La guerra en Colombia no se cuenta de una sola vez. Se sigue escribiendo, testimonio tras testimonio, con hechos que se acumulan y vuelven a aparecer, incluso décadas después, para recordar que la crueldad tuvo método. Cada nueva decisión judicial agrega nombres, rostros y detalles a una historia que parecía conocida, pero que siempre resulta peor cuando se mira de frente.
Eso es lo que vuelve a quedar al descubierto con la más reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los crímenes cometidos en Norte de Santander. Allí, en una región atravesada por el conflicto, civiles fueron convertidos en piezas de un engranaje criminal que mezcló dinero, presión por resultados y desprecio absoluto por la vida.
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La Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró ajustada a derecho la investigación sobre 120 asesinatos y una tentativa de homicidio presentados ilegítimamente como bajas en combate en Norte de Santander y determinó que, además de homicidio y desaparición forzada, ocho de los máximos responsables incurrieron en el crimen de lesa humanidad de esclavitud y el crimen de guerra de tortura.
El Tribunal concluyó que los hechos reconocidos por el general Paulino Coronado Gámez, cuatro coroneles, otros cinco oficiales y suboficiales y un tercero civil, correspondieron con la gravedad de las conductas perpetradas entre 2007 y 2008.
La magistratura estableció que la selección de los 11 imputados cumplió con los requisitos legales al recaer sobre quienes ejercieron roles esenciales dentro del patrón criminal. La Sección imputó el crimen de lesa humanidad de esclavitud, en concordancia con el delito de trata de personas, a ocho de los máximos responsables. El fallo determinó que, en la segunda modalidad del patrón criminal, existió un “negocio criminal de compraventa de personas”.
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Así operaba la estructura ilegal
No eran combatientes. Eran jóvenes pobres, campesinos, hombres que salieron de sus casas buscando trabajo o aceptando ofertas que prometían unos pesos. En el camino fueron entregados como mercancía. La JEP estableció que intermediarios y organizaciones criminales los reclutaban y los trasladaban para luego entregarlos a unidades militares. Cada muerte servía para inflar estadísticas. Lo que el país conoce como falsos positivos.
Antes de morir, muchos pasaron por el control total de quienes decidieron su destino. La Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyó que al menos 29 personas fueron sometidas a esclavitud. Se ejerció sobre ellas poder absoluto, se les privó de su libertad y se les trató como objetos intercambiables.
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La JEP también reconoció que hubo tortura. Los relatos de las víctimas y de sus familias hablan de golpes, amenazas, miedo prolongado. El dolor no fue un accidente ni un exceso, era parte del plan.
Los asesinatos, ocurridos entre los años 2007 y 2008, no terminaron cuando cesaron los disparos. Continuaron durante años en la búsqueda. Madres que recorrieron morgues y batallones, mujeres que aprendieron a leer expedientes. La JEP documentó cómo estos crímenes afectaron de manera distinta a hombres jóvenes, convertidos en blanco por su pobreza, y a mujeres obligadas a convertirse en buscadoras incansables.
Tras revisar pruebas, escuchar a las víctimas, a los responsables, a sus defensores y al Ministerio Público, el tribunal concluyó que existe correspondencia entre los hechos, las confesiones y la responsabilidad de 11 integrantes de la fuerza pública señalados como máximos responsables.
La decisión ajusta la calificación jurídica para que la verdad sea completa. No cambia lo ocurrido, pero sí lo nombra con precisión. Se trató de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra población civil indefensa.
El proceso contra los militares avanza ahora hacia su fase final. Los comparecientes deberán ampliar y ratificar su reconocimiento en una Audiencia Pública de Verificación. Solo entonces se evaluará si cumplen las condiciones para recibir sanciones propias, que no buscan castigo tradicional, sino reparación y restauración.
En esa línea, la JEP priorizó proyectos con fuerte carga simbólica y territorial. Una Casa Campesina Multipropósito en el Catatumbo, un parque memorial en Bogotá que recuerde a las 6.402 víctimas y un documental que recoja las verdades de la región. Son intentos de devolver dignidad allí donde fue arrebatada.
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