El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un proyecto de reforma a la educación superior de 152 artículos con el que busca modificar el funcionamiento del sistema universitario en Colombia.
La iniciativa, entregada a la bancada del Pacto Histórico para impulsar su trámite en el Congreso de la República, propone cambios en los mecanismos de ingreso a las universidades públicas, la financiación de las instituciones estatales, el modelo del Icetex, la elección de rectores y la estructura de gobernanza universitaria, con el objetivo de actualizar la Ley 30 de 1992.
De acuerdo con el Gobierno, la reforma reconoce la educación superior como un derecho y un bien común, al tiempo que plantea medidas para ampliar el acceso, fortalecer la permanencia de los estudiantes y consolidar un esquema de financiación para las instituciones públicas.
Uno de los principales cambios está contenido en el artículo 10, que establece que los resultados de las pruebas Saber 11 no podrán ser el único requisito para el ingreso a las instituciones de educación superior ni utilizarse de manera discriminatoria o excluyente. En su lugar, las universidades deberán aplicar criterios de equidad y priorizar a personas en condición de vulnerabilidad, poblaciones con mayores barreras de acceso y sujetos de especial protección constitucional.
En materia de matrícula, el artículo 12 propone que el Estado asuma progresivamente el costo de los programas de pregrado en las instituciones públicas. La iniciativa también dispone que las universidades ajusten sus normas internas para fortalecer el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes.
Reforma plantea nuevos recursos y cambios en la gobernanza universitaria
El proyecto contempla un aumento de los recursos para las universidades públicas. Según el artículo 26, durante los próximos 15 años el Gobierno destinará financiación adicional para reducir las brechas entre las instituciones estatales, ampliar la cobertura, fortalecer la oferta académica y aumentar las oportunidades educativas en las regiones.
Además, la reforma propone que los aportes a las universidades públicas aumenten anualmente en un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), así como incrementar de forma progresiva del 2 % al 5 % el presupuesto obligatorio destinado al bienestar universitario.
Entre las medidas adicionales incluidas en la iniciativa se encuentran:
-Destinar como mínimo el 10 % del presupuesto de las instituciones públicas a investigación, innovación y producción de conocimiento.
-Impulsar la formalización progresiva de las plantas docentes y administrativas.
-Duplicar la representación de estudiantes y docentes en los Consejos Superiores.
-Crear los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES) para fortalecer la articulación entre las instituciones y los gobiernos territoriales.
-Crear el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE), que reemplazaría al Sistema Universitario Estatal (SUE) e incorporaría representación de estudiantes y docentes.
-Implementar un modelo multicampus para ampliar la oferta académica y compartir infraestructura y servicios en distintos territorios.
-Crear el Plan Decenal de Educación Superior como instrumento de planeación del sistema.
En cuanto al gobierno universitario, el artículo 111 incorpora como función del Consejo Superior Universitario acoger y reglamentar las decisiones adoptadas por el denominado poder constituyente universitario, además de conservar facultades como aprobar estatutos, definir el presupuesto institucional y designar o remover al rector.
Por su parte, el artículo 112 modifica el procedimiento para la elección de rectores al establecer consultas con estudiantes, docentes, egresados, trabajadores y funcionarios. También dispone que los aspirantes presenten su hoja de vida y sustenten públicamente su programa ante el Consejo Superior antes de la elección.
Icetex, Icfes y apoyo económico a estudiantes
La propuesta también redefine el papel del Icetex. El artículo 57 plantea que la entidad deje de centrarse principalmente en el otorgamiento de créditos educativos y pase a denominarse Instituto Colombiano de Estímulos para la Educación Superior en Colombia y en el Exterior, orientando su actividad al apoyo de estudios de posgrado mediante becas, apoyos no reembolsables y créditos condonables o sin intereses.
A su vez, el artículo 100 ordena al Ministerio de Educación y al Icetex crear mecanismos de apoyo económico y subsidios para estudiantes que, por razones justificadas, no puedan cubrir los saldos pendientes de sus obligaciones, con el propósito de evitar la deserción y facilitar la culminación de sus estudios.
En materia de evaluación, el artículo 56 establece que el presupuesto de funcionamiento del Icfes será equivalente al 2 % del presupuesto total del Ministerio de Educación, recursos que deberán quedar garantizados dentro del Presupuesto General de la Nación. Asimismo, la reforma redefine el papel del Ices como entidad técnica encargada del seguimiento y la evaluación del sistema de educación superior.
El Gobierno indicó que la reforma también busca:
1. Fortalecer la educación superior pública con una financiación sostenible.
2. Ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y graduación.
3. Promover una gobernanza más democrática y participativa.
4. Fortalecer la calidad desde la pertinencia y el impacto territorial.
5. Orientar la formación, la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo de las regiones y del país.
Durante la presentación de la iniciativa, el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, afirmó: ”Entregamos a la bancada del Pacto Histórico la continuidad de un trabajo que no nos pertenece a unos pocos, que es el fruto de un gobierno que decidió ver a la juventud como aliada y no como su enemiga y que, junto a ella, logró avances históricos en materia de educación. La lucha sigue y se traslada al Congreso y como es natural, a una juventud organizada que siga defendiendo este camino. Cuentan conmigo para seguir respaldando la educación pública y a este proyecto de ley que traza la ruta para que la educación sea, de una vez por todas, un derecho fundamental”.
El proyecto iniciará ahora su trámite legislativo en el Congreso de la República, donde será debatido antes de definir si las modificaciones propuestas al sistema de educación superior se convierten en ley.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Las pruebas Saber 11 dejarán de ser obligatorias para ingresar a las universidades públicas?
- No. La reforma propone que los resultados de las pruebas Saber 11 no sean el único requisito de admisión ni puedan utilizarse de manera discriminatoria o excluyente. Las instituciones deberán incorporar otros criterios de acceso con enfoque de equidad.
- ¿La matrícula gratuita aplicaría para todos los estudiantes de universidades públicas?
- La iniciativa plantea que el Estado financie de manera progresiva la matrícula de los programas de pregrado en las instituciones públicas. Su implementación dependerá de la aprobación de la reforma y de la incorporación de los recursos al presupuesto.
- ¿Qué cambios tendría el Icetex con la reforma a la educación superior?
- El proyecto propone que el Icetex cambie su enfoque para priorizar becas, apoyos no reembolsables y créditos condonables o sin intereses, especialmente para estudios de posgrado y formación en el exterior.
- ¿Qué pasará con quienes tienen deudas pendientes con el Icetex?
- La reforma ordena al Ministerio de Educación y al Icetex crear mecanismos de apoyo económico y subsidios para estudiantes que, por razones justificadas, no puedan pagar sus obligaciones. La propuesta no detalla cómo funcionarán esos mecanismos.
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