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Ser madre comunitaria: una lucha de 27 años por derechos

Un choque de trenes tiene en vilo el contrato laboral que han pedido las 74 mil madres comunitarias del país.

  • Marleny Ramírez en su hogar comunitario, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal.
    Marleny Ramírez en su hogar comunitario, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal.
  • Marleny Oquendo en su hogar, en el oriente de Medellín. FOTOS Manuel saldarriaga
    Marleny Oquendo en su hogar, en el oriente de Medellín. FOTOS Manuel saldarriaga
Ser madre comunitaria: una lucha de 27 años por derechos
19 de febrero de 2017
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— ¡Profe! ¡Elizabeth me pegó en la cabeza!

— Espéreme un momento señor periodista... ¡Elizabeth! Venga mi amor, venga mija. Mami, me hace el favor y le pide disculpas a la niña, dele un abracito y un besito y se disculpan, pídale pues disculpas.

La profesora se llama Marleny Ramírez. Es madre comunitaria desde el 2 de agosto de 1989. Se queda mirando a las niñas en silencio. Se abrazaron y regresaron a la plazoleta a seguir jugando.

— ¿Ve? Ese es el trabajo de nosotras: luchar para que los niños no generen violencia. Nosotras hacemos paz cuando le enseñamos a los niños a no ejercer la violencia. No hacemos caso omiso cuando un niño le pega a otro, por suave que sea.

Todos los días, desde las 8 de la mañanas hasta las 4 de la tarde, Marleny cuida a 13 niños de la vereda Travesías, en el corregimiento de San Cristóbal. Cuatro décadas atrás dejó el Valle del Cauca para trabajar como madre comunitaria. Poco a poco fue pintando la casa, comprando juguetes, sillas, mesas, cortinas.

Su casa es una de las más coloridas de la vereda. A los niños, todos entre los dos y cinco años, no les falta nada; ni comida, ni juguetes ni atención. “Yo inicio labores a las cuatro de la mañana. Hago sopa, arroz, toda la comida de los niños, arreglo y a las ocho se los recibo a los padres. Ellos vienen por los niños a las cuatro de la tarde, a veces media hora más tarde porque trabajan, yo los espero sin problema”.

Dos o tres generaciones han pasado por el hogar de Marleny. Hoy cuida a las hijas de las mujeres que crecieron a su lado, cuando comenzó con el jardín. Pero algo en la vida no marcha bien. Para sostener la casa debe sacar de su sueldo, para los juguetes debe sacar de su bolsillo, para completar la comida también.

“Las madres comunitarias ganamos un salario mínimo que nos paga el Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) desde 2014. Por lo demás es muy poco lo que aporta. Por ejemplo, nos dan 129 mil pesos al año para la reposición de dotación. ¡Eso no es nada! Si se daña una licuadora no nos alcanza ni para los enseres de la cocina”.

A Marleny no le gusta mucho la idea de irse a paro. Se ha visto obligada a hacerlo para que el ICBF le reconozca la salud y otros derechos laborales. Por estos días no sabe si tiene derecho a pensión; tampoco si la entidad la contratará directamente, como lo han pedido durante los últimos años. “Ya tengo 61 años y he estado muy enferma. Uno piensa que si trabajó 30 años para el Estado lo ideal es que le reconozca la pensión”.

En noviembre de 2016, la Corte Constitucional le ordenó al ICBF pagar la pensión de 106 madres comunitarias. Tras recibir decenas de tutelas, el alto tribunal reconoció que las madres sí sostenían un contrato laboral con el ICBF, así las directivas de la entidad dijeran que no. El Instituto les estaba vulnerando, según la Corte, “sus derechos a la igualdad, la seguridad social, la dignidad humana, el mínimo vital y al trabajo”.

El tribunal acumuló diferentes expedientes de madres comunitarias que solicitaban lo mismo: formalización laboral. Entre los expedientes estaba el de Inés Tomasa Valencia, quien, según la Corte habita en un “sector deprimido económica y socialmente” y hace parte de un “grupo poblacional marginado de las garantías laborales”.

Tal descripción es la misma para María Rogelia Calpa, María Sara Paz, Dolores Morales, Marina Cecilia Enríquez...

Marleny no estaba dentro del grupo de 106 madres comunitarias porque no interpuso tutela. “Voy a demandar porque ellas son madres comunitarias como yo; también les toca pagar servicios públicos de su bolsillo y asumir la alimentación muchas veces. El ICBF dice que no había contrato laboral, pero nos exigía informes, hacía visitas, nos pedía que le brindáramos la mejor atención a los niños. Así lo hemos hecho y nos deben reconocer ese trabajo”.

Como Marleny, las 74.665 madres que trabajan en Colombia podrían demandar al ICBF para que reconozca los derechos laborales. Este escenario no es sostenible, según la directora de la entidad, Cristina Plazas. Su argumento es que pagarles implicaría desembolsar cerca de 16 billones de pesos, lo que afectaría, según Plazas, “la sostenibilidad fiscal del país”.

***

Desde su casa en el barrio Villatina, María Marleny Oquendo puede ver el paisaje de Medellín; los edificios, las montañas de fondo. Se levanta, como las otras madres comunitarias, después de las cuatro de la mañana para organizar el hogar, cocinar y recibir a los 13 niños a las ocho de la mañana.

Hace 27 años repite la misma rutina, y no lo dice con frustración. “Por mis manos han pasado contadores, abogados, administradores, hasta periodistas”. Sonríe.

