En las 16 circunscripciones de paz está el 94,5% de la coca del país
Esta cifra alerta sobre la amenaza de seguridad en estas zonas y el posible interés de los ilegales en las 16 curules para las víctimas en el Congreso.
En esos territorios hay 134.978 hectáreas sembradas de coca, que representa el 94,5 % del total del país FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Han transcurrido cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, pero diversas zonas del país registran actualmente un recrudecimiento del conflicto con otros grupos armados ilegales. Y no se trata de situaciones aisladas, como es el caso de los 16 territorios en donde se elegirán a las víctimas del conflicto que ocuparán el mismo número de curules en la Cámara de Representantes a partir de 2022.
Al ser fruto de los acuerdos que le pusieron fin a un conflicto de más de 50 años, a esas curules se les llamó “de paz”. Pero, paradójicamente, las zonas donde serán elegidas están bajo una estela de violencia con los ingredientes necesarios para tener, otra vez, un escenario de conflicto: están tapizadas por cultivos de coca, hay presencia y enfrentamiento de ilegales y altos índices de homicidios.
En ese contexto, se trata de 16 circunscripciones que además de garantizar la representación política de las víctimas en el escenario legislativo, impondrán un reto a las autoridades nacionales en tanto que su elección se dará en 16 zonas rojas que están rodeadas de violencia y predominio de la ilegalidad con una bandera principal: el narcotráfico, una de las fuentes de financiación más grande de la guerra.
La garantía de participación política de las víctimas a través de 16 curules resurgieron gracias a la decisión de la Corte Constitucional, que determinó –cuatro años después– que el proyecto se hundió injustamente, pues 50 votos a su favor (bajo el procedimiento de ‘fast track’ en 2017) sí equivalían a mayorías del Senado de la época, ya que solo 98 congresistas estaban habilitados para votar.
Con esa determinación, el alto tribunal destrabó el enredo legal en el que estaban esas curules y el 26 de agosto, el presidente Iván Duque ordenó promulgar el Acto Legislativo 02 de 2021 para su creación e implementación. Así, las víctimas estarán en el Congreso en los periodos 2022-2026 y 2026-2030.
Preocupa la seguridad
Lograr que se valide constitucionalmente la legalidad de estas “circunscripciones transitorias especiales de paz” fue solo el primer paso. Su puesta en marcha con la elección en marzo de 2022 será otro reto –no menor– que tienen tanto las víctimas como las autoridades electorales, teniendo en cuenta que los territorios que conforman las circunscripciones (ver Recuadro) tienen a su alrededor un contexto de seguridad que, desde ya, genera alertas.
Se trata de 167municipios que, además de estar en su mayoría categorizados entre los más afectados por la violencia –al estar incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet)–, tienen en sus jurisdicciones cultivos de coca, que son el inicio de la cadena de producción de droga.
EL COLOMBIANO estableció que en esos 16 territorios hay 134.978 hectáreas sembradas de coca, que representan el 94,5% del total del país (142.783 hectáreas), de acuerdo a cifras entregadas en 2020 por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, recogidas por el Ministerio del Interior. Además, según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), estas zonas tienen presencia de disidencias de las Farc, Eln y grupos narcoparamilitares (ver Infografía).
En ese contexto, la directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, alertó que hay que garantizar la seguridad e integridad de víctimas que se postulen y de los electores en estos 16 territorios. “Cuando tienes candidatos que dan el salto del liderazgo social al liderazgo político en zonas de difícil acceso se pueden presentar grupos ilegales y organizaciones políticas tradicionales para aprovecharse e incidir de las 16 curules”, advirtió.
Víctimas son la prioridad
La representante de víctimas y lideresa social de Riosucio (Chocó),Yolanda Perea, planteó que ella ha recibido amenazas del Eln y el clan del Golfo, así como diferentes víctimas en el país, y considera que eso dificultará la aspiración a las curules. “Las autoridades tienen la obligación de impedir que estas curules terminen en manos de victimarios o de clanes políticos”, dijo.
Frente a estas preocupaciones, el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, aseguró que se defenderá a las víctimas de la criminalidad que los rodea y explicó que junto a la Registraduría y Procuraduría se puso en marcha un plan en las 16 circunscripciones para controlar que quienes se postularán sean víctimas certificadas, además, se vigilará la financiación y se sancionará con pérdida de investidura a quienes sean elegidos sin ser víctimas que habiten o estén en proceso de retorno a esos 16 territorios.
Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, reconoció recientemente que una de las preocupaciones del gobierno es proteger a quienes van a aspirar y elegir a las víctimas que ocuparán las 16 curules, por lo que resaltó que se aumentará la inversión en protección. “Para el proceso electoral la Unidad Nacional de Protección (UNP) tendrá un presupuesto de $1,3 billones, entendiendo las necesidades para garantizar la seguridad”, dijo.
Además, sobre la realización de los comicios el 13 de marzo de 2022 se aseguró que en las 16 circunscripciones habrá esquemas de protección diferenciales con vigilancia de las Fuerzas Militares y de Policía, para evitar alteraciones de los ilegales.
A pesar de que en estos territorios se realizan elecciones nacionales y locales, en esta ocasión el reto será mayor, pues los candidatos no serán actores políticos tradicionales, sino víctimas del conflicto y exmilitares víctimas, y el escenario de seguridad que rodea a los 16 territorios refleja un complejo escenario de violencia
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