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Nueva imputación a Emilio Tapia por supuesta corrupción con contrato de Emcali

Según la Fiscalía, su consorcio de empresas falsificó documentos bancarios para ganarse dos contratos de más de $6.000 millones.

  • Emilio Tapia tiene varias investigaciones a cuestas por corrupción en contratos con el Estado. FOTO: ARCHIVO.
    Emilio Tapia tiene varias investigaciones a cuestas por corrupción en contratos con el Estado. FOTO: ARCHIVO.
12 de octubre de 2022
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Al empresario Emilio José Tapia Aldana, involucrado en varios de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años en Colombia, le formularon una nueva imputación por su presunta participación en un fraude con las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

La Fiscalía informó este miércoles que Tapia “estaría involucrado en la falsificación de documentos para quedarse con dos contratos por valor de 6.212 millones de pesos”.

Según el expediente, “en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante Emcali en 2021. Tapia, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente”.

La evidencia preliminar sugiere que el consorcio investigado falsificó dos Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, para hacerle creer a Emcali que cumplía con el requisito del aval comercial de un banco, que garantizaba - presuntamente - un crédito por el 30% del valor de cada contrato. De esta manera “demostraba” una solvencia financiera que en realidad no tenía.

Por esta situación, la Dirección Especializada de Fiscalías contra la Corrupción le imputó a Tapia los cargos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

El implicado ya había sido condenado a tres años de cárcel en 2015, por su participación en el llamado “Carrusel de la contratación” con la Alcaldía de Bogotá.

Actualmente está preso en la cárcel El Bosque, de Barranquilla, como medida preventiva por estar supuestamente involucrado en el escándalo de corrupción de “Centros Poblados”, en el que una trama de contratistas se apoderó de $70.000 millones destinados al montaje de redes de internet en varios municipios.

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