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Al general (r) Mario Montoya lo imputarán la Fiscalía y la JEP

  • El general (r) Mario Montoya es investigado desde 2016 por la Fiscalía, en las próximas semanas será imputado por ejecuciones extrajudiciales y por destrucción de pruebas. FOTO Colprensa
    El general (r) Mario Montoya es investigado desde 2016 por la Fiscalía, en las próximas semanas será imputado por ejecuciones extrajudiciales y por destrucción de pruebas. FOTO Colprensa
Publicado el 02 de agosto de 2021

El ente acusador no puede tomar decisiones de fondo en este caso, ya que el oficial está sometido a la justicia transicional.

“Las bajas no son lo más importante, son lo único”, estableció el general Mario Montoya en una directiva del 5 de abril de 2006, tras un mes de ser nombrado como comandante del Ejército Nacional, tal y como reposa en los expedientes en la justicia ordinaria y la JEP. Diez años después, la Fiscalía General de la Nación empezó a investigarlo como presunto responsable de ejecuciones extrajudiciales sin ningún resultado. Por eso sorprendió el anuncio del fiscal Francisco Barbosa, quien afirmó que lo imputará ante un juez por dos delitos.

“Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad”, dijo Barbosa en una entrevista publicada el domingo por la Revista Semana.

Estas muertes fueron reportadas por unidades del Ejército de las Divisiones Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Séptima y todas ellas ocurrieron mientras Montoya era comandante del Ejército, “todas las víctimas fueron presentadas como muertos en combate, ninguna de ellas murió en combate, todas estaban o fueron colocadas en situación de indefensión o inferioridad; en estos casos ya hay sentencia condenatorias ejecutoriadas”, dice un documento de la Fiscalía compartido con EL COLOMBIANO.

De acuerdo con el fiscal general, el ente acusador ha recabado información suficiente que demuestra cómo el general Montoya, hoy retirado, privilegió las bajas sobre las capturas y desmovilizaciones, y cómo ordenó la destrucción de los documentos que lo implicaban en el sistema de premios que permitió la comisión de los falsos positivos, este último es el segundo delito que se le imputará.

“Desde que Montoya llegó a la comandancia del Ejército ordenó que debían ser exaltados con permisos, condecoraciones, viajes y felicitaciones a los oficiales, suboficiales y soldados que cumplían con la cantidad de muertos en combate por él exigidos. Según la Circular No. 62162 para que un oficial recibiera el reconocimiento de la Condecoración de Servicios Distinguidos en Orden Público debía cumplir con una cuota de muertos en combate”, dice el documento.

¿De quién es la competencia?

Esta decisión del ente acusador se da a pocas semanas de que la Jurisdicción Especial para la Paz impute a Montoya, como ya lo ha hecho por las ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por 25 militares y un civil en Catatumbo y el Caribe colombiano (se trata de dos imputaciones de las seis que se esperan, una de ellas en Antioquia donde Montoya fue comandante de la Cuarta Brigada).

La JEP estableció en los dos casos mencionados que los falsos positivos hicieron parte de una política sistemática en los batallones y brigadas de los que tratan los autos, pero aún no se ha determinado hasta qué punto la jerarquía institucional está cobijada por la ilicitud de esas conductas.

El mismo general (r) Montoya trató de bajarle el nivel a las órdenes que dio. En una de las audiencias ante la JEP dijo que fueron algunos soldados rasos “díscolos” y con “poca educación” los que decidieron asesinar inocentes para pasarlos por guerrilleros: “Los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos”, aseguró Montoya en ese momento.

Las familias de las víctimas se ofendieron tanto con esa declaración que de inmediato pidieron a la JEP que excluyera al oficial (r) porque no aportaba a la verdad plena.

En parte, por eso celebran que la Fiscalía haya decidido imputar al general. “Quienes llegan a la JEP con investigaciones más avanzadas muestran una vocación de contribuir a la verdad. Esperamos que eso pase ahora y Montoya comparezca en la JEP, no en esa tónica de presentarse como un héroe de la Patria sino de reconocer que se presentaron crímenes y admitir tanto la verdad como la responsabilidad. Este es un mensaje de que no hay nadie por encima de la justicia”, argumentó Sebastián Escobar, defensor de varias familias.

Y es que, como dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rigths Watch, la decisión del fiscal se da más como un acto simbólico, porque como Montoya está sometido a la JEP, la Fiscalía no puede tomar ninguna decisión de fondo.

De acuerdo con la ley estatutaria que dio vida a la justicia transicional, el ente acusador conserva la obligación de investigar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante el conflicto y puede hacerlo hasta tres meses antes de que la JEP emita su resolución de conclusiones, es decir, antes de que acuse formalmente a los comparecientes ante el Tribunal para la Paz. Sin embargo, la Fiscalía no puede llevarlos ante un juez ni emitir órdenes de captura.

Así que, de momento, el general (r) Mario Montoya seguirá en libertad, pero toda la investigación de la Fiscalía aportará al expediente de la JEP en su contra.

104
homicidios ocurridos entre 2007 y 2008 le serán imputados a Montoya por la Fiscalía.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Competencia complementaria

Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, explicó que en este caso se presenta una competencia concurrente y complementaria entre la JEP y la Fiscalía, y que, en ese sentido, ambas jurisdicciones pueden investigarlo e imputarlo. Ahora bien, señaló el analista, “solo una de las jurisdicciones puede tomar decisiones de fondo y la JEP es prevalente”. Andrés Garzón, abogado de Montoya, aseguró que es improcedente que la Fiscalía impute cargos por la preferencia del sistema transicional, así que seguramente será la Corte Constitucional quien resuelva el choque de competencia.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.


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