Cuando DMG fue intervenida, 224.892 inversionistas reclamaban $1,2 billones. Tras depurar las solicitudes, 193.302 quedaron reconocidos como afectados y en 2009 recibieron $51.000 millones, correspondientes a los bienes que hasta ese momento habían sido identificados en la pirámide.
Sin embargo, 60.064 inversionistas todavía esperan una reparación, casi dos décadas después de la intervención de la pirámide de David Murcia Guzmán, quien cumple una condena de 22 años de prisión por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.
Hasta septiembre de 2026, la liquidación ha permitido entregar alrededor de $100.000 millones a los afectados. Los pagos se han concentrado en quienes tenían inversiones de hasta $600.000, según información publicada por El Tiempo.
La reparación de las víctimas se ha realizado con los bienes recuperados durante el proceso. De acuerdo con la liquidadora María Mercedes Perry, la Fiscalía ha entregado a la sociedad liquidadora 520 propiedades incautadas, que ya fueron vendidas o adjudicadas.
El problema es que no se han identificado nuevos bienes suficientes a nombre de David Murcia Guzmán o de sus socios, por lo que el proceso permanece en una especie de punto muerto.
“El proceso va en su última etapa: la venta de los bienes incautados o su adjudicación a los afectados cuando no es posible venderlos”, explicó Perry al medio citado.
¿Qué más se sabe?
La normativa establece que cuando un bien no puede ser vendido después de dos meses, debe ser adjudicado entre los afectados de manera proporcional.
Ese mecanismo, sin embargo, ha generado nuevos problemas para algunos de los inversionistas. Uno de los casos más recientes es el de un apartamento ubicado en el sector de Unicentro, en Bogotá, que terminó repartido entre 4.290 afectados. Cada uno recibió una participación cercana al 0,023 por ciento del inmueble, equivalente a unos $106.000.
Los afectados pueden renunciar a este tipo de adjudicaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del estado por parte de la Superintendencia de Sociedades.
Sin embargo, algunos aseguran que no fueron notificados y terminaron apareciendo como propietarios de una parte de los inmuebles, con obligaciones tributarias asociadas.
Perry explicó además que los recursos que ingresan al proceso se distribuyen entre todos los acreedores que todavía tienen saldos pendientes. No hay pagos preferenciales ni un sistema basado en el orden en que fueron presentadas las reclamaciones.
DMG fue intervenida en 2008 por captación ilegal de dinero. Su fundador, David Murcia Guzmán, cumple una condena de 22 años de prisión en Colombia por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.
En agosto de 2026 fue trasladado de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
Mientras Murcia continúa cumpliendo su condena, 60.064 inversionistas siguen esperando una reparación, casi dos décadas después de que entregaron su dinero a la empresa.
- ¿Por qué la liquidadora de DMG está entregando fracciones de un apartamento a las víctimas?
- Ante la imposibilidad de vender el inmueble ubicado en el barrio Santa Bárbara Norte (Bogotá) dentro de los plazos fijados por la ley, la Superintendencia de Sociedades procedió a adjudicarlo directamente en masa entre 4.290 acreedores como parte de la reparación económica.
- ¿Cuánto dinero le corresponde a cada víctima por la propiedad de ese apartamento?
- A la mayoría de los afectados (4.257 personas) se les asignó una participación del 0,023 %, la cual equivale a aproximadamente $106.000 pesos colombianos, tomando como base un avalúo comercial de $461 millones.
- ¿Por qué ser copropietario de este bien les genera deudas y cobros de impuesto predial?
- Conforme a la Ley 1116 de 2006, al quedar ejecutoriada la adjudicación, todas las obligaciones tributarias y mantenciones del inmueble pasan a ser responsabilidad directa de los nuevos propietarios. Al no haber rechazado la cesión en el tiempo fijado, la Secretaría de Hacienda los registró como contribuyentes obligados al pago del predial.
Regístrate al newsletter