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La conformación de una Comisión de Instrucción en el Senado de la República, será el primer paso para que en este poder legislativo se estrene un juicio político contra un magistrado de la Corte Constitucional: Jorge Ignacio Pretelt, quien es investigado dentro de un presunto caso de corrupción para favorecer a la empresa Fidupetrol en la ponencia para el fallo de una acción de tutela.
Con el argumento de que el tema es álgido y casi inédito para el Senado, el congresista Armando Benedetti propuso que se delegara la conformación de esa comisión en el presidente, Luis Fernando Velasco, incluyendo a las diversas fuerzas que hay en el Congreso.
Velasco agradeció el gesto, pero dijo que no era una cuestión de confianza, sino de respeto a unas facultades que tiene la plenaria, pues de no obrar con sujeción a la ley quedaría viciada la formación y actuaciones de la Comisión de Instrucción.
Por lo tanto, añadió el presidente del Senado, en la próxima plenaria se deberá llevar una plancha única o hacer una votación para escoger a los 7 miembros que tiene la Comisión de Instrucción. Velasco recordó que, de acuerdo con el artículo 327 del reglamento del Congreso, dichos miembros deben ser elegidos por el sistema de cociente electoral y entre los requisitos se contempla que deben ser abogados titulados, o haber pertenecido a esa comisión y tener conocimientos penales.
Pretelt fue acusado ante el Senado por la Cámara de Representantes, luego de una votación con 96 votos a favor y 45 en contra. Se le acusa del presunto delito de concusión, al presuntamente haber recibido dinero para favorecer a Fidupetrol con un fallo de tutela, que le habría evitado cancelar una condena de 22.500 millones de pesos.
Colprensa reporta que por este mismo caso la Fiscalía General de la Nación radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao un escrito de acusación contra el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil. El ente investigador acusará ante un juez de conocimiento al expresidente de la Corte Constitucional por el presunto delito de tráfico de influencias.
Según la investigación, el exmagistrado habría usado sus influencias en el alto tribunal para intentar mediar en la Corte Constitucional una tutela para que saliera a favor de la firma Fidupetrol, y para ello habría recibido cerca de 500 millones de pesos por parte de Hélber Otero, socio mayoritario de la firma.