La Fiscalía radicó un escrito de acusación en Bogotá contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS. El documento recoge cargos por peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control en el sector salud.
La acusación describe un esquema de ocultamiento de facturas y la disposición de utilidades que suman 70.563 millones de pesos, con impacto en los estados financieros reportados a la autoridad de control.
Los cuatro exdirectivos vinculados a la investigación ocupaban posiciones clave dentro de la estructura de la Nueva EPS. José Fernando Cardona Uribe se desempeñó como presidente de la entidad, liderando la organización durante más de una década hasta comienzos de 2024. En el área financiera, Juan Carlos Isaza Correa ejerció como vicepresidente administrativo y financiero, encargado de la planeación contable y de los reportes ante los órganos de control.
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En la gerencia contable se encontraba Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad y la consolidación de la información financiera de la EPS. Finalmente, Fabio Antonio Peralta Núñez ocupaba la gerencia de cuentas médicas, área que tenía a su cargo la recepción, registro y validación de las facturas presentadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) contratadas por la empresa.
La acusación incorpora, además, apartados de análisis contable y de gobierno corporativo. Allí se describe la relación entre las dependencias directivas y los sistemas de información usados para registrar la facturación y para consolidar los estados financieros que se presentaban ante la Supersalud.
¿Cómo funcionaba el entramado?
La investigación señala que entre 2019 y 2023 la Nueva EPS no procesó gran parte de las facturas que las IPS contratadas radicaban, lo que habría reducido los costos declarados y aumentado los ingresos reportados. Según la Fiscalía, esa práctica se hizo de forma sistemática por los niveles directivos, que tenían acceso a los sistemas contables que registran esa facturación.
Ese manejo habría permitido que los estados financieros reflejaran utilidades pese a que en realidad se presentaban pérdidas año tras año. De acuerdo con el escrito de acusación, esa imagen financiera ayudó a mantener la habilitación de la EPS ante la Superintendencia de Salud, evitando controles más profundos.
Además de esa práctica contable, la acusación atribuye a los exdirectivos la desviación de más de $70.500 millones mediante decisiones adoptadas sobre “utilidades” presentadas a los órganos de gobierno de la EPS, que luego se habrían destinado a cubrir pasivos de vigencias anteriores.
En detalle, en el escrito de acusación se consigna una tabla con las utilidades registradas por la Nueva EPS y el monto del peculado estimado en cada vigencia. Para 2019 se decretaron utilidades por 12.087 millones, con un peculado calculado en 3.127 millones. En 2020 la utilidad reportada ascendió a 27.051 millones, mientras que el peculado estimado fue de 15.445 millones. En 2021 ambas cifras coinciden en 41.592 millones y, finalmente, en 2022 se decretaron 10.400 millones en utilidades, que corresponden también al peculado estimado para ese año.
En conjunto, la suma señalada por la Fiscalía alcanza un total de 70.563 millones de pesos.
Al final, se intervino a la Nueva EPS. Tras esta, la Contraloría publicó hallazgos que dimensionan el deterioro financiero: con corte a marzo de 2025, las cuentas por pagar ascendían a $21,37 billones, con $10,5 billones en anticipos sin legalizar y $8,7 billones en facturas pendientes de proceso, según resúmenes técnicos recientes.
Sobre el caso de la Nueva EPS, el presidente Gustavo Petro citó a la Contraloría para afirmar que se habrían “escondido $5 billones” en cerca de 12 millones de facturas no contabilizadas, reveladas tras la intervención.
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