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El proyecto de ley para reformar el código disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, que ya fue aprobado en el Senado (con 53 votos a favor y 9 en contra) y la Cámara (con 102 votos a favor y 28 en contra), ha generado una agitada polémica en el ámbito legislativo.
La discusión que generó este proyecto, de autoría de la misma procuradora Margarita Cabello, surgió por cuenta de las nuevas facultades que tendrá el ente de control con el nuevo cuerpo normativo para iniciar los procesos contra servidores públicos en el país.
Esta reforma fue presentada para ajustar la legislación a la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la improcedencia de declarar destituidos a los funcionarios elegidos por voto popular, tras el caso de destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
Posiciones encontradas
La procuradora Cabello defendió que la propuesta busca ampliar las facultades jurisdiccionales, lo que le permitirá a la entidad actuar como juez en los casos con sanciones que impliquen destitución o inhabilidad de funcionarios.
También explicó que se busca que en las investigaciones y juzgamientos intervengan diferentes funcionarios del Ministerio Público con el objetivo de que diferentes personas cumplan esas dos funciones.
Además, el tercer foco del proyecto, según el ente de control, es crear una sala especial de juzgamiento en la que se abordarán los casos que requieran doble instancia, como una garantía para la impugnación, como respuesta a la sentencia de la Corte IDH.
Una de las que cuestionó la propuesta fue la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien advirtió que esta reforma le daría facultades al ente de control, con las que se podrían autorizar allanamientos e intervenir comunicaciones. “Aunque el proyecto otorga facultades jurisdiccionales, las mismas se mantienen en una institución de carácter administrativo, y no son trasladadas a un juez penal”, planteó.
Además, la vocera del MOE expuso que la propuesta no responde al fallo de la Corte IDH ya que, de acuerdo al artículo 23 de Convención Americana, solo con la condena de un juez competente, en un proceso penal, se podrían imponer sanciones de inhabilidad o destitución para funcionarios elegidos popularmente.
A la polémica se sumó un grupo de congresistas que rechazó la iniciativa: Angélica Lozano y Antonio Sanguino (Partido Verde); Alexánder López, Iván Cepeda, Wilson Arias y Alberto Castilla (Polo Democrático); Roy Barreras y Roosvelt Rodríguez (Partido de la U); Gustavo Bolívar (Mais); y el liberal Guillermo García.
Entre sus argumentos señalaron que el proyecto no va en línea con el fallo del tribunal interamericano ya que se planea convertir a los procuradores en jueces que, dicen, no serían controlados por la Comisión de Disciplina Judicia.
“La Procuraduría especifica una serie de poderes jurisdiccionales que pueden ser ejercicios sin previa orden de un juez, tales como allanamientos, seguimiento de personas, interceptación de comunicaciones electrónicas y físicas”, criticaron los congresistas, que añadieron que se aumentaría la burocracia al crear una serie de cargos en la entidad.
De hecho, en una columna de opinión publicada el pasado domingo en EL COLOMBIANO, Cabello aseguró que se trata de una reforma que busca “cero impunidad” y no burocracia ni mayores poderes.
“Su objeto es otorgar mayores garantías a los servidores públicos investigados, incluidos, por supuesto, los de elección popular, y evitar la impunidad que se generaría sin las modificaciones propuestas”, apuntó.
A pesar de la polémica y discusión generada, este proyecto pasará a conciliación, después de conseguir la aprobación de las mayorías en el Congreso, y posteriormente pasará a ser sancionada por el presidente Iván Duque