso de las Farc, así como nuevas iniciativas”, dijo el ministro, en referencia a las inminentes negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para las que todavía “no se ha definido” el lugar donde se celebrarán, a pesar de que hay “varios pretendientes”, dijo.
El plan de “paz total” prometido por Petro pretende impulsar el Acuerdo de Paz suscrito por las Farc y busca ampliar el diálogo con otros grupos armados no firmantes, como el ELN, lo que para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es un “motivo de optimismo”.
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En el último informe trimestral (de junio a septiembre) que la misión de verificación de ONU realiza sobre el acuerdo, Guterres recuerda al gobierno de Petro que es “instrumental” que garantice los fondos necesarios en el presupuesto de 2023 para poder llevar a cabo los acuerdos.
“Es crucial que la reintegración no deje a nadie atrás”, en particular los “exmiembros de las Farc-EP” así como las “necesidades específicas de las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes”, señala Guterres.
Y es que a la ONU le preocupa la violencia persistente contra las comunidades, en particular las indígenas y las afrocolombianas, los antiguos miembros de las Farc-EP y los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales.
Durante los tres meses cubiertos por el informe, 15 excombatientes de las Farc-EP fueron asesinados, con lo que ya son 342 los excombatientes muertos desde la firma de los acuerdos.
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Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 39 asesinatos a gran escala (12 verificados, 26 en proceso de verificación y uno no concluyente) y ha recibido denuncias de 45 homicidios contra defensores de los derechos humanos.
Tras el apoyo de los miembros del Consejo, a finales de mes se espera la renovación del mandato de la misión de verificación de la ONU para Colombia por otro año más.
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