La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República amplió una denuncia en la Fiscalía por supuestas irregularidades encontradas en una fábrica de la Industria Militar Colombiana (Indumil), relacionadas con errores en el inventario y la destrucción de arsenal obsoleto.
Las pesquisas iniciaron en julio del presente año, cuando la misma Indumil reportó “hallazgos por presuntas irregularidades en los procesos de clasificación, custodia y disposición final de partes de armamento en la fábrica Santa Bárbara”, según la comunicación enviada por Transparencia al ente acusador.
Dicha factoría está ubicada en el municipio de Sogamoso, en Boyacá, y se encarga de producir y comercializar explosivos, bombas, detonadores, pistolas, escopetas, revólveres y municiones, entre otros implementos.
En su reporte a la Fiscalía, la Secretaría mencionó que había nuevos hallazgos en ese caso, los cuales fueron remitidos el 6 de noviembre de 2025 para ampliar la denuncia hecha en julio.
“Me permito remitir, en anexo, ampliación al traslado de hallazgos, en el cual se complementa la información inicialmente puesta en conocimiento de esa Fiscalía, incorporando los nuevos reportes y hallazgos remitidos por la Oficina de Control Interno de Indumil frente a la posible pérdida, desvío, manipulación irregular o simulación en la destrucción de material armamentístico”, comunicó Carmen Arenas de la Hoz, la secretaria de Transparencia encargada.
Dentro de los hallazgos, al parecer, están 502 granadas de 40 milímetros que fueron sacadas del inventario oficial, como si las hubieran dado de baja por obsoletas, pero estaban almacenadas en una bodega.
También el almacenamiento irregular de 10 bombas aéreas, de 250 y 500 libras, que todavía tenían la carga activa.
El desvío irregular de material bélico de las brigadas, armerillos y fábricas de Indumil, es un grave problema que, si bien existe hace décadas, en los últimos dos años parece haberse incrementado, de cuenta de la expansión de los grupos armados ilegales en Colombia. En la Inspección General del Ejército reposan varias investigaciones disciplinarias por esos hechos.
EL COLOMBIANO le consultó este tema al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, en una entrevista publicada la semana pasada.
Le preguntamos, ante las denuncias públicamente conocidas, qué tan profunda es la corrupción en los armerillos militares, a lo cual respondió: “Aunque llegue a ser pequeña, es supremamente grave, porque una sola arma o información que salga al interior de la Fuerza le hace daño a la seguridad y al prestigio de las Fuerzas Militares y de la Policía”.
Recalcó que “creamos la Junta de Transparencia al interior de la del Ministerio de Defensa y ahí nos reunimos para analizar los diferentes casos y poder actuar contra ellos con contundencia. Al momento, desde que se activó esa junta y lo que llevamos en este año, más de 250 operaciones hemos realizado, en las cuales hay alrededor de unos 200 funcionarios de la Policía vinculados con estos delitos, 50 de la Fuerza Militar, pero también jueces, fiscales, funcionarios públicos, exalcaldes, alcaldes, excongresistas y funcionarios públicos. La invitación aquí es que denuncien llamando al 157”.
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