La Corte Constitucional empezó a fijarle límites a la aplicación del nuevo Código de Policía, tras fallar dos demandas frente al control del espacio público y a la potestad de las autoridades para entrar en viviendas sin una orden judicial.
Aunque no tumbó ninguno de los dos artículos, sí puso condiciones para ellos: la autoridad no podrá remover ambulantes sin un plan que les dignifique su trabajo y existirá un juez que verifique si las entradas a viviendas por parte de la Policía se justificaron.
No será la primera vez en este año en que el alto tribunal le pone límites al Código, que entró en vigencia en enero 30, pues en los próximos meses deberá dirimir otras 17 demandas y aún hay 22 más esperando aprobación.
Sin embargo, para líderes de los vendedores ambulantes como Hortensia Díaz , es lamentable que el tema haya tenido que llegar hasta la Corte para trata un concepto básico como la dignidad al trabajo.
“La Corte Constitucional solo le dio claridades a todos los gobiernos, porque nos maltratan y nos tratan deshumanamente”, aseveró.
Además, el tema de las demandas podría demorar aún la implementación del articulado, para la que hay seis meses de plazo y que aún no presenta grandes avances.
En esta implementación, el Gobierno debe articular con las administraciones municipales y regionales un grupo de decretos que lleven a la práctica lo que quedó en el papel.
Para el expresidente y exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, era de esperar las demandas al Código aunque no es normal la cantidad que llegaron, que fueron 67.
Sin embargo, aclara que “la implementación es una cuestión de las autoridades y mientras la Corte no declare inexequible al Código, se tiene que seguir aplicando”.
Vale recordar que sin las herramientas locales, no se podrá ver la verdadera magnitud y alcance del Córdigo.
A juicio del abogado Andrés Úsuga Marín, experto en derecho constitucional, el Gobierno Nacional no parece interesado en la implementación, “parece que están esperando a ver qué dice la Corte para no perder el esfuerzo de reglamentar algo que luego se va a cambiar”.
Agregó que “lo peligroso es que la Policía, en ciertas ciudades, han aplicado el Código a su acomodo y se han visto ya denuncias de abusos de poder”, afirmó.
El mensaje que dejan estas demoras afectará la aceptación del Código entre la gente de a pie, pues en poco más de dos meses ha generado más impacto los castigos que las ventajas de tenerlo.
Así lo considera Carlos Barrios, director del Laboratorio de Paz y Convivencia de la Universidad Nacional. “No se está haciendo una tarea intensiva sobre su pertinencia y al parecer, primará lo punitivo”.
Consideró preocupante que hayan lagunas jurídicas, “porque la Corte no ha resuelto demandas de inconstitucionalidad sobre el Código”.
Este diario intentó contactar a los encargados del tema en la Policía, sin embargo no obtuvo respuesta a las llamadas .
