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‘Corto circuito’ para judicializar encapuchados de las protestas

  • Marcha del paro nacional en Medellín, la primera línea en el parque de las Luces .Foto: Santiago Mesa Rico
    Marcha del paro nacional en Medellín, la primera línea en el parque de las Luces .Foto: Santiago Mesa Rico
COLPRENSA | Publicado el 26 de enero de 2020

La primera jornada de protestas de 2020 no varió mucho con respecto a las que se hicieron al finalizar 2019: un grupo de marchantes pacíficos, montajes artísticos, acompañamiento de las autoridades, presencia de encapuchados y daño en el mobiliario urbano.

El libreto parece calcado, aunque este año se presentó un ingrediente adicional por cuenta de la alcaldesa Claudia López que pidió que se judicializara cuanto antes a los desadaptados.

El mensaje causó molestia en la Fiscalía y desde ya se avizora una relación tensa entre el búnker y el Palacio Liévano, porque desde la Administración Distrital no conciben el hecho de que ante la magnitud de la situación no se detenga a quienes han empañado las protestas en contra del Gobierno Nacional con daños y vandalismo.

Bajo este panorama, Claudia Carrasquilla, delegada para Seguridad Ciudadana del ente acusador, a mitad de semana convocó a rueda de prensa para hablar de los capturados de la jornada y la cifra sorprendió.

El balance daba cuenta de apenas cinco detenidos, cuando en las imágenes que inundaron los medios se veían decenas de encapuchados – ajenos a la organización de las marchas – que la emprendieron contra estaciones de TransMilenio, en Bogotá, o contra fachadas de edificios, como ocurrió en Medellín.

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Pero las cifras arrojan un dato aún más curioso: tres de los cinco capturados no recibieron ninguna medida restrictiva toda vez que el delito por el que fueron presentados ante un juez (daño en bien ajeno) no contempla esa opción. Un cuarto detenido fue cobijado con el beneficio de la detención domiciliaria.

A otro de los capturados tendrán que llamarlo nuevamente a imputación porque el cargo con el que lo presentaron no se correspondía con la conducta cometida. El joven fue detenido, aparentemente, con insumos para elaborar lo que se conoce como bombas molotov, puntualmente una botella que contenía el diluyente conocido en el mercado como thinner.

El fiscal del caso lo presentó ante el estrado por ser el presunto responsable del delito de fabricación y porte de armas de uso privativo. El juez de la causa desestimó los argumentos señalando que no era posible que las fuerzas armadas colombianas usaran este tipo de explosivos artesanales en sus operaciones y, por tanto, no se pueden considerar de uso privativo.

Buscando una explicación del porqué es tan difícil judicializar a estas personas, el analista Jairo Libreros advierte que todo apunta a una especie de corto circuito entre quienes tienen la función de policía judicial y los jueces de garantías que deriva “en dos lenguajes frente a un mismo código” lo que trae como consecuencia “diferencias profundas en la interpretación de la ley”.

El escenario ideal que plantea el experto es que se logre un punto intermedio en el que se dé un equilibrio en el que se consiga que la investigación criminal respete el debido proceso, pero que a la vez atienda las realidades de las investigaciones penales.

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Sobre este particular, Camilo Iván Pizza, magíster en derecho penal y profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, sostiene que los fiscales designados tienen el deber de adecuar bien los hechos a la calificación jurídica para que no sea vencido en juicio.

Esta tesis de Pizza concuerda con lo ya mencionado en el caso del thinner. “Si se ponen a inflar las imputaciones, como se le dice en el argot judicial, es para obtener un resultado inmediatista, pero perderá el proceso y luego vendrá una millonaria demanda en contra del Estado”, indicó.

Información extraoficial da cuenta de que hubo un reclamo generalizado a todos los fiscales delegados a los que les dijeron, palabras más, palabras menos, que se limitaran a presentar los hechos basados en los elementos probatorios recolectados.

¿Una nueva unidad?

La petición que habría salido desde el búnker tiene su sustento en el hecho de que episodios como el ocurrido en la mañana del martes en Suba, noroccidente de Bogotá, donde unos 20 desadaptados la emprendieron contra un grupo de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana, agrediéndolo con piedras, palos y hasta con avisos de los locales de la zona.

En esta localidad fue detenido el joven que recibió el beneficio de la domiciliaria. Las autoridades lo señalaron de ser la persona que agrede al coronel John Jairo Urrea y al patrullero Germán González, a quienes les certificaron una incapacidad de 35 días por la gravedad de las lesiones. Violencia a servidor público, obstrucción del trasporte público y daño en bien ajeno fueron los delitos que le endilgaron, pero no los aceptó.

Presentada esta captura, surge de nuevo el interrogante, ¿por qué solo un detenido si en el grupo de agresores era más numeroso?

“Individualizar a los encapuchados se ha convertido en un reto inmenso”, sentencia Libreros quien añade que esta problemática se ha presentado en otras latitudes. “Si la inteligencia policial no logra dar contexto y seguimiento a este tipo de actos, creo que la policía judicial y los jueces van a terminar en una pelea infinita en la que pierden los ciudadanos de bien y ganan los vándalos”, añade.

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Las capturas en flagrancia, es decir cuando se detiene a la persona cometiendo el ilícito, sería una de las opciones para sustentar mejor la petición de la Fiscalía ante un juez. Sin embargo, en el búnker reconocen que es complejo que en medio de una turba un policía logre reducir a una persona para, como se dice en el argot, ponerla a buen recaudo.

Plantea Libreros que es hora de que el país piense en “un organismo de seguridad que cumpla funciones preventivas de judicialización y captura de quienes están dedicadas en el vandalismo”.

Su propuesta apunta a una fuerza especial desplegada en las principales ciudades, que esté en capacidad de responder, como lo hace el Esmad, en momentos de máxima tensión. Aclara, sin embargo, que este cuerpo no se concentraría en contener o disolver la manifestación, “sino para hacer inteligencia, capturar y llevar ante los jueces a quienes resulten involucrados en estos hechos”.

Lo que ha sucedido también es analizado de cerca por los integrantes de Asocapitales que en reunión a mediados de este mes entre sus integrantes con el Ministerio de Defensa expresaron su preocupación por que el orden público no se garantiza lo suficiente durante las jornadas de protesta. El tema volverá a ser tratado en la próxima reunión de la agremiación.

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