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JEP le exige a Rueda que se ocupe de proteger a los exFarc
Los magistrados le reclamaron al funcionario por pedir una nueva prórroga para presentar el plan para desmontar las estructuras responsables de los crímenes de excombatientes.
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El comisionado Danilo Rueda (derecha) compareció a la JEP en compañía de Gloria Cuartas, quien es directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. FOTO: JEP
Un duro cara a cara protagonizaron los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, por cuenta de la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro.
El rifirrafe se dio en medio de una audiencia a la que fue convocado el funcionario para dar explicaciones sobre cómo ha implementado el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, y en qué va la Comisión Nacional de Seguridad para evitar más asesinatos de excombatientes y líderes sociales.
Si bien estaba previsto que el comisionado presentara el plan con el que el Ejecutivo busca desmontar las estructuras responsables de los crímenes de quienes se acogieron al Acuerdo, Rueda pidió una nueva prórroga y se comprometió a entregar la política de desmantelamiento y el plan de acción en 90 días. Es decir, el 25 de mayo.
“Para el Gobierno cualquier asesinato o amenaza contra un excombatiente es un golpe duro al proceso de construcción de paz, que tiene muchos riesgos y que tiene la posibilidad, si fracasa, de que la multiplicidad de violencia que persiste y se consolida en los territorios sea el rumbo para el país”, advirtió Rueda.
Sin embargo, ante la solicitud de una nueva prórroga de la política pública (teniendo en cuenta que tenía que entregarla el 16 de enero), hubo molestia en la JEP.
La magistrada Reinere Jaramillo hizo visible el descontento y pidió mayor celeridad para concretar la política, teniendo en cuenta que desde 2016 hasta febrero de este año fueron asesinados 356 firmantes del Acuerdo.
“90 días es un término bastante largo. La magistratura ha ordenado hace más de dos años al Gobierno Nacional, no importa cuál sea el de turno, que emita esa política. Debe ser objeto de reflexión que se entregue en el menor tiempo posible”, reclamó la magistrada.
Previamente, el magistrado Gustavo Salazar cuestionó si los avances de la política de “paz total” tenían efectos colaterales en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
“La preocupación que asiste a varios de los magistrados es ¿por avanzar en el proceso de ‘paz total’ se puede ir en desmedro del Acuerdo de Paz firmado en el 2016?”, alegó.
En respuesta, Rueda advirtió que si no se cumple el Acuerdo de Paz “no hay nada que hacer”, pero en todo caso se requiere una “intervención integral del Gobierno en los territorios”.
“Si el Acuerdo de Paz fracasa, estaremos abocados a nuevos años de violencias, mucho más desdibujadas, escabrosas y terribles. No es una afirmación apocalíptica, es solamente una visión realista de lo que está sucediendo”, dijo Rueda.
En ese sentido, el comisionado defendió que han realizado diálogos exploratorios con grupos armados y delincuenciales y que en todos esos acercamientos no solo se ha ratificado la necesidad de que cesen los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales, sino que han exigido un respeto irrestricto a sus vidas: “No es tolerable ningún asesinato, tortura o desaparición”, agregó.
Rueda también fue cuestionado por la Procuraduría por las pocas reuniones de la Comisión de Seguridad en lo que va del gobierno Petro: apenas 3, pese a que el ideal es un encuentro mensual.
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