La Corte Constitucional le dio la razón a Ana, una madre soltera de 34 años, quien interpuso una tutela por la vulneración de los derechos a la propia imagen, a la intimidad y al buen nombre, esto luego de que se divulgara un video pornográfico que había grabado para una productora audiovisual.
Si bien en la demanda de Ana explica que realizó un casting por el que recibió 200.000 pesos, y firmó un contrato en inglés con el dueño de la productora, el trato era que este no podía divulgar ninguna imagen sin su consentimiento.
“El contrato estaba en inglés, pero el acuerdo con el señor Carlos según lo que él me dijo, era que lo que se filmó será solo un casting y que no lo iban a difundir, y por eso no me pagaban, pero que luego me llamaban para filmar videos porno”, se lee en el demanda de la mujer quien aseguró que ocho meses después el material estaba en diferentes páginas web.
En este caso, la corte estimó que los dueños de las productoras deben especificar los usos y fines de las imágenes, determinar el alcance de la comercialización de las mismas, garantizar un término para ratificar el consentimiento, y proveer información suficiente sobre las imágenes que serán grabadas o fotografiadas y el valor promedio de los honorarios que se pagan por estas.
“La Corte determinó que en los contratos que suscriben las empresas productoras de material audiovisual pornográfico con las personas que actúan en estas producciones, es necesario que se garantice un consentimiento informado, de tal manera que la persona conozca todas las consecuencias que tendrá la firma de dicho contrato”, se lee en el fallo.
En este caso, la corporación consideró que se le vulneraron los derechos fundamentales a Ana, por lo que determinó fallar a su favor y ordenó al dueño de la productora “que dentro de los tres días siguientes a la notificación del presente fallo, proceda, en caso de que no lo hubiere hecho ya, a retirar el video pornográfico grabado por Ana de las páginas de internet que él o su empresa, Empresa de videos, sean propietarios o administradores, y que se abstenga en el futuro de publicarlo, distribuirlo o comercializarlo mediante cualquier medio”.
