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El “mico” y la supercorte marcan la reforma a la justicia del uribismo

La propuesta del Centro Democrático sorprendió por algunas de las ideas que habían sido descartadas por el Gobierno Duque en su primer borrador de reforma.

  • Con la idea de revivir la súpercorte que ya fue desechada por el gobierno de Iván Duque, el uribismo presentó su reforma a la justicia. El Congreso tendrá la palabra final. FOTO Colprensa
    Con la idea de revivir la súpercorte que ya fue desechada por el gobierno de Iván Duque, el uribismo presentó su reforma a la justicia. El Congreso tendrá la palabra final. FOTO Colprensa
27 de septiembre de 2018
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La presentación ayer de un proyecto de reforma a la justicia, de forma independiente por parte del Centro Democrático, ha levantado suspicacias por haber reencauchado la propuesta de crear una supercorte que reemplace a las demás.

Más allá de si esta idea es o no conveniente, sorprendió que el partido del presidente, Iván Duque, esté buscando impulsar una propuesta desechada por el mandatario hace dos semanas, cuando el Gobierno presentó su propio proyecto de reforma.

Además, que fuera justamente el senador Álvaro Uribe quien pusiera la cara para exponer la idea, cuando actualmente lo está investigando la Corte Suprema de Justicia, es un aspecto que no dejó pasar su colega, Gustavo Petro, quien señaló que el expresidente estaría violando el régimen de inhabilidades de los congresistas al entrar en un “claro conflicto de interés”.

Con Duque atendiendo su agenda en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en Colombia fue su ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien le bajó el pulgar a la propuesta: “No apoyamos el tema de unificación de Cortes. Nosotros dijimos nuestras cartas cuando presentamos el proyecto del Gobierno”.

Aún así, la ministra recordó que el presidente había abierto la posibilidad de discutir la figura, aunque recalcó que el lugar para hacerlo era el Congreso de la República.

“Lo que se percibe es que hay una búsqueda para mantener ciertos espacios de poder que el Centro Democrático ha perdido o no ha tenido dentro del gobierno Duque”, consideró Rubén Sánchez, docente de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Agregó que en este tipo de eventos cobra vigencia la frase de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien advirtió que una cosa es el Gobierno y otra el partido del presidente.

Sin embargo, advirtió que insistir en una propuesta que no estaba contemplada levanta suspicacias. “No es comparable nuestro sistema con el de Estados Unidos (de donde salió la idea de la supercorte)”.

No obstante, los analistas dejan claro que los partidos y congresistas tienen el legítimo derecho de presentar sus propuestas. Por eso fueron elegidos y en el caso del Centro Democrático hay más peso por ser la bancada mayoritaria. Será en los debates donde se tome la decisión.

El “mico”

La discusión política armada alrededor de los mensajes aparentemente cruzados entre el jefe de Estado y su partido, desviaron la atención de un “mico” que se habría colado en la propuesta.

Un artículo propone modificar la Constitución para que ningún congresista pueda ser aprehendido ni llamado a juicio “sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional”.

Más allá, incluso salva a dicho congresista que, de ser sorprendido en flagrancia cometiendo un delito, no podría ser llevado a las autoridades según el conducto regular, sino que será “puesto inmediatamente a disposición de la misma corporación”.

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, quien alertó de la presencia de este “mico”, recalcó que esa reforma es preocupante. “Hay 41 propuestas de reforma contra la corrupción y lo que no puede pasar es que bajo esa cobija, empecemos a encontrar distorsiones a la justicia”. Recalcó que ese artículo supone una justicia politizada: “Se termina aforando a los congresistas, para que un delito penal sea un debate político”.

No obstante, la senadora Paloma Valencia, quien es la principal ponente de la reforma, defendió que “lo que se trata de hacer es volver a lo que había antes de la Constitución del 91, donde los congresistas y los magistrados eran juzgados como cualquier ciudadano por los jueces, pero para hacer eso, no se puede dejar que todos los jueces manden órdenes de captura”.

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