Bajo el grave señalamiento de ser un supuesto cómplice del tráfico internacional de cocaína, el gobierno de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, configurando la más grave crisis diplomática en la historia reciente de ambas naciones.
La sanción, de carácter administrativo y financiero, también fue aplicada a su esposa Verónica Alcocer y su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, así como al ministro del Interior, Armando Benedetti.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.
Y agregó que “el presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Donald Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.
¿En qué perjudica a Petro?
La norma administrativa en la que se basó la entidad para imponer esta sanción es la Orden Ejecutiva N°14059, emanada por la Casa Blanca, la cual se aplica a ciudadanos extranjeros “por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente (sic) a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.
En el informe oficial sobre esta decisión, conocido por EL COLOMBIANO, el Tesoro recalcó que “Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína. La cocaína colombiana suele ser adquirida por carteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur. Es una sustancia regulada que representa una importante amenaza para Estados Unidos, a pesar de la reciente y frívola comparación de Gustavo Petro sobre su consumo con el whisky”.
Más allá de la alusión a esa hipérbole del Presidente, un comentario que resalta el tono político detrás de esta medida de la Casa Blanca, es innegable que la producción de cocaína alcanzó su pico más alto durante el presente mandato.
Entre 2022 y 2023 las hectáreas de coca pasaron de 230.000 a 253.000; y la producción del alcaloide saltó de 1.738 a 2.664 toneladas métricas anuales, según los registros disponibles de la ONU, al punto de que nuestro país genera el 71,84% de toda la cocaína que circula en el mundo.
En esto influyeron algunas políticas presidenciales, como la orden a la Policía de no criminalizar a los cultivadores y la disminución de la erradicación forzada, que cayó de 68.893 hectáreas erradicadas en 2022, a 9.403 en 2024.
El Tesoro recordó que Petro “es un exguerrillero elegido presidente en 2022”, y también puso en duda los motivos de su programa de “paz total”, uno de los proyecto más cuestionados de su mandato.
“Ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína. El 15 de septiembre de 2025, debido a las acciones de Gustavo Petro y sus secuaces, el presidente Trump determinó que Colombia es un importante país de tránsito o producción de drogas y que está incumpliendo manifiestamente sus responsabilidades en materia de control de drogas”, prosiguió el documento.
La entidad recalcó que el comportamiento del primer mandatario era “errático” y le sacó en cara la filtración de datos reservados que terminó en la suspensión de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de la red de información del Grupo Egmont, la principal organización internacional dedicada a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
“En 2024 compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros de comunicación contra el lavado de dinero, lo que amenazó la integridad del sistema financiero internacional y provocó la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia del Grupo Egmont. También se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cartel de Los Soles”, acotó el Tesoro, argumentando su decisión.
Dicha filtración ocurrió en una alocución televisada, en la que Petro publicó un reporte secreto sobre la compra del software Pegasus para interceptar comunicaciones en el gobierno anterior.
La respuesta del jefe de Estado colombiano no se hizo esperar, y en su cuenta de la red social X declaró: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa (sic) entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE. UU.”.
El presidente afirmó que “luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.
Un golpe al círculo presidencial
En cuanto a Nicolás Petro Burgos, a quien catalogó como “el heredero político” del jefe de Estado, la entidad estadounidense recordó que fue el líder en 2022 de su campaña presidencial en Barranquilla.
“En 2023 fue arrestado en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusado de canalizar dinero recibido del narcotráfico hacia las iniciativas de ‘paz total’ y la campaña electoral de Gustavo Petro. Admitió haber recibido dinero ilícito de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico y del hijo de un contratista que está siendo juzgado por financiar a paramilitares”, reza el documento.
Esto último fue en referencia a Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso Hilsaca (“el Turco”), un contratista estatal de la Costa Atlántica, quien fue investigado por nexos con las autodefensas; y a Samuel Santander Lopesierra (“el Hombre Marlboro”), quien fue extraditado a ese país en 2003 por narcotráfico.
En su defensa, Nicolás Petro publicó que “por el único hecho de ser hijo de Gustavo Petro me meten injustamente en la Lista Clinton. Una persecución política y judicial sin precedentes. Acudiré a organismos internacionales para defender mis derechos”.
