El ICBF, de acuerdo con Restrepo Cañavera, no fue ajeno a esa tendencia. La entidad pasó de registrar 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 2022 a 9.795 contratistas bajo esta modalidad en 2024.
Ante este incremento, la directora aseguró que el instituto ya inició una revisión para establecer las razones que llevaron a ese crecimiento, determinar cuántos de los contratos respondían a necesidades reales y verificar qué resultados obtuvo la entidad a cambio de los recursos destinados.
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“Estamos revisando la contratación con rigor, contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto. Necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados”, afirmó la funcionaria.
Restrepo Cañavera sostuvo además que los resultados de esta revisión serán conocidos por la ciudadanía y que no habrá excepciones.
“Colombia va a saber lo que encontremos. Va a saber quién contrató, quién fue contratado, cuánto recibió, para hacer qué y qué entregó a cambio. Sin privilegios. Sin intocables. Sin esconder nada”, señaló.
La directora del ICBF agregó que, si durante el proceso se identifican posibles irregularidades, la información será documentada y remitida a los organismos de control y a las autoridades judiciales competentes.
Entre ellas mencionó a la Contraloría, la Procuraduría y, cuando corresponda, a la Fiscalía.
Restrepo Cañavera fue enfática en que los recursos de la entidad deben estar destinados a su propósito misional y no a intereses particulares.
“El ICBF no es el cajero de nadie”, afirmó. La funcionaria insistió en que el objetivo de la revisión es garantizar que la contratación responda a las necesidades de la institución y se traduzca en resultados para los niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Libro de De la Espriella revela presuntas irregularidades en Antioquia
Dos contratos por más de $47.000 millones —uno en la Universidad de Antioquia y otro para obras viales con Juntas de Acción Comunal (JAC)— figuran entre las presuntas irregularidades en el departamento denunciadas por Abelardo de la Espriella en el Libro de la Verdad, documento que expone supuestas anomalías en la contratación del gobierno de Gustavo Petro.
En este documento, también llamado el Libro de la Verdad, se dejarían en evidencia los escándalos que habrían puesto en riesgo la gestión pública del país con contratos corbata, nóminas paralelas, entre otros, detectados por el comité de empalme del nuevo gobierno.
Una de las denuncias en el departamento fue un contrato suscrito entre el Ministerio de Cultura y el Alma Mater, dentro del programa para la formación artística y musical en los territorios de construcción de paz.
Según este documento, estos se hicieron “mediante convenios interadministrativos de contratación directa y sin comparación de ofertas”.
Se estima que el valor de estos contratos, firmados entre 2024 y 2025, ascendieron a los $45.206 millones, los cuales habrían quedado bajo la vigilancia de un mismo supervisor. Serían los contratos 1661-2025 y 2169-2024.
En el informe entregado por el gobierno de De la Espriella se hace la claridad de que ambos contratos se revisaron mediante un análisis propio y no con hallazgos formales de la Contraloría ni un contraste con el Ministerio de Cultura ni con la universidad.
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Este hecho se encuadra en el paquete de 107 contratos que se suscribieron entre esta cartera y las universidades públicas regionales para lograr la cobertura en las regiones y las zonas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac).
Además de la UdeA, también se suscribieron esta clase de contratos con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Universidad del Cauca, la Universidad de Caldas y la Universidad Industrial de Santander (UIS).
La sumatoria de todos ascienden a los $353.878 millones y, según las verificaciones, 101 de los 107 contratos (94,4%) “se adjudicaron sin proceso competitivo, y no hay evidencia disponible de entregables, informes de supervisión, ni productos verificados”, señaló este informe. Además, se indico que el 62% de estos contratos ya fue pagado por el Estado.
Ante esta situación, desde el nuevo Gobierno Nacional hicieron el requerimiento para que se haga la verificación de entregable y se supervisen detalladamente las actas de entrega, principalmente en lo que corresponde a la Universidad de Antioquia, todo en el marco del plan de vigilancia y de control fiscal que se tendrá en 2026 y 2027.
Preguntas y respuestas
- ¿Por qué el ICBF decidió revisar sus contratos de prestación de servicios?
- La entidad inició una revisión debido al aumento significativo de los contratos de prestación de servicios registrados en los últimos años. La directora busca determinar por qué crecieron, si respondían a necesidades reales y qué resultados obtuvo el ICBF a cambio de los recursos destinados.
- ¿Cuántos contratistas por prestación de servicios tenía el ICBF?
- Según la directora María Carolina Restrepo Cañavera, el ICBF pasó de 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 2022 a 9.795 contratistas bajo esta modalidad en 2024.
- ¿Qué aspectos se revisarán de los contratos del ICBF?
- La revisión contempla el análisis de cada contrato, su objeto, obligaciones, productos, necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados. También se busca establecer cuánto recibió cada contratado y qué entregó a cambio.
- ¿Qué pasará si se encuentran posibles irregularidades?
- La información será documentada y, cuando corresponda, remitida a organismos como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que adelanten las actuaciones que sean de su competencia. La directora aseguró que los resultados de la revisión serán conocidos por la ciudadanía.
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