Una vez se confirmó por parte de la Fiscalía General de la Nación que el exministro Álvaro Leyva Durán es víctima de las denominadas chuzadas al comprobarse las interceptaciones ilegales hechas a su teléfono durante el primer semestre del año 2013 (cuando era facilitador de la negociación de paz entre el Gobierno de ese entonces y las Farc), la reacción de los exfiscales generales no se hizo esperar.
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El primero en publicar un comunicado fue Néstor Humberto Martínez, quien no dudó en afirmar que lo ocurrido con Leyva Durán no había ocurrido bajo su administración a pesar de que a él se le había acusado de estar involucrado con las interceptaciones ilegales.
Por esa razón, dijo confiar en la justicia para “que ubique a los responsables de este delito y con los autores del montaje de que fui víctima. Mientras ello sale a la luz pública, de acuerdo con las investigaciones en curso, solicito se difunda ampliamente que, este nuevo hecho, evidencia que mi nombre no está vinculado a tan repudiables prácticas”.
Momentos después, fue Eduardo Montealegre quien también publicó un comunicado. El abogado, quien era la cabeza de la Fiscalía cuando ocurrió el caso de Álvaro Leyva, aseguró que su posición siempre fue la de respaldar el proceso de paz, “posición que realice por mis convicciones ideológicas, y no por “idiota útil” del terrorismo, como me califica el “criminal de guerra” Álvaro Uribe, autor por omisión, de delitos de lesa humanidad (caso del Aro y La Granja)“.
Pero las fuertes declaraciones del exfiscal Montealegre no se quedaron ahí. Afirmó ser el primer interesado en que las actuales investigaciones lleguen a las últimas consecuencias y le pidió al actual fiscal general, Francisco Barbosa, resolver todas las dudas al respecto y que, “a diferencia de Néstor Humberto Martínez, yo no acudiré “al tapen, tapen”.
Por ultimo, recordó que bajo su administración se tomaron “medidas contra las interceptaciones ilegales”.