Sobre la Primera Dama, Verónica Alcocer, la agencia estadounidense detalló que “fue designada inconstitucionalmente por Petro como embajadora en misión especial. Un tribunal colombiano anuló el nombramiento, al considerar que violaba el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohibe al presidente designar a su cónyuge”.
En relación al ministro del Interior, Armando Benedetti, el Departamento del Tesoro trajo a la memoria el escándalo de los audios filtrados a la prensa hace dos años, en los que insultó a la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, y le recordó que él había conseguido votos y $15.000 millones de pesos para la campaña en la Costa Atlántica.
“En 2023 se filtraron grabaciones de audio de Armando Benedetti, en las que habla de su participación en la financiación de campañas y la obtención de votos para Gustavo Petro”, anotó la entidad.
Benedetti también respondió en su cuenta de X: “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un narcotraficante. Para EE. UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”.
En el caso del ministro, del hijo y la esposa de Petro, su inclusión a la Lista Clinton se deriva de la misma Orden Ejecutiva que aplica para las personas que “hayan proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo” del principal sancionado, en este caso, el mandatario colombiano.
De manera extraoficial, se rumoraba que las sanciones afectarían a cerca de 35 individuos cercanos al mandatario, una situación que parece ser confirmada por el congresista republicano Carlos A. Gimenez. “Le advertimos a Petro sobre lo que vendría si no abandonaba su patético accionar. Ahora que coseche lo que ha sembrado. Sanciones para él y su familia. Y otros cuantos más que pronto se anunciarán. Saludos desde el Congreso de Estados Unidos”, comentó este viernes.
El mensaje despertó expectativas sobre qué otras personas próximas a Petro están en la mira, tanto de su familia como de su gabinete.
Las sanciones de la Lista Clinton provienen de los reportes de operaciones sospechosas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro.
Prohiben a cualquier persona y empresa de EE. UU. comerciar con los afectados y le congelan las cuentas bancarias y demás activos financieros, incluso en Colombia y en la mayoría de países.
Aunque su impacto es de carácter administrativo y económico, no se descarta que más adelante estas sanciones sirvan de insumo para investigaciones penales en contra de los implicados, como sucedió con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
En el plano político, la decisión de Estados Unidos le pone una cruz al jefe de Estado, intentando aislar a un funcionario obsesionado con ser reconocido como “un líder global”.
El juego duro contra la izquierda
Trump ha sido enfático en que quiere expulsar a la izquierda del hemisferio occidental y en los últimos meses les ha puesto la mira a sus dos principales representantes en Suramérica: Maduro y Petro.
Al primero le asignó una recompensa de US$50 millones por su captura, catalogándolo como jefe del cartel de los Soles, una estructura de narcotráfico transnacional.
Con el pretexto de bloquearles las rutas de tráfico al exterior, la Armada de EE. UU. desplegó en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, un contingente de 4.000 marinos en ocho buques de guerra y un submarino, que a la fecha han bombardeado 10 lanchas sospechosas, matando a cerca de 40 tripulantes.
La presencia bélica aumentará con el anuncio del arribo del portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, que incluye una flota de tres destructores y 75 aviones de combate.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca sofoca al gobierno de Petro con sanciones financieras y administrativas, incluyendo las supresión de visas para funcionarios estratégicos, la eliminación de apoyo económico para programas sociales (como los de USAID), aranceles del 10% y la descertificación en la lucha contra las drogas, que suspende millonarias transferencias de dinero.
La inclusión en la Lista Clinton del Presidente no perjudica directamente los activos de la nación, pero refleja el deseo político de Trump de minimizar a un adversario que considera un “líder del narcotráfico”, “matón” y “lunático”, como le ha dicho en varios escenarios.
Petro, que según la más reciente entrevista concedida a Univisión pretende ser “inolvidable”, queda en la historia como el primer presidente colombiano incluido en la Lista Clinton, algo que ni siquiera le ocurrió a Ernesto Samper (1994-98), a cuya campaña ingresaron dineros del narcotráfico.
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