La Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional adoptar un plan de contingencia para atender crisis carcelaria del país.
Para el máximo tribunal, “los cierres parciales de cárceles, ordenados por algunas autoridades judiciales, han derivado en el hacinamiento de población sindicada y condenada en los centros de detención transitoria del país, como las URI y estaciones de policía”.
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La Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria concluyó que “la decisión de cerrar parcialmente una cárcel debe someterse a un juicio de proporcionalidad”, teniendo en cuenta las consecuencias que podría tener en los derechos de las personas que están privadas de la libertad.
Esta situación hace referencia tanto a las cárceles del país –de las que hay un total de 134– como a los centros de detención transitoria.
Por este motivo la Corte ordenó al Gobierno adoptar un sistema que permita priorizar los casos y elaborar un plan de contingencia que permita atender a las personas que están recluidas cárceles, empezando por aquellas que “se encuentran en una situación más gravosa respecto del resto de los establecimientos carcelarios”.
