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Algunos funcionarios en la sabana de Bogotá, al parecer, compraban predios rurales cercanos al casco urbano, pero a costo de tierra rural, para luego incluirlos en zonas de expansión urbana a través del Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y de esta manera aumentar, a través de un trámite administrativo, el valor de las propiedades.
La Fiscalía imputará cargos, inicialmente, contra cinco personas: el exalcalde del municipio de Mosquera Luis Álvaro Rincón Rojas, su esposa Edith Rocío Peñuela, el ex inspector de Policía Wilson Romero Castro, el concejal Víctor Julio Castellanos Jiménez y el contratista Ernesto Pinto Salazar, quienes deberán responder por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Para el caso de Mosquera, porque hay otros municipios en los que la conducta podría haber ocurrido, el “volteo de tierras” ocurrió en la vigencia 2008-2011 del POT. El 30 de diciembre de 2009, el Concejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo que días antes había presentado el entonces mandatario local Álvaro Rincón y mediante el cual se modificaba el POT que permitió incorporar un predio rural que pertenecía al alcalde al suelo urbano, expresó el ente acusador en un comunicado.
Con esta modificación se permitió, de acuerdo con la Fiscalía, ampliar la vía que pasaba por el predio incorporado y el lote, que valía 1.200 millones de pesos en 2008, pasó a valer 3.800 millones de pesos en 2012, por esta valorización la entidad investiga si un concejal recibió dinero para adelantar el trámite de la iniciativa.
El senador Juan Manuel Galán, quien interpuso la denuncia de esta y otras acciones presuntamente ilegales de tráfico de tierras en Cundinamarca, dijo esta mañana en Blu Radio que los funcionarios en cuestión no incluían en el perímetro urbano los predios que sí cumplían con los requisitos pero, en cambio, para favorecerse, incluían propiedades con problemas ambientales o de otro tipo, que en otras circunstancias no habrían sido urbanas.
Así mismo, el senador expresó que para evitar estas conductas ilegales, las CAR debería hacer parte más activa de los POT en todas las regiones del país.
La audiencia de imputación de cargos está programada para realizarse en Mosquera el próximo 25 de julio a las dos de la tarde.