El reclamo ante la Procuraduría cita el artículo 128 de la Constitución y el Decreto Ley 274 de 2000, que prohíben ejercer dos empleos públicos a la vez.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño levantó una nueva denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra la actual embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia Torres, por presunta violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades en el ejercicio de cargos públicos.
Briceño pidió al procurador Gregorio Eljach abrir una indagación preliminar y verificar si Sarabia continúa ocupando simultáneamente dos cargos dentro del Estado: el de embajadora en Londres, carga al que fue designada mediante el Decreto 1029 del 29 de septiembre de 2025, y el de miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG), en representación del Grupo Bicentenario SAS, puesto que asumió el21 de enero del mismo año.
A través de su cuenta de X, el concejal cuestionó directamente a la funcionaria:
“¿Podría explicarle al país las razones por las que está ejerciendo el cargo de embajadora en Reino Unido y al mismo tiempo el de miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías?”.
En otro mensaje, Briceño fue más enfático y solicitó una actuación del Ministerio Público:
“Señor procurador Gregorio Eljach, le exijo que investigue y sancione a la señora Laura Sarabia, que lleva varias semanas burlándose de todos los colombianos, violando la ley, pero sobre todo, riéndose de la institucionalidad del país”.
El cabildante recordó que, según el artículo 81 del Decreto Ley 274 de 2000, los funcionarios del servicio exterior “tienen prohibido ejercer profesión, empleo u oficio diferente al de las funciones que legalmente le corresponden, salvo ser docente”.
En su queja, Briceño advierte que la situación podría contravenir también el artículo 128 de la Constitución Política, que establece que “nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público”.
El concejal señala que Sarabia, además de percibir8.000 libras esterlinas mensuales (unos 40 millones de pesos) como embajadora, habría recibido honorarios de 425 UVB, equivalentes a cinco o seis millones de pesos por sesión, por su participación en la junta directiva del FNG.
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“Además del problema de la plata, el tema es que Laura Sarabia se acostumbró a burlarse de la ley. Ella está ejerciendo dos cargos y eso evidentemente viola la ley. Yo no entiendo dónde está la Procuraduría ejerciendo control”, afirmó Briceño, quien también recordó los cuestionamientos anteriores que rodearon a la funcionaria cuando fue jefa de gabinete en la Casa de Nariño.
Hasta el momento, Laura Sarabia no ha emitido pronunciamiento público frente a las acusaciones, ni la Cancillería ni la Procuraduría han entregado declaraciones sobre la queja radicada.
Briceño solicitó que ambas entidades certifiquen las fechas exactas de vinculación y retiro de Sarabia de la junta del FNG, con el fin de establecer si la funcionaria renunció a ese cargo antes de asumir oficialmente su rol diplomático. De no ser así, la Procuraduría podría determinar la existencia de una falta disciplinaria.
Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, ha ocupado varios cargos de alto nivel en su administración.
Fue jefa de gabinete entre 2022 y 2023, posteriormente director de prosperidad social y, más tarde, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Luego de un breve paso por la Cancillería, fue nombrada embajadora de colombia ante el reino unido, carga en el que tomó posesión el14 de octubre de 2025 en el Palacio de San Carlos.
Su nombramiento fue recibido con críticas desde distintos sectores, pero el debate se intensificó tras conocerse que continuaba figurando como miembro de la junta del Fondo Nacional de Garantías, hecho que el concejal Briceño considera una “clara incompatibilidad” y una muestra de “irrespeto hacia las normas del servicio público”.
Por ahora, el caso queda en manos de la Procuraduría, que deberá decidir si abre o no una investigación formal sobre una de las funcionarias más influyentes del actual gobierno.
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