Al menos así lo confirmó el Grupo Interno de Trabajo Licitaciones y Contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta a un derecho de petición.
Luego de que EL COLOMBIANO publicara el artículo titulado “Los contratos detrás de los influencers del Pacto Histórico que triunfaron en la consulta”, la influencer y precandidata a la Cámara de Representantes, Laura Daniela Beltrán Palomares (conocida en redes sociales como “Lalis”) publicó un video asegurando que era mentira que mantuviera un contrato activo con la Cancillería.
Sin embargo, la revista Semana conoció —gracias a un derecho de petición— que la influencer mintió sobre la terminación de aquel contrato. O al menos así lo estableció el Grupo Interno de Trabajo Licitaciones y Contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta a un derecho de petición.
Aquello no es un detalle menor, puesto que el hecho de que no haya pasado una carta de renuncia podría dejarla por fuera de la carrera hacia el Legislativo en 2026.
De hecho, tras conocer el artículo de EL COLOMBIANO en el que se mencionó su vinculación a la Cancillería —y se señaló su posible inhabilidad— la influencer fue incisiva en que debía mencionarse que solicitó la terminación del contrato con el Fondo Rotatorio de la Cancillería el 1 de octubre, por lo cual lo ejecutó hasta el 10 de octubre.
Para ese momento, la Cancillería no había subido al Secop el acta de terminación anticipada del contrato, por lo que no había forma de comprobarlo. Sin embargo, la nueva contestación de la entidad al respecto deja a ‘Lalis’ en la cuerda floja.
”De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición formulada ante este Ministerio en la que solicitó una copia de la carta de renuncia que radicó Laura Daniela Beltrán Palomares. Sobre el particular nos permitimos informar que la señora Laura Daniela Beltrán Palomares suscribió el contrato 264-2025 desde el 12/03/2025 hasta el 31/12/2025 el cual se encuentra vigente a la fecha de expedición de esta comunicación”, le dijo el Ministerio Público a Semana.
Es importante resaltar que la expedición de aquella carta confirmando que ‘Lalis’ no envió su renuncia fue el 11 de noviembre de 2025.
Esto se sumaría al hecho de que, tal y como lo estableció EL COLOMBIANO, la influencer ya hablaba de su campaña política incluso antes de su supuesta renuncia.
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Muestra de esto es un video que “Lalis” compartió en sus redes anunciando su aspiración a la Cámara de Representantes el 19 de agosto de 2025. En este dijo: “Así que, ¿qué tengo? No mucho. A mi familia, a mis amigos y a toda la gente que me apoya. Plata tampoco hay”.
Para el 19 de agosto incluso seguía recibiendo pagos de la entidad, tal y como lo confirmó este diario al revisar el Secop.
Respecto al nuevo documento de la Cancillería que afirma no tener la renuncia de la influencer, ella aseguró que sí la presentó y que desconoce el por qué de la situación.
El artículo 179 de la Constitución, en su artículo 179 señala que no podrán ser congresistas “quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.
No obstante, hay jurisprudencia que advierte que la inhabilidad aplica solo para la fecha de la firma del contrato, mas no para la ejecución. Es decir, si en los seis meses anteriores a la elección se firmó uno, no si el tiempo de ejecución del mismo coincidió en ese lapso de tiempo.
Aunque en un inicio ‘Lalis’ se acogió a esa cláusula asegurando que terminó el contrato, la nueva respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores asegurando que no tiene su carta de renuncia la dejaría mal parada frente a las elecciones legislativas.
Al respecto, el politólogo Marco Antonio Bustos explicó que si la entidad hubiera aceptado formalmente la terminación anticipada de un contrato antes del 8 de septiembre de 2025, no existiría inhabilidad, ya que el vínculo contractual habría finalizado fuera del periodo prohibido.
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En cambio, si la renuncia o solicitud de terminación se presentó el 1 de octubre de 2025 y la entidad la aprobó después o aún no lo ha hecho —como está pasando ahora— el contrato se mantendría vigente dentro del lapso inhabilitante.
Bustos fundamenta su análisis en el artículo 179 de la Constitución, que hace referencia al concepto de “intervenir”.
Sobre esto, recuerda una sentencia del Consejo de Estado del 18 de julio de 2013, la cual precisa que intervenir significa participar de manera efectiva —sea directa o indirecta— en un trámite administrativo o contractual, con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero ante una entidad pública.
De igual forma, cita la Sentencia C-349 de 1994 de la Corte Constitucional, que entiende la intervención como cualquier acto de gestión o mediación destinado a influir o conseguir un resultado ante la administración pública, sin que sea necesaria una representación formal.
“El Consejo de Estado ha sostenido de forma reiterada que lo determinante no es únicamente la firma del contrato, sino la existencia de una relación jurídica activa con el Estado, es decir, mientras el contrato no haya concluido ni se haya liquidado”, concluyó Bustos.
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