Luego de la caótica renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia debido a las denuncias por presuntas injerencias que venían de parte del Dapre y del Ministerio del Interior, llega un nuevo nombre para ocupar la jefatura de aquella cartera. Fuentes de Casa de Nariño le confirmaron a EL COLOMBIANO el nombramiento.
El funcionario que reemplazará a Buitrago es Eduardo Montealegre, un reconocido abogado que además fue fiscal, y que ha sido un asesor jurídico clave para el Gobierno de Gustavo Petro.
Montealegre es abogado con especialización en derecho penal en el Externado y en la Universidad de Bonn (Alemania); y también tiene una especialización en derecho constitucional en Erlangen (Alemania). Ha sido viceprocurador, magistrado de la Corte Constitucional y fiscal.
Mientras estuvo en la Corte, fue reconocido por centrarse en casos de protección de derechos humanos y acciones de tutela. Sin embargo, también estuvo inmerso en las decisiones políticas del momento. Llegó al tribunal en el año 2000, y desde 2002 fue uno de los magistrados que tuvo más influencia en sentencias que impactaban directamente al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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Entre sus sentencias más recordadas está la que tumbó el estatuto antiterrorista propuesto por el oficialismo de aquel entonces. Además, expidió una sentencia en la que definió que en un referendo con varias preguntas se debía estudiar si cada una de ellas pasaba el umbral, lo que afectó varias de las propuestas del referendo de Uribe en 2003, dejándolas sin vigencia. En aquel año, fue uno de los cuatro magistrados que no estuvieron de acuerdo con la caída de la conmoción interior del Gobierno.
Sin embargo, esto no supuso directamente una ruptura entre él y el expresidente, sino que en 2009 alcanzó a recibir poder de Uribe para demandar a Hugo Chávez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Relación estrecha con el Gobierno
Actualmente, Montealegre es uno de los asesores del controvertido decreto que impulsa el Gobierno Nacional para realizar, a como de lugar, la consulta popular.
“Va porque va”, dijo el jefe de Estado sobre la consulta que, actualmente, contiene 16 preguntas: 12 sobre el texto original que presentó el oficialismo relacionado con la reforma laboral y 4 sobre la reforma a la salud.
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Esta nueva configuración es el resultado de la decisión que tomó el Senado de hundir la iniciativa (que originalmente solo tenía 12 preguntas), con 49 votos contra 47. De hecho, apenas ayer, miércoles 4 de junio, en horas de la tarde, Montealegre dijo que después de un estudio “se encontró que en ese trámite del Congreso, en la decisión del Senado, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad”.
Además, añadió: “Vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República. En ese caso, por los vicios de inconstitucionalidad, como la decisión del Congreso jurídicamente es inexistente. El presidente puede convocar vía decreto la consulta y eso hará antes del 11 de junio”.
Contratos de Montealegre con el Estado
En total, Montealegre ha recibido $1.788 millones de distintos contratos que diferentes entidades del Gobierno Petro le han concedido.
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Uno de sus contratos más grandes es con RTVC, y el motivo del mismo es llevar el proceso de denuncia por injuria contra la senadora María Fernanda Cabal. En aquel contrato, los honorarios del abogado son de $40 millones. En abril, RTVC anunció el inicio del proceso penal.
Montealegre tiene más contratos con RTVC: En 2023 y 2024 firmó dos convenios con ellos que suman $325 millones. Ambos tienen como motivo “asesoría jurídica especializada en temas constitucionales, administrativos y de rediseño institucional”. Además, su firma también ha contratado con la aseguradora estatal Positiva por $480 millones para representación legal.
Juicio de Álvaro Uribe
Montealegre también está inmerso en una de las coyunturas políticas y judiciales más importantes de Colombia en el último siglo: el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. Allí, el abogado y próximo ministro de Justicia figura como “presunta víctima” del expresidente.
Ya en marzo de este año su actuación en dicho juicio había causado tensión. El 18 de ese mes, durante una audiencia donde debía declarar, el exfiscal se presentó como “víctima de Álvaro Uribe Vélez”. Según la jueza del caso, aquello violó la presunción de inocencia del acusado, por lo que regañó a Montealegre.
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“Para respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, siempre nos referimos a presuntas víctimas, como lo ha hecho el despacho en todas las actuaciones, pues, uno de los derechos que tiene el señor procesado es la presunción de inocencia, que hasta este momento no ha sido derruida”, dijo Sandra Liliana Heredia, jueza del caso.
Además, Heredia añadió que solo ella puede decidir si Uribe es culpable o no. En ese sentido, Montealegre también ha sido muy cercano a Iván Cepeda, otro de los testigos del caso. De hecho, hace menos de un día, el próximo ministro de Justicia habló acerca de la presunta manipulación en el testimonio de Óscar Monsalve, hermano de Juan Guillermo Monsalve, en el juicio contra el expresidente. Una denuncia que hizo parte del Reporte Coronell.
“Es un delito. Lo que sucedió es un acto grotesco, con estos testigos que presentó la defensa de Álvaro Uribe, fueron libreteados. Es un delito de falso testimonio y una clara obstrucción a la administración de justicia”, dijo Montealegre a la W Radio, insistiendo en que, aunque los abogados pueden guiar a sus clientes, no pueden decirles las palabras textuales a expresar en el juicio.
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