En Soplaviento, Bolívar, al cementerio se lo tragan la soledad, el polvo de la carretera y la maleza que nadie poda. Los animeros aparecen de vez en vez, solo cuando alguien fallece de viejo. En la iglesia del pueblo cuentan que pueden pasar semanas, incluso meses, para que se celebre una misa por alguien que murió. La tristeza los abandonó.
Este pequeño municipio de no más de 9.000 habitantes, con agua potable y energía, sin calles pavimentadas, de apenas 88 kilómetros cuadrados, a orillas del Canal del Dique, está en la lista de los sitios en Colombia en los que las balas se silenciaron.
Parece una utopía, pero en el país hay 44 municipios, en diez departamentos, que llevan la no despreciable suma de 10 años sin titulares tristes.
El reporte, entregado a EL COLOMBIANO por el Instituto Nacional de Medicina Legal, da cuenta de que entre el 31 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017 no se registraron asesinatos en esos municipios (ver infografía).
Morir de viejos
Zapayán, sobre la margen derecha del río Magdalena, vivió bajo el flagelo del paramilitarismo y, aunque los homicidios no eran una constante, esa sombra se borró tras la desaparición de este grupo.
“Ahora nuestros habitantes se mueren de viejos o por enfermedades. Las balas y los actos de violencia no volvieron a sonar desde que se desmovilizaron”, cuenta el secretario del Interior del municipio, Eduardo Tuesse García.
Un panorama similar se tiene en Nariño en los municipios de Ancuyá y Belén. Aunque en estos dos lugares no se reportan muertos están ubicados en una región azotada por la violencia y el narcotráfico y, por infortunio, aporta muertes cada año a las cifras de homicidios de Medicina Legal.
No obstante, que estén ubicados a unos 300 kilómetros de distancia de la zona costera –de Tumaco, por ejemplo– implica que el contexto y la realidad sean diferentes. “No tenemos cultivos ilícitos, algo que influye en la realidad social que se vive allí, pues su vocación es más agrícola”, dice el secretario de Gobierno de Nariño, Edgar Insandará.
Anderson Rojas, asesor de la Secretaría de Gobierno de Concepción (Santander), menciona que a pesar de las riñas y de los conflictos que se puedan presentar entre vecinos, el camino que les ha servido es el llamado al diálogo, a través de las comisarías de Policía, pues allí se dirimen los “encontronazos”.
Otro punto que destaca Rojas se enfoca en la prevención del consumo de estupefacientes en los jóvenes, ya que está convencido de que si lo frenan, evitarán que la delincuencia se apodere de los estudiantes y así impedir que “se conviertan en futuros asesinos”.
Este mismo escenario lo plantea el secretario Insandará quien asegura que las apuestas departamentales se han enfocado en la educación y la prevención de los delitos, sobre todo en los colegios, para que los jóvenes repliquen los mensajes en sus familias y se enfoquen en actividades culturales, sociales o deportivas. “Es la clave que deben reconocer los gobiernos, tanto locales como nacionales”, dice.
País de contrastes
Al cuestionarle sobre el mensaje que dan estos municipios a Carlos Velandia, investigador sobre paz y exmilitante del Eln, destaca que los gobiernos deberán apostarle a “respetar el Acuerdo, porque si de algo estoy seguro, es que si esto se mantiene, en unos años la cifra de municipios sin muertes se podrá multiplicar por 10, pero dependerá de lo que se haga”, asegura Velandia.
Además, sostiene que la presencia del Estado deberá ser fundamental en estos procesos, “pero no debe ser una presencia estática, sino activa y que se extienda en el tiempo, que deje satisfechas las necesidades básicas de las comunidades, por más recóndito que sea el lugar en el que se encuentren”.
Haciendo énfasis en los contrastes, Velandia también deja claro que en casi todo el territorio nacional hubo o hay presencia de grupos armados; sin embargo, los 44 municipios sin homicidios están ubicados en las zonas donde este tipo de grupos no fueron fuertes, lo que también plantea un reto institucional, que consiste en mantener esos indicadores y fortalecer, sobre todo, la educación de las comunidades y la oferta institucional.
¿Qué hacer para mejorar?
El secretario del Interior de Zapayán es claro: “Lo que se debe hacer es mantener campañas educativas que alejen a los jóvenes de los delitos. Y mejorar la presencia de pie de fuerza en municipios, relativamente pequeños, como el nuestro, pues para 11 mil habitantes tenemos solo 10 policías”, cuestiona el funcionario.
No obstante, también asegura que tener más uniformados no garantiza mayor seguridad, pero sí “permitirá que en el ingreso y la salida de los colegios los jóvenes se sientan protegidos ante quienes quieran inducirlos al consumo, lo que de una u otra manera se traduce en violencia”.
Pese a la poca presencia de uniformados, esto significa, dice el funcionario, que “damos ejemplo, pues nos muestra el buen comportamiento que ha tenido la comunidad y el resultado de las estrategias”.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aunque reconoce que es un reporte “bastante positivo”, la preocupación se mantiene en que la causa principal es la intolerancia. “Este no es un problema de un conflicto específico, sino es algo que tenemos que mirar introspectivamente como sociedad”.
Aunque todo este panorama es, en parte, alentador y los desafíos tienen que ver más con la estructuración de programas de convivencia ciudadana, el dato de los 44 no es del todo bueno ni esperanzador. No se puede olvidar que aún hay 1.058 municipios en los que sí hay asesinatos. Es decir, solo en el 4 % del territorio nacional no ha habido un homicidio, mientras que en el 96 %, sí.
Según cifras de Medicina Legal, 2017 fue el año con la tasa de asesinatos más baja en los últimos 30 años, llegando a 22 por cada 100.000 habitantes, contando 11.373 asesinatos. Esto, en contraste con otros países del continente, tampoco nos deja muy bien.
De acuerdo con Insight Crime, fundación dedicada al estudio de la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, varios países de la región nos llevan una importante ventaja en este tema.
En Costa Rica se presentaron 12,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. “Las cifras preliminares de las autoridades costarricenses indican que el país tuvo 603 homicidios durante 2017. El mayor número en la historia del país centroamericano, tradicionalmente considerado pacífico”, dice el informe.
Otro ejemplo es el caso del vecino, Panamá, ya que en 2017 se presentaron 383 asesinatos entre enero y noviembre de 2017 con una tasa de homicidios aproximada de 10,2 por 100.000 habitantes al cierre de 2017. También aparece Argentina que presentó una tasa de homicidios de 6,1 por 100.000 habitantes en 2016, período durante el cual se registraron 2.605 homicidios.
Según el Ministerio de Defensa, la tasa histórica más baja de homicidios en Colombia la tuvo Boyacá en 2017, con 6 por 100.000 habitantes. Un año con la muerte de ruana.
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