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De momento la luna de miel entre el presidente Iván Duque, próximo a cumplir sus 100 días de gobierno, y gran parte de los gremios, partidos y líderes de opinión que lo apoyaron en la campaña política se tornó amarga. Estos aliados están marcando distancia frente a la propuesta más polémica de la reforma tributaria, o proyecto de ley de financiamiento (eufemismo con el que la denominan desde el Gobierno): el IVA del 19 % a los productos de la canasta básica.
En su partido, el Centro Democrático, le pidieron oficialmente, ayer, al Gobierno mirar otras alternativas para encontrar los recursos faltantes en el presupuesto de 2019, y en el Partido Conservador y en La U, ambos de la coalición, hacen votos para que el Minhacienda reconsidere esa iniciativa.
Incluso, el expresidente Álvaro Uribe, mentor del presidente Duque, le pidió al ministro Alberto Carrasquilla buscar opciones distintas al IVA a la canasta familiar para no afectar a la clase media.
La oposición también está sacando provecho para afirmar que Duque le está haciendo “conejo” a sus votantes, pues en campaña habló de no subir impuestos, así los técnicos y el presidente expliquen que generará más equidad, que hay una reducción progresiva de ese impuesto y un beneficio para 4,5 millones de familias pobres, que obtendrían la devolución de ese IVA.
El senador Gustavo Petro, aprovechando la coyuntura, convocó a las centrales obreras a movilizarse la próxima semana a protestar. Ya algunas anunciaron marchas.
Ahora, con un gabinete sin representación de la clase política, lidiar con un proyecto impopular se convierte en la primera prueba de fuego de gobernabilidad de Duque. Su capacidad de maniobra podría reducirse y eso afectaría el resto de proyectos que vienen en camino, como las reformas política y a la justicia.
En los últimos 20 años han llegado al Congreso 12 proyectos de reforma tributaria, y ninguna ha sido aprobada como ingresa. En el debate podría darse una modulación que deje satisfecha a las mayorías en el Congreso y menos molesto al ciudadano de a pie.
Incluso, el representante conservador Nicolás Albeiro Echeverri afirmó que lo más probable es que el Gobierno retire ese punto. “Lo ponen como techo para ir bajando y salvar el grueso, que es aumentar la base gravable”.
Nicolás Liendo, decano de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, dijo que el Gobierno debe explicar la desfinanciación del presupuesto y revisar hasta qué punto “semejante medida impopular es necesaria”.
Al respecto Julián Arévalo, decano de Economía de la U. Externado, afirmó que, si bien hay un faltante presupuestal, el Gobierno ha sido muy ineficiente en explicar el mecanismo de compensación para las familias de ingresos bajos.
“Esto aparece en el primer punto del borrador del proyecto de ley, a partir de generalidades, que dejan mucho a la especulación. Los otros puntos, como impuesto a la renta, han pasado a un segundo plano. El futuro de este proyecto de ley es muy incierto”.
Aunque no lo manifiestan en público, en el uribismo ronda la preocupación. Si esa propuesta se mantiene, la factura en votos para el 2019 podría ser más alta que el IVA.