Esta es la estrategia que desplegó el prófugo Luis Carlos Restrepo para retornar a Colombia

A punta de recursos judiciales, el excomisionado busca que prescriba el proceso por la falsa desmovilización de un bloque guerrillero.

En paralelo con el inicio de su proceso judicial, Restrepo abandonó el país en 2012. Inicialmente se desplazó a Estados Unidos, pero en 2014 se conoció que consiguió asilo en Canadá. FOTO archivo

Si bien ya un juzgado y un tribunal –en primera y segunda instancia, respectivamente– ratificaron que el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, tendrá que seguir respondiendo por la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las Farc, no cesan los recursos judiciales y “jugaditas” buscando que el caso prescriba. De fondo, estaría el deseo de Restrepo de retornar al país después de su exilio en Canadá, que coincidiría nada menos que con las elecciones regionales.

EL COLOMBIANO conoció una acción de tutela presentada ante la Corte Suprema por la defensa del coronel retirado del Ejército Jaime Joaquín Ariza, uno de los 3 señalados que aún responde por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización del ficticio grupo guerrillero, en marzo de 2006.

En esta tutela, ante los fracasos en los estrados, aducen que les están vulnerando derechos fundamentales y que –luego de 10 años de litigio– se debe dar por terminado el proceso.

Lo que hay detrás es toda una novela judicial. El coronel (r) Ariza, así como el excomisionado Restrepo y otros seis implicados –entre ellos, el también coronel (r) Hugo Hernán Castellanos y el exguerrillero Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña– fueron imputados en 2012 por varios delitos debido al embuste en el que terminó la desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las Farc.

Sin embargo, dado que el año pasado se cumplieron 10 años de ires y venires –en los que proliferaron recursos, solicitudes y todo tipo de argucias jurídicas–, el caso no prosperó más allá de la imputación y los implicados comenzaron a solicitar la preclusión del caso. Es decir, poner fin al proceso dado que venció el plazo para ser investigados judicialmente.

En efecto, en diciembre pasado el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá les dio la razón y decretó la terminación de algunos procesos: a los ocho imputados el Juzgado les precluyó los delitos de porte, transporte y almacenamiento de armas, así como de municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

Sin embargo, a tres de ellos les mantuvo otro delito: peculado por apropiación, por el que todavía responden los dos coroneles retirados y Restrepo. ¿La razón? Su condición de servidores públicos que –según la norma– hace que las investigaciones prescriban a los 13 y no a los 10 años.

Pese al pataleo de los afectados, en febrero pasado el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión, con lo cual quedaron vinculados al proceso únicamente Luis Carlos Restrepo, el coronel (r) Hugo Castellanos y el coronel (r) Jaime Ariza. Justamente, los abogados de este último fueron los que interpusieron la tutela, alegando vulneración de sus derechos fundamentales.

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No obstante, el uso de ese recurso –contemplado para casos excepcionales y cuando se amenazan derechos fundamentales– fue duramente criticado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). En un concepto conocido también por este diario y emitido el pasado 7 de marzo, la entidad –reconocida como víctima en el proceso– reclamó que esa tutela se enmarca en la estrategia adoptada por la defensa de los imputados, al parecer, para lograr la consolidación de los tiempos de prescripción.

“Lo anterior puede considerarse como una acción temeraria del accionante, debido a que su finalidad no parece ser proteger los derechos fundamentales de su defendido, sino ejecutar maniobras dilatorias que permitan, finalmente, cumplir los tiempos señalados para obtener la prescripción del proceso penal”, se lee en uno de los apartes del concepto de la ARN.

Como una muestra de esas maniobras dilatorias, la entidad recordó que si bien la defensa del excomisionado de Paz ha intentado programar, en dos ocasiones, el levantamiento de la medida cautelar, sospechosa y reiteradamente las ha retirado,” hecho que a todas luces constituye una maniobra dilatoria”.

El recurso aún no ha sido resuelto y, a la espera de que haya decisiones, las víctimas esperan que el proceso avance y, por fin después de 10 años, haya justicia y claridades en el caso. Por su parte, Restrepo continúan en Canadá, destino desde que estaría desde 2014, dos años después de que salió del país alegando ser víctima de una persecución política. ¿Podrá regresar como hombre libre? ¿o seguirá respondiendo ante la justicia? La clave es que prime la justicia y no las dilaciones