En Colombia, hablar de justicia racial en el Estado es enfrentarse a un espejo incómodo. A más de tres décadas de que la Constitución reconociera a la nación como pluriétnica y multicultural, la población afro —que representa el 10% del país— solo ha conseguido un 1% de representación en el Ejecutivo, rama del poder donde se toman gran parte de las decisiones que moldean la vida colectiva.
Así lo confirma un reciente informe de ILEX Acción Jurídica, organización liderada por mujeres afrodescendientes. En los ministerios y departamentos administrativos las cifras revelan una realidad que no sorprende, pero que debería escandalizar: el Estado colombiano no refleja la diversidad racial del país.
“La falta de representación no solo invisibiliza a la población afrocolombiana, sino que empobrece la toma de decisiones”, señala el informe. “Un Estado homogéneo reproduce los sesgos de la sociedad”.
Resistencia y representatividad
Desde 2002, solo 9 personas afrocolombianas han ocupado ministerios. La cifra incluye a nombres que hoy se mencionan como símbolos de cambio —Francia Márquez, Aurora Vergara, Luis Gilberto Murillo—, pero que en perspectiva no alcanzan a compensar décadas de exclusión.
Aunque estos nombramientos suelen celebrarse como avances, la realidad es que —como lo explica Johannis Ardila Ardila, politóloga afrodescendiente y especialista en políticas públicas— la llegada de personas negras al poder no significa necesariamente que el racismo estructural haya cedido. “Francia encarna a esa mujer que puede incidir en la toma de decisiones y acercar las agendas del pueblo negro y de las comunidades vulnerables a espacios de poder que históricamente no habíamos podido ocupar”, dice.
Pero agrega que “eso no implica que esos espacios hayan dejado de ser hostiles”.Ardila recuerda que Márquez, desde joven: “Representaba a esa Colombia que ha vivido sin derechos básicos: educación, agua, vivienda. Ella llega al poder no por concesión, sino por resistencia”.
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Llegar no es pertenecer
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha vivido una serie de fracturas internas, y ninguna ha sido tan simbólica como la distancia entre él y su vicepresidenta. Francia Márquez ha denunciado sentirse marginada dentro del propio Ejecutivo. Durante la conmemoración de los 174 años de la abolición legal de la esclavitud, Márquez fue contundente: “No me han dejado gobernar. Cuando pensaba llevar la inversión a los territorios, el presidente tomó la decisión de separarme de MinIgualdad”.
La vicepresidenta lamentó que, pese a representar la promesa de un cambio, su gestión se haya visto limitada por lo que llama “un Estado racial, con un Gobierno que también practica el racismo y el patriarcado”.
“He tenido muchas trabas y obstáculos para materializar esos sueños y esperanzas para mi gente”, dijo. “En Colombia, cuando hablamos de racismo nos dicen que somos resentidos, que nos victimizamos, pero jamás hay una postura de reconocer”.
Las palabras de Márquez exponen una verdad incómoda: el racismo institucional no se disuelve con la representación. Ardila lo sintetiza sin eufemismos: “Eso de que la izquierda no es racista es una falacia total. Dentro del sector progresista existen dinámicas sexistas y racistas que desestiman los aportes de la población negra. Recuerdo los trinos que puso Gustavo Bolívar en los que decía que se quedaba con King Kong, reproduciendo estereotipos de raza y etnicidad”.
Y agregó: “Pese a que Francia puso un millón de votos, su papel dentro del gobierno ha sido minimizado. Hemos visto figuras no elegidas por voto popular tener más capacidad de decisión”.
Para Ardila, esa marginación responde a una instrumentalización política de las luchas afro. “Francia tiene razón cuando dice que se ha sentido usada. El progresismo aprovechó la fuerza de las comunidades negras para posicionarse, pero no necesariamente para transformar las estructuras que las oprimen”.
La trampa del mérito
El informe de ILEX va más allá del caso puntual de Márquez. Cuestiona de frente uno de los pilares del acceso a los cargos públicos: la meritocracia. En teoría, los concursos de méritos garantizan que los más capacitados ocupen los puestos del Estado. En la práctica, las desigualdades históricas hacen que el punto de partida no sea el mismo.
Los procesos basados en mérito, explica ILEX, no son racialmente neutrales. Premian logros académicos y profesionales que requieren un acceso previo a educación de calidad, redes sociales y oportunidades que históricamente les han sido negadas a las comunidades afro. “La idea de mérito tradicionalmente entendida no necesariamente funciona de manera justa para diferentes grupos poblacionales”, señala.
Y es que, según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, MinEducación y el ICFES, entre 2019 y 2023 casi dos de cada diez niños afro abandonó la escuela antes de llegar a secundaria. Las causas incluyen el conflicto armado, la violencia, y la pobreza, que en varios municipios obliga a los niños a trabajar desde jóvenes para conseguir mayor sustento económico en sus hogares.
Lo que parece una competencia abierta es, en realidad, una carrera en la que unos parten kilómetros adelante. El resultado: mientras la población afro representa alrededor del 10 % del país, su presencia en el Ejecutivo no supera el 1 %.ILEX identifica que la subrepresentación afro en el Estado responde a un racismo sistémico que se disfraza de neutralidad institucional.
Las entidades tienen dificultades para recolectar y reportar información étnico-racial de sus funcionarios. Algunas ni siquiera registran la pertenencia étnica de sus empleados, lo que perpetúa una invisibilidad estadística que luego se traduce en políticas ciegas al color.
Ardila agrega que, si bien la representación no basta para garantizar un Estado libre de racismo, no es algo menor: “Creo en esa frase de Angela Davis que dice que cuando una mujer negra avanza, lo hace toda la sociedad en conjunto. Pasa con Francia. Ahora las niñas negras en Colombia ya pueden soñar con llegar a espacios como la vicepresidencia”, explicó, y agregó que la representación se queda corta si no se refuerza la estructura.
En ese sentido, ILEX propone medidas concretas: ajustar los procesos meritocráticos para reconocer desigualdades, exigir que las entidades registren la pertenencia étnico-racial de sus empleados y crear programas de mentoría y liderazgo afro en el sector público.
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