Fue una de las primeras declaraciones del recién nombrado ministro de Defensa, Guillermo Botero, “respetamos la protesta social pero también creemos que ésta debe ser ordenada y que represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”.
Esto como antesala de una norma que seguramente será debatida en el Congreso, pues afirmó que “el próximo gobierno podrá realizar grandes avances si logra promover una ley que camine en ese sentido”, en síntesis, Botero propone reglamentar las protestas.
Las críticas se hicieron evidentes. Sindicatos, agremiaciones y sectores políticos de oposición rechazaron lo que consideran “represión a las luchas sociales”. Botero se ampara en que en el último mandato los paros crecieron el 60%, paralizando ciudades y en ocasiones el país.
Este será uno de los temas que tendrá que enfrentar el gobierno Duque, y no se trata solo del Ministerio de Defensa. Las protestas abarcan ocho sectores, entre ellos: los educadores, los transportadores de carga y los agricultores.
Si bien, el gobierno manejó las crisis a través del diálogo, varios sectores continúan insatisfechos y es probable que tomen vías de hecho para hacer sus reclamos. Los docentes ya tienen programado un día para el 25 de julio. Debido a esta situación el nuevo gobierno deberá cuidarse del reclamo social y atender las necesidades de los distintos sectores para no verse en calzas prietas como su predecesor.
Según el experto en políticas públicas de la Universidad Externado, Gonzalo Ordóñez, hay paros que se pueden evitar, otros no: “los segundos son los más complicados porque hacen más parte de un trabajo de oposición política que de un reclamo social. Así que, por más que el gobierno tenga herramientas para tratar de evitarlos, es imposible”.
Agrega que hay mecanismos de evaluación “que permiten hacer seguimiento a los compromisos. Es decir, el gobierno debe mostrar resultados anticipándose a las manifestaciones Hay indicadores, mediciones, estudios que tienen ese objetivo. Sin embargo, eso aún no se ha implementado en la gestión pública”.
No obstante, es una realidad que para solucionar los paros se necesitan recursos y según José Fernando Bedoya, profesor de la facultad de Gobierno del Externado, las peticiones de los sectores se atienden con presupuesto. “Sin embargo, está cada vez más restringido debido a los compromisos relacionados con deuda pública, vigencias futuras, gasto social y pensional”.
Este fue un dolor de cabeza para el presidente Santos quien incluso llegó a reconocer que dio “papaya” cuando aseguro que “el tal paro no existe”, haciendo referencia a la protesta agrícola. El Código de Policía ya plantea medidas restrictivas. Pero, como plantea Botero, saldrán más normas .
