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Fiscalía alista nuevas imputaciones por caso Centros Poblados
El fiscal Francisco Barbosa entregó más detalles con los que espera dar con el paradero de los responsables del escándalo nacional.
14 de diciembre de 2021
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Con el fin de conocer el total de personas que están detrás de la pérdida de $70.000 millones de anticipo del contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC, la Fiscalía hará nuevas imputaciones.
De acuerdo al fiscal general, Francisco Barbosa, la próxima semana cuatro personas relacionadas al escándalo van a ser formalmente imputadas ante la justicia.
Sus declaraciones se dieron en la mañana de este martes 14 de diciembre, en las que aprovechó para señalar que el ente investigador está intentando “sellar preacuerdos con el propósito de recuperar la totalidad de los recursos que generaron una circunstancia de escándalo por parte de la opinión nacional, es decir, los $70.000”.
Las labores de investigación en este entramado corrupto vienen siendo lideradas por la Fiscalía y la Contraloría. Ambas tienen como objetivo recuperar estos recursos públicos que estaban destinados a llevar internet a zonas rurales de 15 departamentos.
EL COLOMBIANO conoció que si con los preacuerdos para colaborar con la justicia se logra dar con el paradero de los miles de millones, no habría necesidad de compulsar copias con fines de extinción de dominio.
¿Cómo va el proceso?
Las últimas movidas para colaborar con la justicia las han hecho el condenado contratista Emilio Tapia y Juan José Laverde, quienes junto a Luis Fernando Duque –representante legal de la unión temporal que está detrás del escándalo– son los procesados a día de hoy por el escándalo.
En el caso de Tapia, como señalado cerebro para quedarse con $100.000 del contrato, este ha hablado en dos ocasiones con la Fiscalía. Para esas intervenciones ha acudido al búnker ubicado en Bogotá a nombrar durante largas horas a más personas que habrían participado de este hecho.
Otro es Juan José Laverde, quien en interrogatorio con el ente acusador dijo que Tapia habría sobornado al exviceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla, para obtener beneficios al interior del Ministerio de las TIC.
Por esa acusación, el exfuncionario dijo que evalúa tomar medidas en contra de Laverde, pues, según ha dicho, él no tiene que ver con este escándalo ni jamás ha recibido “absolutamente nada de nadie”.
Más nombres
Otra persona que hizo parte de esa cartera TIC y a quien han relacionado con el caso es a la exministra Karen Abudinen, quien ya acudió a la Corte Suprema de Justicia para hablar en el marco de la indagación previa que se les sigue a varios congresistas por este caso.
Uno de ellos es Armando Benedetti, de quien dijo que la llamó para sugerirle que no caducara el contrato, pero sí lo cediera. Según ella, su respuesta fue hacer todo correctamente haciendo prevalecer la verdad.
Por otra parte, a finales de noviembre la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a tres funcionarios de la cartera TIC. Se trata de Adriana Meza, secretaria general; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Alberto Jiménez, director de Infraestructura.
Hasta el momento, y a falta de que la Fiscalía revele los nombres de los otros cuatro vinculados al proceso, Tapia y Duque permanecen con medida intramural, mientras que Laverde recibió detención domiciliaria.
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