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Pese a la incertidumbre que había en el país por el fallo de la Corte Constitucional sobre la adopción de parejas del mismo sexo, se daba por descontado que la decisión, en cualquier sentido, generaría polémica y dejaría inconforme a tanto a quienes defendían la adopción igualitaria como a quienes se oponían a ella.
Con lo que se conoce de la decisión, pues aún no se ha hecho pública por completo, se puede afirmar que no constituye ni una derrota ni una victoria absoluta para ninguna de las dos posiciones, pues aunque no se autorizó la adopción tampoco se rechazó del todo.
Así lo afirmó Diego Alejandro Gamboa, reconocido activista de los derechos de la comunidad LGBT, “ aunque no conocemos completamente el fallo, nos parece que se ganó algo de terreno, pues al menos la Corte reafirmó lo que ya había dicho con el caso de Verónica Botero y Ana Elisa Leiderman. Lo más vergonzoso de todo es que el Congreso no se atreva a legislar, porque es incapaz de asumir la responsabilidad que la sociedad colombiana le encargó”.
“La Corte amplió el derecho, pero lo hizo de manera restringida, porque si una pareja del mismo sexo está en unión libre, pero no tiene el vínculo biológico con el menor, no lo podría adoptar, lo que constituye una desigualdad”, agregó Gamboa.
Tampoco quedaron a gusto
La iglesia tampoco quedó satisfecha con la decisión que tomó la Corte y así lo hizo saber la Conferencia Episcopal al manifestar que “reitera su desacuerdo con la denominada adopción consentida pues tampoco puede ser considerada como la vía idónea para garantizar derechos fundamentales”.
Monseñor Aníbal Rojas Bustamante señaló que “la decisión de la Corte se ajusta a lo que constitucionalmente se entiende por familia en Colombia, es decir la familia real, constituida por un hombre y una mujer. Lo demás es postizo y forzado”.
Por otro lado, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, fiel a su estilo de opinar sobre los grandes temas de la agenda, indicó que para este tipo de debates “se deben separar las condiciones religiosas del derecho. Hay estudios donde se indica que este tipo de adopción no afecta al menor. Gracias a la Constitución del 91 hemos avanzado muchísimo y espero más avances progresistas en el Congreso”.
Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia manifestó en otros medios de comunicación que “la posición de la Procuraduría ha sido no de atacar ni discriminar a las parejas homosexuales. En lo que hemos insistido es en que el tema debía replantearse en relación con la protección de los derechos del niño y el interés superior de los derechos de los menores”.
Por último, el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz en declaraciones a Colprensa afirmó que “en el fondo pesaron argumentos religiosos, así no se hubiera advertido abiertamente en el debate. Se les negó a los niños la posibilidad de tener un hogar amoroso, afectuoso, con una pareja del mismo sexo”..