No son buenos tiempos para los indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
Como si la amenaza de la covid no fuese suficiente motivo de preocupación para los cuatro pueblos nativos, desde hace una semana cerca de 1.200 campesinos, presuntamente de la región, llegaron a ocupar el territorio Kutunsama perteneciente al resguardo Kogui Malayo Arhuaco.
La zona se conoce como la Lengüeta y está ubicada en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los ríos Don Diego y Palomino. Es la salida al mar de dicho resguardo.
Según manifestó el secretario del Interior de Santa Marta, Adolfo Bulla, se trata de campesinos que exigen al Gobierno cumplir con un acuerdo firmado desde hace varios años para tener acceso a tierra y producción agrícola.
Sin embargo, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas creen que, si bien es cierto que existen dichos compromisos con campesinos de la región, aseguran que detrás de esta invasión hay intereses ilegales, incluso creen que entre los ocupantes hay presencia de venezolanos.
Los predios, de unas 600 hectáreas, se encuentran en proceso de extinción de dominio y fueron entregados por la Sociedad de Activos Nacionales para su manejo a Parques Nacionales, que a la vez las cedió al resguardo.
Durante años han sido objeto de intentos de invasión y usurpación de terrenos, tal como lo manifestó en marzo de 2012 la Superintendencia de Notariado y Registro.
Las autoridades indígenas aseguran que el accionar de estos colonos, talando árboles y ampliando la frontera agrícola tendría graves consecuencias para la conservación del medio ambiente.
Por ello, el cabildo gobernador arhuaco de Magdalena-Guajira, Rogelio Mejía, pidió a las autoridades facilitar el desalojo de estos predios; garantizar los compromisos pactados con los campesinos legítimos de la región en materia de salud, acceso a tierra y trabajo productivo; y formar una mesa técnica para proteger a los pueblos de la Sierra de la amenaza del covid.
Esta situación sucede al tiempo que existe una crisis de gobierno entre el pueblo Arhuaco, el más grande de la Sierra Nevada.
Esta situación, que venía desde tiempo atrás, tuvo un capítulo crítico cuando el pasado 14 de agosto integrantes de la guardia indígena se llevaron de la sede administrativa del resguardo en Valledupar, contra su voluntad, al cabildo gobernador del pueblo arhuaco, José Arroyo; al secretario general, Hermes Torres; y al tesorero Reinaldo Izquierdo.
Su intención era llevarlos a comparecer hasta Nabusímake, capital de etnia (Pueblo Bello, Cesar), ante Zarwawiko Torres, quien reclama el poder como máxima gobernador del resguardo.
El asunto es así: desde el pasado 7 de agosto tiene lugar en Nabusímake la asamblea de este pueblo indígena. Allí se eligió como nuevo cabildo gobernador a Zarwawiko Torres, con la participación de entre 300 y 500 indígenas en representación de 24 de las 59 comunidades que conforman este pueblo ubicado en Cesar, Magdalena y La Guajira.
Según cuenta Leonor Zalabata, arhuaca y delegada de la Confederación Indígena Tayrona ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en Colombia, la asamblea estaba pensada para realizarse a mediados de este año, reconociendo la necesidad de un cambio de gobierno.
De hecho se habían adelantado reuniones y entregas parciales de informes de gestión, sin embargo, por la pandemia, se había llegado a un consenso de postergar la asamblea para garantizar todas las condiciones de participación.
Sin embargo, a pesar de las solicitudes de las autoridades de locales y la Procuraduría de no fomentar aglomeraciones que pusieran en riesgo la salud de arhuacos, la asamblea se realizó.
Tras ser elegido, Torres llamó al cabildo Arroyo para que entregara el cargo, pero al considerar Arroyo que el ejercicio fue ilegítimo, por no contar con la voz del pueblo en plenitud, desatendió el llamado.
Con intervención de la Policía, Arroyo no logró ser trasladado hasta Nabusímake y retornó a la sede el pasado sábado, con protección policial.
Por su parte, Hermes Torres y Reinaldo Izquierdo, según una carta firmada por Zarwawiko Torres, comparecieron en la asamblea en tanto que su requerimiento se ajustó a la normativa indígena.
En una carta de la Confederación Indígena Tayrona y la Organización del Pueblo Arhuaco, 168 líderes y mamos de esta etnia instaron a las autoridades locales y nacionales abstenerse de reconocer a Torres como representante legal de este pueblo, y brindar acompañamiento para restablecer el buen gobierno.
Consultado al respecto, el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena, expresa que Mininterior recibió “una carta de un sector de los arhuacos del Cesar para que el Ministerio medie. Estamos en toda la disposición de hacerlo, pero necesitamos que sea una decisión consensuada de la mayoría de los miembros de los arhuacos del Cesar que estuvieron en la asamblea”.
Zalabata cree que la crisis de gobernabilidad en el pueblo Arhuaco y la invasión en la Lengüeta no son hechos aislados. “Esto lo único que hace es favorecer intereses económicos en contra de la protección de la Sierra”.