Recuerda cuando comenzó con su casa sin decorar en Villanita. “A nosotras nos decían que éramos voluntarias, que no nos pagaban un salario sino una beca, así no nos reconocían los derechos, eso sí, nos toca presentar informes, llevar procesos con los padres, asumir gastos de papelería y juguetería. Para esos casos sí éramos trabajadoras”.

Con el paso de los años, el ICBF pidió más requisitos en formación y pedagogía para las madres comunitarias, de lo contrario no las dejaban operar. La mayoría pagaron estudios con dinero propio, como el caso de María Marleny.

“Cuando comencé con esto no me imaginaba que toda mi vida iba a estar trabajando como madre comunitaria; mi sueño era terminar la universidad y ser una ingeniera química, pero no se pudo. Me dediqué de lleno a los niños y pude entrar a la universidad para ser maestra normalista. Ahora estoy terminando una maestría en pedagogía infantil en la Universidad Andina. Todo lo he pagado yo”.

Los dos hijos de María Marleny son adultos. Esto le ha permitido dedicarse casi de lleno al hogar comunitario. En Villatina ha visto cómo se expande el mercado de drogas, cómo absorbe la vida de los jóvenes. “El barrio está más calmado pero abunda el vicio. Esto puede afectar a los niños y por eso desde pequeñitos hay que hacer mucha prevención. Como cada vez están más expuestos, nuestro rol como madres comunitarias es protegerlos”.

Los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc han despertado varias preguntas en la cabeza de María Marleny. “Llevamos 27 años trabajando por la paz, por los niños, y el país va a reconocer quizás con mejores condiciones económicas a los guerrilleros que se desmovilicen. ¿Por qué?”.

También se pregunta por qué en países como Canadá y China la educación de primera infancia es mejor paga, incluso, que otras carreras como administración. De hecho, el mismo Ministerio de Educación reconoció que el salario de las maestras y las prestaciones deben mejorar para cambiar la calidad del sistema educativo.

Choque de trenes

En enero pasado, el presidente Juan Manuel Santos rechazó el proyecto de ley que vinculaba a las madres comunitarias del ICBF como trabajadoras formales del Estado. Según Santos, en este caso prima la sostenibilidad fiscal, pues aceptar el proyecto implicaría recursos presupuestales por 769.748 millones al año. De acuerdo con el presidente, las madres pueden acceder a a beneficios como subsidios pensionales y acceso al programa de Beneficios Económicos Periódicos.

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con el ICBF para conocer los detalles de su argumentación frente a las demandas de madres comunitarias pero no obtuvo respuesta, pese que la solicitud fue enviada con varios días de anticipación.

En estos momentos, la Ley está en manos de la Cámara de Representantes. Se espera que a mediados de marzo los congresistas evalúen las apreciaciones del presidente. Si no llegan a un acuerdo con el Ejecutivo, la Corte Constitucional entrará a evaluar el caso.

En nombre de las madres comunitarias hablará el senador Alexander López Maya, del Polo Democrático. En las elecciones presidenciales, “el presidente Juan Manuel Santos le envió una carta a 70.000 madres comunitarias reconociéndoles su trabajo, prometiéndoles una formalización. Ahora que tiene la oportunidad de cumplir dice que no es posible por un impacto fiscal”.

Para el senador, el impacto económico del que habla el presidente está sobredimensionado, teniendo en cuenta que “no habría cambio en los salarios, solamente se cambiaría a una vinculación directa con el Estado, lo que le permitiría a las madres acceder a pensión. ¿Cómo es posible que mujeres de 85 años todavía estén cuidando niños?”. Sobre el subsidio de pensión, López y las representantes de las mujeres lo consideran insuficiente: “Son 110 mil pesos al mes, con eso no sobrevive nadie”.

Para Marcel Silva, docente de Derecho Laboral de la Universidad Nacional, en este caso hay un choque entre “la sostenibilidad fiscal y los derechos fundamentales, especialmente con los artículos 25 y 26 de la Constitución. Yo creo que en este caso prima la Constitución y el Congreso decidirá a favor de las madres comunitarias. Usualmente, cuando ha sucedido algo similar en los casos de salud, termina primando el derecho a la salud”.

La defensa de un sector de las madres comunitarias está a cargo de Olinda García, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar (Sintracihobi). “La directora del ICBF, Cristina Plazas, no quiere reconocer el trabajo que nos hemos ganado. La mayoría de madres comunitarias no tiene vivienda; paga arriendo. Hay madres de 87 años trabajando todavía porque el ICBF no ha reconocido la pensión”. El próximo 22 de febrero, García presentará sus argumentos en una audiencia pública en el Congreso.

Otro de los puntos que discutirán en el Legislativo tiene que ver con los operadores de alimentación que trabajan para las madres comunitarias. Según ellas, hay alimentos que llegan en mal estado o en cantidades inferiores. Al final, son ellas las que deben asumir el costo de nuevos alimentos.

Un estudio reciente escrito por Manuel Pinzón, de la Universidad de Los Andes, le da la razón a las madres comunitarias. De hecho, el investigador reseñó algunas razones de género. “Esto refleja una visión de mundo según la cual solo el trabajo productivo que históricamente se ha atribuido al hombre debe ser formalizado y regulado. Mientras que el trabajo de cuidado, que se desarrolla al interior de los hogares, en el ámbito privado, es históricamente atribuido a la mujer, y aún continúa sin ser valorado”.

74
mil madres comunitarias trabajan en Colombia, según datos del ICBF.
Infográfico
11
días de paro de las madres comunitarias obligó a la directora del ICBF, Cristina Plazas, a negociar con ellas.
3.000
operadores privados median entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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