La Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional adoptar un plan de contingencia para atender crisis carcelaria del país.
Para el máximo tribunal, “los cierres parciales de cárceles, ordenados por algunas autoridades judiciales, han derivado en el hacinamiento de población sindicada y condenada en los centros de detención transitoria del país, como las URI y estaciones de policía”.
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La Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria concluyó que “la decisión de cerrar parcialmente una cárcel debe someterse a un juicio de proporcionalidad”, teniendo en cuenta las consecuencias que podría tener en los derechos de las personas que están privadas de la libertad.
Esta situación hace referencia tanto a las cárceles del país –de las que hay un total de 134– como a los centros de detención transitoria.
Por este motivo la Corte ordenó al Gobierno adoptar un sistema que permita priorizar los casos y elaborar un plan de contingencia que permita atender a las personas que están recluidas cárceles, empezando por aquellas que “se encuentran en una situación más gravosa respecto del resto de los establecimientos carcelarios”.
La Corte Constitucional ordena al Gobierno Nacional
— Corte Constitucional (@CConstitucional) 14 de marzo de 2019
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En términos prácticos, esto significa que la administración de Iván Duque tendrá que implementar políticas para atender el hacinamiento. Teniendo en cuenta, además, que la Corte aseguró que las condiciones en las que están los reos son contrarias al orden constitucional y no se hacen efectivos sus derechos.
Además, solicitó al Ministerio de Justicia los avances en la política de concienciación ciudadana sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad. Por otro lado, pidió al Inpec promover la articulación interinstitucional con las autoridades para mantener la información actualizada acerca de la disponibilidad de cupos en los establecimientos a su cargo.
Que la Corte ponga la lupa a la situación carcelaria del país no es un hecho nuevo. En marzo de 2016, por ejemplo, ordenó hacer cambios que resolvieran la crisis, y en abril de 2018 exigió “reorientar acciones para atenderla”.
El llamado que acaba de hacer el tribunal coincide con el apunte que realizó a finales de febrero el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien en una carta enviada al director del Inpec manifestó la escasez de cupos y aseguró que en las salas de paso de la Fiscalía aún permanecen personas capturadas desde febrero de 2017.
