Continúan las noticias judiciales para el departamento de Santander. El Tribunal Supremo de Bogotá acaba de enviar al hoy gobernador santanderiano Didier Tavera a prisión preventiva, en su lugar de residencia, por las presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en este departamento durante el año 2016. El ente acusador le imputó los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según la Fiscalía existe una aparente suscripción irregular de tres contratos en 2016, los cuales habrían permitido beneficiar a terceros y, con esto, haber afectado el patrimonio del departamento en por lo menos 10 mil millones de pesos.
La noticia se conoce luego de la recaptura de otro exmandatario de este departamento, Hugo Aguilar, en la mañana de este miércoles por parte de miembros del CTI de la Fiscalía. En este caso la detención se dio por el incumplimiento de los acuerdos que se registraron durante la condena de Aguilar en 2013 por el delito de concierto para delinquir y sus nexos con el paramilitarismo.
Contexto
La Fiscalía investiga al gobernador de Santander, Didier Tavera, por las presuntas irregularidades en el contrato para la operación del PAE en colegios oficiales de 83 municipios no certificados de Santander, el cual tuvo un costo de $23.845 millones y fue adjudicado a Surcolombiana de Inversiones, único oferente habilitado en el proceso licitatorio.
En su momento, el Comité de Transparencia por Santander había advertido que el pliego de condiciones exigido por la Secretaría de Educación en la licitación del PAE departamental de la vigencia 2016 limitaba la libre participación de probables oferentes.
“El pliego de condiciones reunía una serie de requisitos que hacía que la participación de los oferentes en este proceso fuera demasiado baja, por eso hubo único oferente, porque en el cierre del pliego de condiciones estas estaban dadas para que así fuera y evitar que otras empresas pudieran participar”, señaló María Juliana Acebedo, vocera del Comité.
‘Zar’ en domiciliaria
Por este mismo caso, en el pasado mes de septiembre, Germán Trujillo Manrique abandonó el centro carcelario de San Gil donde se encontraba recluido y fue trasladado a su domicilio por miembros del Inpec a Bucaramanga. El beneficio de detención domiciliaria fue otorgado por el Juez Primero de Ejecución de Penas de San Gil.
Hace siete meses, el Juzgado Cuarto Penal de Bucaramanga condenó a 36 meses de prisión a Germán Trujillo Manrique, contratista del Programa de Alimentación Escolar, PAE, suscrito con la Gobernación de Santander en 2016, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Además, deberá pagar una multa de $562 millones 928 mil. A inicios del 2019, la Fiscalía ocupó seis bienes avaluados en $33 mil millones que pertenecían a Germán Trujillo.
