La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, luego de evaluar denuncias por presuntas irregularidades cometidas por los senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, decidió declararlas inadmisibles.
De acuerdo a lo observado por esta Sala, luego de leer las denuncias concluyeron que “los señalamientos de los señores Ramos Perdomo y Díaz Ramírez son tan abstractos, que impiden tenerlos como base apropiada sobre la cual desplegar una actividad mínima de recolección de elementos probatorios”.
Además, la Corte añadió que los relatos que les enviaron “no plantean cuáles son, en concreto, las acciones de los aforados denunciados”.
El senador Petro se pronunció sobre esta decisión de la Corte en su cuenta de Twitter, en la que dijo que “la Corte Suprema de Justicia de rechazar la denuncia que se nos hacia por supuestamente estimular la violencia en la protesta social”.
Este proceso comenzó cuando uno de los denunciantes, Luis Manuel Ramos, quien también incluyó al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, y a otros integrantes del Comité del Paro, le envió una carta el 30 de abril de este año (dos días después del comienzo del paro) a la Corte en la que le comunicaba que tanto ellos como los senadores nombrados incurrieron en presuntas conductas punibles por concierto para delinquir, instigación a delinquir y violación de las medidas sanitarias.
Según Ramos, estas personas promovieron protestas que “desencadenaron actos de vandalismo, violencia, disturbios, asonadas, daños a la propiedad pública y privada, entre otros”. Además, mencionó que sus actitudes desconocieron las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno.
Días después, el 20 de mayo, un segundo denunciante remitió al alto tribunal una denuncia por los mismos hechos contra Petro, Bolívar y Maltés. Se trata de una persona llamada José Orlando Díaz, quien en su opinión, estas tres personas fueron las “autoras intelectuales” de los daños que hubo por esos días en Colombia.
Pero, de acuerdo a palabras de la Corte, estas denuncias no tienen la suficiente seriedad como para poder inferir razonablemente la posible comisión de conductas punibles realizadas por los senadores.
Es por eso que, de acuerdo a sus revisiones, y amparados en algunos de sus pronunciamientos y en otros dispuestos por la Corte Constitucional, esta Sala decidió declarar inadmisibles las denuncias presentadas por Ramos y Díaz.
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