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Inicialmente Diana Osorio, esposa del alcalde Daniel Quintero y gestora social de Medellín, había imaginado que la ciudad necesitaba una Gerencia de Paz, que ayudara a coordinar los programas de la Alcaldía enfocados en paz, convivencia y víctimas, tal como ocurre en la Gobernación de Antioquia, o con la alta consejería en Bogotá. La promesa era reactivar las funciones de lo que fue, hace más de 19 años, la Oficina Asesora de Paz.
Sin embargo, con la planeación de dicha instancia, que inició el 28 de octubre pasado cuando Quintero ganó la Alcaldía, se dio cuenta, como le explicó a EL COLOMBIANO, que dicha tarea necesita mucho más peso dentro de la administración municipal, gestionar y ejecutar recursos y tener un asiento en el Consejo de Gobierno, donde se toman las decisiones más importantes de la ciudad.
Además, insiste, “quisimos dejar una instancia en términos de paz que no pudiera ser modificada de gobierno a gobierno, es parte de nuestra herencia. Quisimos darle a la paz el mayor nivel”.
Por eso es que la Alcaldía de Medellín creará la Secretaría de la Noviolencia, dedicada a “orientar y coordinar la construcción de la paz territorial en el municipio de Medellín, mediante la definición e implementación de estrategias relacionadas con la prevención de la violencia y hechos victimizantes que afectan la vida y los entornos de los y las habitantes de la ciudad”.
El documento que sustenta la creación de esta Secretaría, en la reforma en la estructura administrativa que lleva a cabo el alcalde con facultades especiales otorgadas para ello en el Concejo, dice además que esta dependencia se encargará de “la promoción de la justicia restaurativa y la seguridad humana integral que permita la transformación de los conflictos y la protección de la vida como valor fundamental”.
De acuerdo con Julian Marín, representante del Consejo Municipal de Paz, “en la ciudad históricamente ha habido un reclamo social a la institucionalidad por que se pudiera configurar una instancia que se encargara de todos los temas que tienen que ver con la paz, la reconciliación, la convivencia, derechos humanos, la memoria y las víctimas”.
Y agregó que lo que se espera desde la sociedad civil es que esta Secretaría sea una instancia articuladora entre las dependencias de la administración, los operadores de justicia (especialmente el sistema de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición), empresarios y organizaciones sociales; con un enfoque en la paz territorial, y que tenga una mirada civilista de la tramitación de los conflictos de diverso orden en la ciudad.
Aún no se conoce quién estará al frente de esta Secretaría, ya que no es posible un nombramiento sin que la dependencia esté creada formalmente. Se sabe que como cualquier secretario dependerá exclusivamente del alcalde y que tendrá a su cargo dos subsecretarías: Justicia Restaurativa y Construcción de Paz Territorial.
Tendrá en sus arcas, para lo que queda del cuatrienio, unos 73.000 millones de pesos que saldrán de los presupuestos que inicialmente habían sido planeados para participación, seguridad, asuntos carcelarios, apoyo a la reintegración e inclusión social.
Aunque con la atención de la pandemia los recursos pueden sufrir alguna modificación en el corto plazo.