Un estudio realizado por la Procuraduría General y la Fundación MarViva preguntó a 73 organizaciones de pescadores en el país sobre los riesgos de la pesca ilegal y, sorpresivamente, 28, 4 % de los consultados dijo no saber cuál es la afectación de dicha práctica en los recursos marinos.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) en el mar puede ocurrir en cualquier parte e implica: pescar sin permiso, fuera de temporada, utilizar artes de pesca proscritas, no respetar las cuotas de captura, no declarar o dar información falsa sobre los volúmenes y las especies capturadas, entre otras.
El informe de 257 páginas señala que cuando la pesca se realiza de manera ilegal “se convierte en una amenaza permanente que quebranta y disminuye todos los beneficios que esta actividad puede suministrar”.
El documento denominado ‘La Pesca Ilegal Marina en Colombia’ buscaba conocer la percepción que se tiene en el país sobre esta práctica y concluyó que en ninguna de las entidades que tiene que ver con esta práctica existe personal dedicado para la prevención, control, vigilancia y/o erradicación de la misma.
Según el documento en el Caribe colombiano solo el 12 % desconoce la entidad que otorga los permisos, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), mientras que en el Pacífico más de la mitad de pescadores encuestados en el diagnóstico (54 %) no sabe en donde se tramitan los permisos.
A esto se suma que la pesca ilegal está amenazando los ecosistemas más importantes del territorio, según las cifras aportadas por la Unidad de Parques Nacionales Naturales porque el incremento impide que se logre la conservación adecuada de las áreas a proteger. El panorama es tal que urge actualizar la normatividad vigente y pasar del papel a las acciones en materia de cooperación internacional debido a que se trata de un fenómeno en donde otros países tienen mucho que ver.
Para la Procuraduría General y MarViva es claro que el Gobierno debe tomar acciones urgentes para regular y combatir la pesca ilegal, para lo cual se necesita un proyecto de ley que contemple mecanismos de interdicción judicial acorde con las realidades marítimas y que se compagine con la normatividad internacional.
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