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Francisco José es un niño de 12 años y el deseo de convertirse en médico veterinario lo hace recorrer por dos horas, todos los días, el camino pedregoso desde la finca en la que vive hasta la escuela rural en la que cursa quinto grado de primaria.
Pero desde hace 9 meses su bicicleta se oxida en uno de los rincones del caserón de tapia y tejas de barro, todo porque el recrudecimiento de la guerra en su vereda no le permite ir a la escuela.
“Una vez iba a estudiar con mis otros dos amiguitos, íbamos apostando carreras cuando de pronto sentimos que empezaron a disparar. Lo único que hicimos fue tirarnos al piso y nos devolvimos, porque después los guerrilleros empezaron a correr por la montaña”, dijo Francisco José.
El relato de este pequeño, habitante de El Carmen, en Norte de Santander, es una historia calcada 2.564 veces. Allá en Catatumbo, el ELN, ‘los Pelusos’ y las disidencias de las Farc confinaron a las comunidades por las balas que dispararan desde cualquier montaña. Por su confrontación hay 2.564 niños deseosos de aprender, pero sin clases.
Cuando podían asistir al aula de clase en la que se reúnen los estudiantes de todos los grados y se reparten en un rincón los de primero, en el otro los de segundo, en el medio los de tercero y en las otras dos esquinas los de cuarto y quinto, a veces les ha tocado tirarse al piso y sentir cómo las balas rozan sus cabezas y, a veces, desastillan el tablero del salón.
La situación que Francisco José relató a este diario fue recogida en una denuncia que recogieron las Juntas de Acción Comunal de la región y que hicieron evidente en un comunicado.
“Los distintos presidentes de Asociaciones de los corregimientos de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama y Tibú, en coordinación con la comunidad educativa, hemos solicitado a todas las instancias posibles (judicial, gobierno nacional y departamental) que resuelvan la grave crisis en la que nos encontramos”, dice la denuncia.
En el mismo documento señalan que en la pasada visita “del señor presidente Gustavo Petro al municipio de El Tarra se comprometió con el Catatumbo; sin embargo, el gobernador, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional no han resuelto la grave problemática”, dice el comunicado.
EL COLOMBIANO buscó la voz oficial desde la Gobernación, pero no recibió respuesta de sus voceros.
Los efectos de la guerra
Desde comienzos de septiembre, las veredas Piedras de Moler, Caño Seco, Vijagual, Quince Letras, Santo Domingo, Ocho de noviembre y Aires del Catatumbo se han ido quedando solas. El retumbe de las explosiones y el eco de las balas desplazaron en los primeros días a 108 familias conformadas por 380 personas, de las cuales 127 son niños.
Los rezagos que dejan las confrontaciones en las comunidades los ha llevado a salir del territorio por salvaguardar sus vidas, pues en los caminos y potreros –y en las vías veredales– los campesinos se han topado con artefactos explosivos sin explotar.
Así lo registró una comisión de verificación humanitaria que viajó hasta la comunidad de San Pablo, en Catatumbo, donde los labriegos no quieren ir a sus cultivos de pancoger por el temor a volarse un pie con un artefacto explosivo dejado en sus tierras
“Comunidades denuncian que estos artefactos explosivos se encuentran desde los combates del 5 y 6 de agosto, y algunos llevan más de tres meses en el área. La misión constató que toda esta munición de alta potencia se encuentra en cercanía a las viviendas, en algunos casos a menos de dos metros de distancia, en los caminos de herradura y carretera principal, cerca de las fuentes hídricas y en los cultivos de la población campesina”, expresaron desde Asominga, entidad que realizó la visita humanitaria.
El 31 de enero, Francisco José tenía que presentarse a la escuela. Nunca llegó. La guerra lo devolvió ese día a su casa y hasta ahora no ha podido volver. Hoy deambula con su padre por los potreros arriando ganado, pero desea volver a pintar no balas y bombas, sino los ríos y las montañas que enmarcan a su escuela.