El presidente Gustavo Petro confirmó que el adolescente capturado tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay estuvo en uno de los programas encabezado por el Gobierno Nacional.
La afirmación la realizó a través de su cuenta de X donde detalló que inicialmente las autoridades distritales de Bogotá habían identificado una situación de conflictividad y agresividad en el menor de edad.
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“El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas, y pasó a uno de los programas de mi gobierno: “jóvenes en paz””, explicó Petro, agregando que los profesionales informaron que el adolescente “demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vinculos intersociales (sic)” y duró dos meses, retirándose voluntariamente.
¿Qué es el programa Jóvenes en paz?
La iniciativa Jóvenes en paz es liderada por el Ministerio de Igualdad y fue creada para brindar apoyo integral a integrantes de este grupo poblacional que presentan situación de vulnerabilidad.
El objetivo del programa es que jóvenes de 14 a 28 años redujeran la violencia, promovieran la paz y pudieran acceder a derechos fundamentales a través de estrategias en donde también estaban involucrados los ministerios de Educación, Interior, Salud, Comercio y el Servicio Público de Empleo.
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El programa fue criticado por el mismo presidente Petro el pasado mes de mayo, cuando reconoció públicamente que dicha política bandera de su administración había fracasado.
“Hay que comenzar a hablar del fracaso de la política de Jóvenes en Paz. Habíamos planteado 100.000 jóvenes. 432 es nada. La intención de esa política es competir con las mafias en la atracción de los jóvenes, para que no ingresen en actividades ilícitas”, mencionó en uno de los Consejos de Ministro televisados.
El programa ha tenido fallas en retraso de algunos pagos y su cobertura. De hecho, ni las mismas entidades estatales tienen un consenso claro de las cifras, pues mientras al mes de mayo, MinIgualdad indicaba que al programa se habían vinculado 28.886 jóvenes, cifras oficiales datan que son menos de 19.000 los beneficiados por esta política.
EL COLOMBIANO conoció en exclusiva las fallas de esta política. Dentro de los inconvenientes que ha presentado el programa hay retrasos de más de ocho meses en los subsidios, denuncias de preinscritos “desaparecidos”, huelga de los beneficiarios, caos administrativo y hasta posibles fines electorales de cara al 2026.
Sobre el subsidio que mensualmente deben recibir los beneficiarios de la política, quienes deben de cumplir una serie de actividades de formación para recibir el dinero durante un año, algunos jóvenes se han visto en la obligación de interponer tutelas y recursos legales para recibir dicha remuneración.
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“Nos encontramos inconformes, perjudicados, descontentos, desmotivados, en desacuerdo, frustrados, aburridos y tristes por la manera que se ha venido desarrollando el programa en cuestiones administrativas, que se ha evidenciado en el no cumplimiento en las fechas de las transferencias monetarias condicionadas y en su lugar hemos visto un retroceso permanente”, dice un derecho de petición conocido por este medio.
Las dificultades se han presentado en zonas como Chocó, Cauca, Valledupar, Antioquia, Norte de Santander y Bogotá. Ha sido tal la molestia que desde Valledupar un grupo de beneficiarios del programa publicó en mayo un comunicado titulado “Jóvenes en Paz Sí, pero no Así”.
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“Jóvenes en Paz no puede ser reducido a una política asistencialista, mucho menos puede ser ejecutado con la mediocridad que caracteriza la apropiación politiquera de la institucionalidad”, decía una parte del documento.
Las inconformidades también la han presentado funcionarios que se han visto afectados por el caos administrativo, a tal punto que crearon el sindicato Sindipaz para exigir que Unión Temporal Territorio y Paz, administradores del programa, cumpla con lo prometido a los trabajadores.
